El 14 de marzo de 1978, en la cárcel de Devoto murieron por lo menos 65 presos: quemados y asfixiados algunos, otros fusilados por un reguero de balas del Servicio Penitenciario Federal. Las noticias lo contaban como el de-senlacefatal de un motín, donde los internos habían prendido fuego sus camas. La historia fue conocida como “El motín de los colchones”. Sin embargo, los protagonistas sobrevivientes, igual que los ex presos políticos que fueron testigos desde otros pabellones, contaron que todo había sucedido como desenlace de una requisa bestial, donde los detenidos se defendieron como pudieron de las ametralladoras y los gases lacrimógenos, poniendo los colchones contra las rejas y arrojando lo que tuvieran a mano. Una investigación de la abogada criminóloga Claudia Cesaroni fue el puntapié para que los tribunales volvieran a prestar atención a lo que ella describe como una masacre olvidada, nunca investigada verdaderamente. Ayer, el fiscal federal Federico Delgado pidió que se reabra la causa, cerrada una vez en dictadura y otra en democracia, por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos cuyo esclarecimiento, dice, el propio Estado obstruyó.

Cesaroni se ha ocupado de las cuestiones carcelarias y hace un tiempo se propuso mostrar cómo en dictadura los padecimientos de los presos “comunes” tuvieron semejanzas con los de los presos políticos. La Masacre del Pabellón Séptimo se le presentó como un hecho paradigmático. Publicó un libro con ese nombre, con la pequeña editorial Tren en Movimiento y la Cooperativa Esquina Libertad, y un año atrás se presentó en tribunales junto con Hugo Cardozo, uno de los sobrevivientes, a quien había contactado en su investigación. Una situación inesperada dio el empujoncito que faltaba, cuando en un multitudinario recital en Mendoza el Indio Solari recomendó el libro de Cesaroni antes de tocar su tema “Pabellón Séptimo (relato de Horacio)”, cuya letra no todo el mundo asociaba con la masacre. Un amigo de Solari, el cantante Luis María Canosa, quien estaba preso por consumir drogas, murió allí. De él habla la canción “Toxi Taxi”. Cardozo, representado por Cesaroni, pidió ser querellante y que los hechos se investiguen como delitos de lesa humanidad. Delgado recibió en los últimos meses 17 declaraciones testimonales, 4 de ellas de sobrevivientes, y 13 de otros presos, políticos y comunes, alojados en Devoto. Analizó también lo que había en los magros expedientes que se tramitaron después de la matanza. La causa inicial, en plena dictadura, había estado en manos del ex juez Guillermo Rivarola y la terminó archivando Jorge Valerga Aráoz (ahora abogado del empresario Pedro Blaquier). Fue reabierta y cerrada en 1986. El fiscal muestra el contraste entre lo que llama la “historia oficial” de ese expediente, que hablaba de un enfrentamiento y culpaba a los presos, todo basado en dichos de los penitenciarios, y el relato de los detenidos (que cuentan cómo fueron atacados e intentaron defenderse) y los de las presas políticas.

Delgado afirma que hubo “desi-dia judicial y total inexistencia de imparcialidad en la investigación”. Se apuntaba al origen del incendio, pero no a las por lo menos 65 muertes. Recién en 1984 se pidió la exhumación de los cuerpos para corroborar los disparos. Las medidas de investigación fueron encomendadas al propio SPF involucrado, incluida la toma de declaraciones testimoniales a pares y presos.

Aun con ese condicionamiento, los relatos de los internos coincidían: la noche anterior hubo una discusión por el horario para mirar televisión, al día siguiente el Pabellón Séptimo fue sometido a una requisa más feroz que las habituales, con el doble de agentes, con un gran despliegue de violencia, frente a la cual los presos buscaron protegerse poniendo las camas y los colchones contra las rejas, los penitenciarios tiraron gases lacrimógenos, una de las posibles fuentes del incendio, junto con bidones de kerosene, y dispararon ametralladoras en medio del incendio, desde una pasarela y un patio interno, incluso cuando los detenidos les pedían que les abrieran las puertas. “Quémense de a poco”, respondían. Entre los penitenciarios, algunos admitieron haber disparado armas de fuego y otros no. Para el fiscal, es evidente que hubo muertes por fusilamiento.

“El Estado no investigó qué pasó aquel trágico día. Simplemente se dedicó a administrar el régimen de verdad que instauró el tándem formado por el Servicio Penitenciario Federal y el juez Guillermo Rivarola (...) el rastreo de las condiciones que hicieron posible el hecho, la identificación de sus protagonistas y la determinación de las responsabilidades está ausente”, dice el dictamen. “Es tiempo de abrir una pesquisa real”, agrega Delgado. Sin embargo, no admite que se investigue como delito de lesa humanidad. Utiliza un criterio surgido del caso del asesinato de Walter Bulacio, considerado imprescriptible como violación a los derechos humanos y por falta de respuesta judicial.

Para Delgado, no toda intervención del Estado en un delito lo convierte en delito de lesa humanidad, y en este caso no ve con claridad la vinculación con el plan sistemático de represión del terrorismo de Estado. Le pasa la posta al juez federal Daniel Rafecas, que tendrá que dar las definiciones, aunque ya le sugiere que vuelva al fuero ordinario.

Este punto suscitará un debate. Cesaroni, algunos sobrevivientes y familiares de víctimas ven con satisfacción que el sistema judicial vuelva a sacar esta historia a la luz y determine la necesidad de su esclarecimiento. “Abre un camino”, dice la abogada. “Hubiéramos querido que se avance en la descripción de que es delito de lesa humanidad. Fue parte de un ataque sistemático a los presos del Pabellón Séptimo, que estaban indefensos. Un ataque a la población civil, de un pabellón entero, por parte del SPF dependiente del Ejército. No fue un castigo a un solo sujeto. Para nosotros era un intento de apagar cualquier gesto de rebeldía en el contexto de una cárcel donde, además, había presos políticos. Las presas políticas han contado que a ellas los penitenciarios las amenazaban: ‘¿Vieron lo que les pasó a los comunes?’”, explica Cesaroni. Además, cuenta que se sumó una denuncia, basada en un legajo de la Conadep, de un uruguayo que vio por última vez a su hijo en las fotos de Crónica del 15 de marzo, con un enfermero que lo guiaba, herido, saliendo de Devoto. Ese joven había sido secuestrado en agosto de 1976 tras participar en una asamblea en la empresa donde trabajaba.