En la pulseada entre policías y gobiernos provinciales, los de uniforme no tuvieron un buen fin de semana. El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, visitó ayer a los 1200 gendarmes que el gobierno nacional envió a esa provincia y que no fue necesario que se desplegaran por la ciudad porque no hubo ningún tipo de conato después de que fueran detenidos 16 policías por los saqueos de diciembre y tras el pase a retiro de cinco comisarios generales. En Tucumán (ver aparte), el gobernador José Alperovich firmó un decreto con el que pasó a retiro a 25 comisarios, entre ellos diez comisarios generales, el máximo grado. Por último, la protesta programada en Entre Ríos tuvo exiguo quórum. El viernes se preveía cortar la Ruta 14, en Concordia, pero la convocatoria sólo reunió a cinco efectivos y familiares, agrupados en Policías Autoconvocados, que en verdad refleja a algunos estudios de abogados que litigan en nombre de los uniformados contra el Estado. El gobierno entrerriano preveía el fracaso de la movida y por eso no pidió –ni fueron hacia allá– efectivos de fuerzas federales.

En el Ministerio de Seguridad, el secretario Sergio Berni siguió de cerca los acontecimientos. El jueves, por pedido de De la Sota y orden de la Presidenta, se enviaron 1200 gendarmes a Córdoba para prevenir cualquier movimiento a raíz del pase a retiro de cinco comisarios generales y los avances en las causas penales contra policías. En concreto, 16 efectivos fueron detenidos y fueron puestos en disponibilidad cuatro uniformados que trataron de convocar a una nueva medida de fuerza. Los gendarmes no tuvieron que salir del Regimiento 4 de Paracaidistas, donde estaban alojados: no se necesitó ninguna intervención ni patrullaje. Ayer, en un gesto de fuerte contenido político, De la Sota fue a visitar y a agradecer a los gendarmes.

La historia seguirá el martes, cuando tendrán que prestar declaración indagatoria los 16 policías detenidos por pedido del fiscal Raúl Garzón, que ya ha dicho que fueron autores mediatos de los robos perpetrados por su inacción. Los efectivos están detenidos desde el jueves y Garzón tiene acusaciones diferenciadas para cada uno de ellos. Además de los 16 policías, fueron apresados un ex agente y la esposa de un uniformado. De la Sota pasó a retiro obligatorio a los 16 detenidos, a los cuatro que intentaron promover una asamblea y a otros tres que están siendo investigados por los mismos hechos. En total, 23.

El rumor extendido es que la movida en Entre Ríos dependía de que hubiera turbulencias favorables a los policías en Córdoba. De todas maneras, el gobierno de Sergio Urribarri tenía la impresión de que la protesta convocada en Concordia iba a ser un fracaso y por ello no pidió la asistencia de fuerzas federales. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, igualmente convocó a los jefes de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Concordia y Gualeguaychú para coordinar acciones en caso de ser necesario. Los rebeldes sólo pudieron convocar a cinco efectivos en actividad, algunos retirados y sobre todo familiares. En total entre 20 y 25 personas.

El gobierno de Entre Ríos es el que más claramente desconoce lo firmado en diciembre, porque considera que fue una nítida extorsión. A diferencia de Córdoba, y desde ayer Tucumán, todavía no hubo una renovación de los comisarios que permitieron la huelga y los saqueos. Al mismo tiempo, la Justicia viene con cierta demora: ayer, el procurador de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, reiteró que después de la feria judicial se imputará a los policías que tuvieron relación con los saqueos. “Extorsionaron al gobierno provincial. La toma de la jefatura departamental de policía de Concordia fue muy violenta. Y a eso lo llamamos sedición. Vamos a imputar a unas 18 o 20 personas”, concluyó. Aun cuando se sabe en Entre Ríos que se vienen esas detenciones, los uniformados no pudieron agrupar gente el viernes sobre la ruta y la protesta terminó en fracaso. Quienes conocen bien a los que promovieron el corte señalan que están agrupados detrás de un estudio jurídico que impulsa juicios de policías contra el Estado.

En Tucumán, el gobernador Alperovich relevó a toda la cúpula de la policía provincial. Está claro que considera que esos jefes uniformados estuvieron por encima de la huelga de diciembre y de los saqueos. La medida es drástica, y en cantidad de comisarios relevados, la más drástica del país. La orden de la Presidenta es seguir de cerca el proceso policial y reaccionar de inmediato con las fuerzas federales. La idea es que los gobernadores sepan que cuentan con esos efectivos y que los policías que promuevan algún tipo de movimiento sepan también que tendrán a la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en sus provincias no bien haya un atisbo de algo parecido a lo que ocurrió en diciembre.

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