La Unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado lleva un año de trabajo. En ese tiempo, impulsó 20 denuncias judiciales con elementos suficientes como para pedir las pruebas de ADN. Y logró reducir los tiempos de investigación de dos años a cinco meses. Algunos de los resultados, sin embargo, no son tan sencillos de medir. Hay una apuesta a diseñar una metodología para trazar regularidades en un campo que estuvo muy marcado por el avance “caso por caso”. Articular trabajo en todo el país. Rescatar y “resguardar” archivos. Y hacer de esto una política de Estado. Pero además hay una batalla cultural todavía pendiente. Pablo Parenti es coordinador de la Unidad y sugiere que una de las dificultades para avanzar es que los mecanismos de apropiación y de tráfico de personas en la Argentina “fueron un fenómeno muy grande y con un nivel de aceptación social muy importante”. “Eso dificulta también la llegada a la información –dice– porque si fuera una conducta socialmente repudiada enseguida alguien lo denuncia.”

Parenti coordinó la Unidad de investigación de crímenes de lesa humanidad de la Procuración entre 2007 y 2012. Y desde entonces coordina el armado de este nuevo espacio impulsado por la Procuración, que intenta potenciar una demanda pendiente y el trabajo que históricamente realizó Abuelas de Plaza de Mayo. En la Unidad hay antropólogos y abogados expertos, algunos pasaron por Abuelas o el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La Unidad tiene tres áreas: una sigue las causas en la Justicia; otra prepara las investigaciones preliminares que van a ingresar a la Justicia y una tercera más compleja empieza a diseñar una metodología de investigación a largo plazo. Parenti repasó la experiencia previa de Abuelas y la Conadi y el apoyo de la Procuración.

–¿Todo esto implica un cambio en el sistema de Justicia?

–Hasta ahora la regla era que tramitaban los casos que llegaban por alguna denuncia. La mayoría de los avances fueron por denuncias puntuales sobre un caso posible. Hay que seguir con eso, pero dar un paso más: ir a buscar los casos. Hoy tenemos 400 delitos que se están cometiendo. Y tenemos que hacerlos cesar. Esta es la idea que hay que asumir y hacerlo en todo el país. El ministerio público tiene presencia en todo el país. Hay que hacerlo en todas las provincias.

–¿No se hacía en todas las provincias?

–Nos da la impresión de que en las provincias todavía no se encaró profundamente.

–Hay una creencia de que se trata de un tema sobre todo de Capital y Buenos Aires.

–Hicimos un estudio de los casos. Obviamente la mayor cantidad ocurrió en centros urbanos, Buenos Aires y Capital, pero el índice de esclarecimiento es mayor en Capital que en el interior. Abuelas tiene cuatro filiales. No tiene presencia en todo el país. Obviamente la responsabilidad para llegar a todos lados es nuestra, del sistema judicial, del Estado, que somos los que tenemos presencia.

–¿Cuáles son las principales dificultades para avanzar?

–Obviamente lo ingrato de esto es que uno puede ofrecer el mayor esfuerzo posible y el mayor compromiso, pero no puede asegurar nada del hallazgo. Luchamos contra la clandestinidad, contra los pactos de silencio. Contra mecanismos burocráticos que se prestaron para borrar las huellas de las apropiaciones. Mecanismos que actuaron muchas veces por connivencia ideológica y por relaciones con los perpetradores. Y también algo que es sabido pero lo constatamos cotidianamente es que los mecanismos de apropiación de chicos, de tráfico de personas, de niños en Argentina, fueron un fenómeno muy grande y con un nivel de aceptación social muy importante. Cuando se activa un programa hay denuncias anónimas. Se animan a decir que en el año ’76 había una mujer que trabajaba en tal lugar y no podía tener un hijo y un día apareció con un pibe y por ahí nadie lo denunció. Socialmente estaba muy aceptado.

–¿La apropiación entró así dentro de un mecanismo más amplio?

–Sí, y sobre todo con ciertas justificaciones como “es mejor que un chico esté con alguien que le dé amor y no en un instituto y abandonado”. Justificaciones que hacían que la apropiación de niños fuera algo con cierto nivel de aceptación. Incluso se reflejó en la jurisprudencia. Todavía algunos jueces siguen sosteniendo que para que se dé el delito hace falta un ánimo de causar perjuicio, como si la apropiación en sí no fuera un perjuicio o una vulneración de derechos.

–¿Se refiere al tráfico o al contexto de la dictadura?

–En general. Pero algunos casos de apropiación en el marco del terrorismo de Estado quizá entraron en esta lógica. Eso dificulta también la llegada a la información, porque si fuera una conducta socialmente repudiada enseguida alguien lo denuncia. Digo todo esto en términos generales, más allá de la especificidad del terrorismo de Estado. Muchas personas eran de bajos recursos. En muchos casos, actuó un mecanismo de selección en los juzgados de menores donde actuaba una selectividad de clase.

–La dictadura suele ser pensada en términos de clase media. ¿Qué pasó en este sentido en el universo de los pobres, tienen datos ya relevados?

–Estuvimos trabajando fuerte en un padrón de embarazadas constatadas, de probables embarazadas, de mujeres de rango etario en esa edad. También en maternidades clandestinas, médicos... A partir de los casos resueltos la idea es detectar algunas regularidades o patrones si se puede, porque no siempre se puede. Y que eso permita esclarecer causas y sea un insumo para elaborar líneas de trabajo. Si uno distribuye geográficamente los casos, por ejemplo, puede saber dónde poner más energía y qué lugares priorizar. Pero todo esto es parte del trabajo que hay que realizar. Es muy difícil. Buscar agujas en inmensos pajares. Hay cantidad de archivos. Podemos definir líneas que nos parecen prioritarias, pero las vamos a definir con otras instituciones. Obviamente con Abuelas, la Conadi, pero además con las provincias, porque hay muchos registros y archivos judiciales ahí.

–Parece titánico el rastreo todavía pendiente.

–Pero justamente cuando hablamos de políticas de Estado hablamos de esto. Hay que trabajar en las huellas que pudieron haber quedado. Recuperarlas. Asegurarlas, porque no todas están aseguradas. Historias clínicas, registro de nacimientos, certificados de nacimiento, inscripciones, expedientes judiciales de adopción, de guardas. Es una tarea muy difícil, pero no podemos quedarnos esperando a que lleguen denuncias.

El legado

–¿Qué sumó la Unidad al trabajo que ya venía haciendo Abuelas?

–El trabajo de Abuelas es espectacular, admirable. Y además es muy bueno desde lo técnico. La mayor parte del esclarecimiento de casos vino de ahí. También hay un trabajo de la Conadi. Hubo otra gente. Familiares que hacen sus investigaciones. La idea es complementarnos y fortalecer todas esas actitudes de búsqueda. Para Abuelas es difícil acceder a documentación porque no tiene fuerza coactiva. Es un organismo de derechos humanos. Una investigación de Abuelas llega hasta un punto porque no puede avanzar, en ese sentido sería bueno poder hacerlo. Y por supuesto aprender de toda la experiencia. Participamos en esto con mucho respeto por lo que se hizo. Sabemos que somos un actor más. Y que es una tarea colectiva. Sí podemos aportar cosas específicas.

–Las denuncias que ustedes reciben llegaron de Abuelas, Conadi, particulares y la mayoría del Fondo de recompensas. ¿Funciona esa herramienta?

–Muchos casos llegan por esa vía, pero muchísimos pueden ser casos de tráfico. Hay que investigarlos pero no tienen el nivel de selección de la denuncia que hace Abuelas. En Abuelas hay un trabajo previo, pero de todos modos nunca se sabe.

–Ustedes cuentan hasta ahora unas 140 personas entre procesados y condenados. ¿Hay nuevos perfiles?

–Como en todas las causas de lesa humanidad, las investigaciones pusieron el foco en actores estatales más allá de los actores tradicionales que estuvieron en la represión directa. Médicos, actores judiciales. Gente que estuvo en hogares de menores. Hubo avances con algunos jueces o funcionarios. En Santa Fe, está elevado a juicio el caso del juez (de menores Luis) Vera Candioti. En Lomas de Zamora avanzó el caso de los hermanos Ramírez con varios indagados y procesados de la secretaría del juzgado, y hubo un muy buen trabajo de la fiscalía.

–¿Para avanzar en todo el país coordinarán trabajo con otros fiscales?

–Tuvimos reuniones. No sólo para que se aplique el Protocolo sino para encontrar los casos que faltan. Eso no lo puede hacer la Unidad, hay que articular con cada provincia. Son delitos que se siguen cometiendo. Son personas que están viviendo hoy bajo una identidad producto de la desaparición de los padres y técnicamente son desaparecidos. Estamos buscando 400 desaparecidos con vida cuya cárcel es la mentira. La persona no puede salir de ahí, ni la podemos encontrar porque hay una mentira en el medio. Y hay una red de complicidades, de pactos de silencio. A veces los casos negativos pueden ayudar a movilizar una sociedad que es la que tiene la información. De estos delitos hay muchos testigos. Personas que se tienen que haber enterado. Tenemos la esperanza de que acciones de búsqueda movilicen a personas que tienen información y puedan hacerlas llegar. Yo estoy muy contento porque es muy motivante. Es restablecer un vínculo que rompió la dictadura.