Hoy comienza en Mendoza el llamado “juicio a los jueces”, que no sólo es un dato importante para la provincia, sino que es central en la agenda de los juicios de lesa humanidad de todo el país, donde hasta ahora existe un sólo juez condenado. Durante el debate serán juzgados cuatro funcionarios que integraron el sistema judicial de la última dictadura y a quienes la fiscalía entiende como “cómplices del aparato represivo”. Dos de ellos son Luis Miret y Otilio Romano, con el tiempo ascendidos a camaristas y representantes de la continuidad del viejo sistema dentro de un Poder Judicial renuente al avance de estas causas. Con ellos serán juzgados, además, otros 34 acusados: hay integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea y policías. Toda una muestra de una gran parte del bloque de poder.

“La importancia enorme de este juicio es que empieza a enjuiciar a la pata civil de la última dictadura”, explicó el fiscal Dante Vega, que estará a cargo de la acusación. “Y esto es así porque es imposible pensar en el terrorismo de Estado sin el papel que tuvo la Justicia. La hipótesis de la acusación es la complicidad del aparato judicial con el terrorismo de Estado y lo vamos a tratar de demostrar durante el juicio.”

Uno de los datos políticos del juicio es que se realizará en el Salón de la Corte Suprema de Mendoza. Es la primera vez que el Poder Judicial mendocino presta su espacio para los juicios de lesa humanidad, que hasta ahora se venían realizando en un sala con capacidad para muy pocas personas, según explicaba el abogado Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). Para Salinas, esto es un gesto simbólico muy importante. Acaso más aún en el contexto del debate de fondo de Justicia Legítima. En la Corte de la provincia hoy actúa Omar Palermo, ex fiscal general federal en Mendoza, impulsor en aquel momento de la causa contra los jueces y pieza clave en la construcción jurídica de una acusación que permitió repensar el rol de la Justicia durante la dictadura.

El juicio reunirá más de una docena de causas pequeñas en un “megajuicio”. Durante el debate se reconstruirá lo sucedido con 207 personas entre las que hubo asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. Como ocurrió durante la investigación, se optó por elevar a juicio oral todas las causas que en 2012 ya tenían algún procesado. El debate será en los hechos una muestra de lo que fue la represión en la provincia. En las causas se verá lo sucedido en los distintos centros clandestinos y la responsabilidad de todas las fuerzas de represivas que intervinieron. Entre ellos, el CCD del Liceo Militar General Espejo donde fueron a parar los primeros detenidos del 24 de marzo, entre ellos periodistas y políticos. También, el CCD de la Compañía de Comunicaciones que estaba en manos del Ejército, varias comisarías y el emblemático D2. Otro de los ejes del juicio serán las acusaciones por delitos de violencia sexual.

“Es muy fuerte ver ahora la lista de los imputados”, explicaba Viviana Beigel, otra querellante del MEDH. Lo “fuerte”, explicaba, era que los jueces aparecían allí mezclados junto al resto. Hasta el martes de la semana pasada, la lista de ex jueces que iban a ser juzgados en este juicio era de cinco. Además de Romano –que era fiscal– y de Miret –que era juez–, estaban incluidos los siguientes ex jueces de la dictadura: Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Guillermo Petra Recabarren, quien tenía cargo de defensor. El martes pasado, y luego de un tardío examen médico del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación –con problemas de presupuesto para “viáticos”, según vienen denunciando los abogados de distintos juicios–, Guzzo quedó afuera del juicio. De acuerdo con los médicos está impedido por un cuadro de salud metal, una posición que la fiscalía y querellas no cuestionaron. Entre los cuatro ex jueces que quedaron, hay tres que van a llegar en libertad: Carrizo, Petra Recabarren y Miret. El único detenido en prisión es Romano, que junto a Gu-zzo, son los dos únicos acusados como partícipes necesarios.