La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió con “grandes expectativas” la decisión del juez Sergio Torres de admitir al organismo como parte querellante en la causa que investiga la apropiación de bienes de víctimas de violaciones a los derechos humanos de parte de integrantes del grupo de tareas, que actuaban como brazo activo de la represión en la ex Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura. “La importancia de convertirnos en querellantes tiene que ver con el efecto: se abre una línea de trabajo desde el Estado que fortalece la línea de investigación que persiste sobre estos delitos. Hay otras 600 causas que investigan a represores por apropiación de bienes, entre ellas la de Papel Prensa”, reflexionó el titular de la UIF, José Sbatella.

Torres informó a principios de semana que admitía al organismo encabezado por Sbatella como querellante en la causa 1376/04, en la que investiga a Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Rádice y Miguel Angel Cavallo, entre otros integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ex ESMA por apropiación de bienes. Hasta aquel momento, la UIF sólo había colaborado en el expediente. En el marco de ese rol, investigó a procesados y familiares inmediatos y encontró bienes robados a víctimas del terrorismo de Estado de hace más de tres décadas, de los que los genocidas se apropiaban.

“Pudimos encontrar el circuito de los bienes, en manos de quién habían estado y en manos de quién están ahora”, apuntaron desde el organismo, en el que también aseguran que la información recabada permitió corroborar que los responsables de la última dictadura cívico-militar implementaron un plan sistemático para apropiarse de los bienes muebles e inmuebles de los secuestrados en aquel centro clandestino, uno de los más grandes de la época.

La admisión como querellante de la causa habilita a la UIF a avanzar en ese trabajo. En ese sentido, cuando solicitaron actuar desde la parte acusatoria también pidieron por el embargo preventivo y la inhibición de los bienes localizados en manos de familiares de los procesados. No hay información aún respecto de lo que decidió Torres sobre tales pedidos, por lo que desde la UIF se mostraron pacientes. Tanto el embargo como la inhibición son el primer paso hacia el objetivo máximo del organismo: el decomiso de las bienes.

“El convertirnos en querellantes abre un abanico de posibilidades respecto de la línea de investigación que trabaja sobre la apropiación de bienes de los de-saparecidos y asesinados por la última dictadura y, sobre todo, la posibilidad del Estado de recuperar esos activos: para el Estado, si la familia de la víctima ya fue indemnizada, o para esa familia, si no recibió ayuda”, consideró Sbatella. Para que el decomiso se lleve a cabo, no obstante, debe intervenir el fiscal que actúa en la causa, Eduardo Taiano, quien tendría que ampliar la imputación de los procesados por el delito de lavado de activos.

Pero las expectativas no acaban allí. Es que existen, en la actualidad, “alrededor de 600 causas en las que se probó que además del secuestro y desaparición, o asesinato, de militantes, los genocidas también son responsables del robo de bienes a esas familias”, dijo Sbatella. En el caso de los integrantes del 3.3.2, la UIF logró “ver cómo se transferían esos bienes robados, que en algunos casos persisten en su naturaleza, en otros fueron transformados en dinero líquido y depositados en empresas extranjeras que son financiadoras de compañías nacionales”, puntualizó y concluyó: “De la misma manera se podría trabajar en la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa o el caso de los hermanos Iaccarino y hacer un seguimiento de los bienes desde el momento en que fueron apropiados hasta el día de hoy”.