La imputación a un grupo numeroso de funcionarios de Mendoza en relación con el asesinato de la chiquita Luciana Rodríguez podría no ser una decisión solitaria. El abogado de Prisila Leguiza, la nena encontrada muerta en un arroyo de Berazategui, también se propone colocar bajo investigación la presunta responsabilidad de funcionarios estatales de la provincia de Buenos Aires por no haber puesto en funcionamiento un sistema de resoluciones que evitara la muerte de la niña de siete años.

“Estamos tratando de averiguar en qué juzgado recayeron las denuncias que hizo el padre de Prisila a la comisaría octava”, dijo el abogado Julio Torrada. “No es fácil, porque en feria judicial las averiguaciones son difíciles.”

Anticipó que “vamos a denunciar a los fiscales y los juzgados intervinientes por omisión, mora e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En Mendoza, cinco de los imputados recibieron el cargo de “abandono de persona” por pedido de la fiscal Claudia Ríos. La magistrada investiga la supuesta cadena de culpas del órgano administrativo local y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) del gobierno mendocino. El propio gobernador, Francisco Pérez, exhortó a tomar medidas luego de la difusión del asesinato de la nena de tres años Luciana Rodríguez.

Ya hay ocho acusados, seis de los cuales están detenidos.

El abogado defensor de uno de los funcionarios, Pablo Cazabán, dijo que la muerte de la chiquita “era un resultado cantado e inevitable, porque los operadores venían advirtiendo desde hacía dos años sobre las falencias del sistema”. Dijo que la guardia “no tiene movilidad, no hay elementos técnicos y financieros y de ese modo era imposible atender la demanda”. El argumento principal de los acusados es que habían advertido a los niveles más altos, ministro incluido, de que podría ocurrir incluso una muerte.

“Si los juzgados no diligenciaron nada, también puede caberles el abandono de persona”, dijo Torrada a este diario.

Detalló que la primera denuncia por Prisila fue presentada el 11 de noviembre de 2013. “A la nena se la llevaron el 28 de octubre. La policía tuvo tiempo desde ese momento para mandar un patrullero a ver qué pasaba o mínimamente llamar a Plátanos, donde estaba Prisila. Como el padre vio que no se hacía nada hizo una denuncia penal en diciembre. Pero corrió la misma suerte de las denuncias del ciudadano de a pie, el hombre de laburo, los sectores populares: no le dijeron nada. Y así encontramos a Prisila en el arroyo Las Conchillas, muerta.”

María Elena Naddeo, concejala y dos veces legisladora porteña hasta diciembre último y primera presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, creado en 2000, dijo que “por lo visto ni en Lanús ni en Berazategui hubo un programa de acompañamiento familiar que viera qué ocurría en la familia”.

En cuanto a lo sucedido en Mendoza, “evidentemente no hubo dispositivo de emergencia”. Agregó Naddeo: “En estos casos, los protocolos dicen que en general el niño no vuelve inmediatamente a su casa con su mamá. Se queda, por ejemplo, con la abuela y el equipo de guardia firma una resolución provisoria que contempla, naturalmente, la visita al hospital. En las escuelas es común. Si una maestra detecta golpes o si el chico lo dibuja y la maestra se da cuenta, los docentes llaman a un organismo de protección y al SAME o servicio equivalente. En la guardia de pediatría se hace el diagnóstico. Si hay presunción de que hubo maltrato, el niñito queda primero en el hospital y luego el equipo que está trabajando busca lo que antes se llamaba guarda provisoria o alguien de la familia ampliada: un abuelo, una abuela, un tío, una tía, la mamá de un compañerito. Siempre se trata de que el niño se quede con su entorno más cercano y conocido.”

Para Naddeo, “el Estado tiene que invertir con recursos y con personal jerarquizado y concursado”.

Fractura

El abogado de Prisila Leguiza aclaró que su padre le dio el apellido de entrada a la nena y que la confusión apareció cuando “16 horas después de la muerte, la madre y el padrastro hicieron la denuncia como si la nena hubiera desaparecido y también inundaron las paredes con la foto de Prisila diciendo que la buscaban”. Según Torrada, “a pesar de que la nena siempre tuvo el apellido Leguiza, ellos dijeron que estaban buscando a Prisila Moreno de la Fuente”.

El abogado dice haber tomado el caso porque “hace 15 años que me dedico a las consecuencias del maltrato y cuando me llamaron sentí que no podía seguir metiéndome al mar si podía hacer algo para esclarecer un crimen”.

El problema, para Torrada, es si los chicos “se convierten en botines de guerra”. Puede pasar en familias de cualquier clase social, por ejemplo en divorcios que no llegan a la violencia física.

Página/12 preguntó al abogado si en su experiencia la muerte llega como expresión final del dominio absoluto de los adultos sobre los chicos, incluso sobre el derecho a vivir y a morir, como en la antigua Roma y en la antigua China.

“El componente existe y se transmite de generación en generación”, dijo Torrada. “Abordar conflictos de manera violenta es algo que se transmite. Un padre o una madre que vio a su padre o madre o a sus abuelos a través de la violencia puede entender que es la única forma de resolver los conflictos. Digo que puede entender y no que entiende, porque no es inevitable que repita la conducta. Pero la verdad es que a veces hasta entienden que pegar es la mejor forma de educar a un chico.”

¿Esto incluye pegar cuando se puede llegar a matar? Más allá de la intención de matar, si la práctica de pegar es habitual, y los golpes son violentos y sistemáticos, es obvio que cualquiera debería considerar la posibilidad de matar. El abogado no quiso en este punto analizar cuestiones teóricas, sino aportar datos. Dijo: “En el caso puntual de Prisila la autopsia nos informa que habida cuenta de la ferocidad y la multiplicidad de los golpes ninguna persona mayor de edad podía no tener presente ni evaluar el resultado, que es la posibilidad de causar la muerte. La nena tiene fracturas, contusiones, moretones y lesiones de todo tipo, pero sobre todo un golpe que le fracturó el cráneo. Entendemos que por un objeto contundente, según dice la autopsia. Y algunas de las lesiones no son compatibles con que le haya pegado una mujer, de donde dedujimos que la culpable no fue sólo la mujer. En este caso no encuadraría el homicidio preterintencional, porque aquí se aplicó proporcionalidad para causar la muerte”.

¿Obligación?

Los funcionarios tienen obligación jurídica de denunciar un delito. Lo establece el Código Procesal Penal. Los ciudadanos que no ejercen cargos públicos, no. Pero, ¿tienen obligación moral de denunciar maltrato contra chicos?

Torrada no tiene dudas: “Cuando un vecino escucha que maltratan a una criatura tiene que ir a la policía o acudir a los servicios de protección de los derechos del niño. En ese caso la investigación penal se debe iniciar de oficio. Detrás de cada situación de abuso puede haber un caso como el de Prisila. La otra cosa a tener en cuenta es que el ciudadano de a pie no va a la comisaría para pedir una gauchada. Debe saber que la policía está obligada a tomarle la denuncia. Muchas veces, cuando hay denuncia sobre extravío de chicos o una mujer golpeada, el policía se pone a evaluar si está muy golpeada o menos golpeada. Pero no está para evaluar: debe tomar la denuncia y listo. Y si no el ciudadano puede anotar su chapa y denunciarlo a él”.

Naddeo, que presidió el Consejo porteño de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes hasta 2007, dijo que “la muerte aparece como la consecuencia extrema de miles y miles de situaciones de maltrato derivadas de la reproducción de un patrón de autoritarismo”.

Explicó la ex funcionaria que “el maltrato es bastante más habitual del que pensamos o del que nos damos cuenta cuando aparecen homicidios atroces”.

Al meterse con las causas, apuntó que “hay una cuestión vinculada a ciertos rasgos de la subjetividad y a cierta perversión, y ambas cosas sólo pueden surgir si existió previamente un seguimiento terapéutico capaz de detectar esos fenómenos”.

Puesta a ejemplificar el origen del maltrato hacia los chicos, Naddeo dijo que “tiene que ver con una personalidad autoritaria y a veces con la descarga sobre los chicos de las propias frustraciones”. El fondo es la acción de “alguien que se siente poderoso y subordina y maltrata a alguien”.

“Por eso es una conducta perversa, negativa y malvada”, dijo Naddeo. “No hay que confundir esto con una patología. Se trata de gente de gente que puede estar abrumada por una cantidad de situaciones pero está lúcida.”

Para la ex legisladora, en el maltrato a los chicos “hay un componente cultural, porque nuestras sociedades tienen un componente de subordinación: no prima la cooperación sino un poder que explota, subordina y oprime, y esto sucede a partir de unos estamentos sobre otros, incluyendo a los adultos sobre los niños”.

¿Está cuantificado el nivel de maltrato? No exactamente. Pero los indicios de su presencia en la sociedad son fuertes. Dijo Na-ddeo: “Cuando el Estado atiende niños por vulneración de derechos, desde la falta de un documento de identidad hasta el efecto de una disputa de tenencia, detecta un porcentaje alto de maltrato, que a veces llega al abuso”.

Y aportó un dato aún más significativo: “El 70 por ciento de los 15 mil niños alojados hoy en hogares convivenciales sufrió maltrato en la familia”.

¿Por qué el maltrato hacia las mujeres es mucho más visible que el maltrato a los chicos? “La lucha del movimiento de mujeres es muy potente”, dijo Naddeo. “Tenemos voz propia y lazos y canales de participación. Cada año hay un encuentro de 20 o 25 mil mujeres que instalan sus temas en la agenda pública. Los chicos, en cambio, no tienen canales”.

Contó Naddeo que “la lucha por los derechos de la infancia tuvo un pico muy grande antes y durante 2005, con marchas al Congreso y debates, para lograr la nueva legislación y la nueva institucionalidad que derogó la ley 10.903, la Ley Agote, por la cual se podía internar en instituciones de encierro y dejar tras las rejas a miles de chicos por ser pobres”.

“El 66 por ciento de los chicos estaba en 2001 bajo la línea de pobreza”, dijo Naddeo. “En cambio, los chicos que viven en hogares convivenciales van a la escuela y tienen las puertas abiertas.”

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