El fiscal cordobés Raúl Garzón rechazó el pedido de excarcelación de trece de los dieciséis policías detenidos por su participación en el autoacuartelamiento que el 3 y 4 de diciembre desembocó en una ola de saqueos en la provincia. Los efectivos están imputados por las figuras penales de desobediencia a la autoridad e instigamiento a cometer delitos. Tras ser arrestados el sábado pasado, esta semana comenzaron a ser indagados. Ya declararon ocho, citados por orden alfabético, cuatro el martes y cuatro ayer. Sus abogados habían presentado un reclamo conjunto por las excarcelaciones, tras quejarse públicamente de que las detenciones habían sido, a su criterio, una medida exagerada.

Al rechazar los pedidos, el fiscal consideró que existe riesgo procesal, ya que los imputados “podrían perjudicar la investigación y modificar las pruebas”. Los delitos de los que están acusados prevén penas de entre 2 y 6 años de prisión.

“No han transcurrido los tiempos para expedirse sobre la situación de los detenidos. Es necesario que estén con esta medida restrictiva de la libertad. Dentro de los tiempos procesales, después de las indagatorias, habrá diez días para resolver si se mantiene, se dicta la prisión preventiva o se dispone el recupero de su libertad”, señaló Garzón a una radio cordobesa.

En cuanto a los tres sobre los que el fiscal no se opuso a que sean excarcelados, deberán esperar a que el juez de control se expida sobre su situación.

En cambio, sí fue excarcelada Adriana Rearte, la ex agente penitenciaria e integrante del grupo de esposas de policías que comenzaron con la protesta. Rearte, que está casada con un retirado, había sido detenida bajo la acusación de haber interceptado, junto a otras mujeres de policías, el ingreso y egreso de los móviles de la Infantería. La fiscalía evaluó que la imputación por “entorpecimiento funcional” no era tan grave como la que afrontan los otros acusados.

Al presentar los pedidos de excarcelación, el abogado Alejandro Zeverin había cargado contra el fiscal Garzón, al que acusó de ser “manifiestamente incompetente para actuar en la investigación penal”. El defensor de los policías consideró además “ilegales” las detenciones y argumentó que “comprometen seriamente el orden constitucional”.

Fuentes de la Justicia no descartaron que puedan disponerse más detenciones de policías responsables del autoacuartelamiento que efectivos de la fuerza realizaron en coincidencia con los saqueos a comercios de la capital cordobesa. Uno de los aspectos de la investigación, pendientes para la fiscalía, es determinar si hubo efectivos que hayan participado activamente en los robos; otro es determinar qué papel tomaron los oficiales de más alto rango durante la huelga.

Los arrestos de los 16 policías –así como el de la ex agente penitenciaria Rearte– fueron ordenados por el fiscal el jueves pasado. Las detenciones se realizaron mientras el gobierno nacional enviaba a la provincia mil gendarmes, ante la amenaza de un nuevo intento de autoacuartelamiento.

Los gendarmes permanecen apostados en el Batallón de Comunicaciones 141, a 19 kilómetros de la capital de Córdoba. El gobernador José Manuel de la Sota les hizo una visita oficial durante el fin de semana y les agradeció su presencia que, aseguró, llevó “tranquilidad” a los cordobeses.

La semana pasada, la gobernación pasó a “retiro obligatorio” a otros 23 efectivos en el marco de una reestructuración de la fuerza. Fueron cinco oficiales superiores, doce oficiales jefes, tres oficiales subalternos y tres suboficiales.