La resistencia del poder económico a dar respuestas por crímenes de lesa humanidad es mundial. La última reacción que ratifica el comportamiento corporativo provino de la Corte Suprema de Estados Unidos, que cerró las puertas de la Justicia local a los familiares de los trabajadores de la planta de Mercedes Benz en González Catán que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura e insistían con una demanda civil contra la multinacional Daimler AG, a la que responde la automotriz. Según la máxima autoridad judicial estadounidense, la compañía no puede ser juzgada allí por crímenes de lesa humanidad cometidos en otro país. “Sabíamos que no existían impedimentos legales para que se investigara la responsabilidad de la empresa, pero temíamos por el lobby del poder económico, de la empresa y de las corporaciones que se presentaron como amicus en el expediente y que amenazaron con que un fallo adverso podría afectar futuras inversiones en los Estados Unidos”, reflexionó el abogado de los familiares de las víctimas, Eduardo Fachal.

Los familiares de los catorce obreros desaparecidos y los tres sobrevivientes a los secuestros clandestinos y torturas –uno de ellos falleció hace pocos meses– aguardaban con esperanza la definición de la Corte estadounidense. “Daimler no es susceptible de ser sometida a juicio en California por daños supuestamente causados por conductas de MB (Mercedes Benz) Argentina que tuvieron lugar enteramente fuera de Estados Unidos”, respondió el máximo tribunal.

Era la última chance que los demandantes tenían para que la responsabilidad de Daimler fuera analizada por la Justicia estadounidense, mientras la causa penal por los mismos delitos continúa desde 2002 en la Justicia argentina engordando un expediente que avanza lentamente. En el norte del continente, y luego de las dos negativas que habían recibido de un juzgado de primera instancia y de la Cámara de California, esta última en 2009, el caso llegó a la Corte, que recibió a las partes en octubre pasado.

Durante esa audiencia, “el presidente de la Suprema Corte estadounidense le preguntó a la empresa si existía algún impedimento legal que los librara de responder patrimonialmente a una demanda realizada por hechos sucedidos en otro país y sus representantes respondieron que no –continuó el abogado de los familiares y las víctimas del terrorismo de Estado–. Por eso tenemos tanta bronca.”

La instalación de una casa matriz de Daimler en California abrió la puerta de la Justicia en ese país de Norteamérica a quienes luchaban para que los responsables de las desapariciones, secuestros y torturas recibieran un castigo. Las víctimas fueron catorce obreros que al momento de su secuestro estaban relacionados con la actividad gremial en la planta que la automotriz mantenía en González Catán. Existe documentación relativa al funcionamiento de la empresa e incluso testimonios de sobrevivientes, que ligan a la dirección de la compañía con las autoridades de facto y que permiten establecer el vínculo directo entre el secuestro de esos trabajadores y las desapariciones de los que corrieron ese destino, y la intención empresarial de aplacar la actividad gremial. Esas pruebas integraban el expediente iniciado en Estados Unidos.

“Temíamos por el lobby del poder económico, de la empresa y de las corporaciones que se presentaron como amicus en el expediente y que amenazaron con que un fallo adverso podría afectar futuras inversiones en los Estados Unidos –confesó Fachal–. Desde ese punto, nos sentíamos como un insecto enfrentando a elefantes.” Las puertas, en el país del Norte, quedaron cerradas y, si bien aquel expediente no está relacionado con el que se desarrolla en Argentina, el golpe es igualmente duro. “Desde el punto de vista político, pareciera que todos los caminos se nos cierran, porque acá avanza muy lentamente y el juicio en Estados Unidos era una reparación integral para los familiares que iba mucho más allá de un resarcimiento económico –concluyó el abogado–. Era un pedido de perdón.”