La propuesta de adecuación presentada por el Grupo Clarín fue aceptada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). La decisión del directorio, en el que están representados el oficialismo y la oposición, fue unánime, aspecto digno de remarcar.

El multimedios se opuso a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA), la resistió con uñas, dientes y malas artes en Tribunales, valiéndose de la cómplice acogida de demasiados juzgados y cámaras. Cuando la Corte Suprema reconoció la plena constitucionalidad de la norma, Clarín adujo que tenía un año de changüí para adecuarse y amagó con acudir a tribunales internacionales. Las dos bravatas quedaron en eso, hoy día el Grupo está a derecho y acata la ley.

Si quien lee estas líneas fuera un habitante de Marte o un politólogo sueco desinformado, llegado ayer a la Argentina, podría preguntarse qué tiene de llamativo que una empresa poderosa cumpla la ley y que se imponga la autoridad del Estado. Para quienes frecuentan este diario, esas preguntas resultan retóricas o artificiosas: que la mayor corporación se “adecue” a la legalidad es un cambio cualitativo, un avance impensable hace veinte años, o diez u ocho.

En 180 días, Clarín deberá transmitir el patrimonio excedente que lo convertía en un oligopolio. Seguramente el plan de negocios se presentará con celeridad. Cuando se lo vea se tendrá una medida más acabada del impacto de la LdSCA.

Es casi un hecho que el Grupo conservará la unidad más relevante de las seis en que dividió su acervo (ver detalles en notas aparte). Si lo hace, será un potente actor mediático, el mayor de la Argentina. Y seguirá disponiendo de un capital poco usual en el mundo, sobre todo porque es titular de muchos medios de prensa escrita, aspecto no abordado ni regulado por la LdSCA. La magnitud de lo que resta da cuenta del potencial del Grupo, que podía hacer uso y abuso de su posición dominante.

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Definir cómo se adjudicarán los distintos grupos de negocios es, por ahora, pura especulación. Es posible, en el plano de las hipótesis, que socios o accionistas de Clarín trataran de hacerse cargo de los nuevos conglomerados. La LdSCA, norma reformista de un Estado democrático dictada sobre la base de acuerdos transpartidarios, deja una brecha en ese sentido. Claro que esa fragmentación, para ser lícita, debe ser cabal. Los nuevos (llamémolos así) “grupitos” deben tener plena autonomía económica, estructuras sociales distintas, patrimonios distintos, socios no superpuestos y contar con edificios, personal e infraestructura propios. La Afsca y los organismos de control deberán velar para evitar simulaciones o uso de testaferros.

Es aventurado hacer profecías sobre negocios cuyo cierre no se ha divulgado, aunque es verosímil que estén pactados ya. A los efectos de esta columna, baste decir que para que los socios aceptaran diseminar el patrimonio sus relaciones internas deberían ser óptimas, el liderazgo del CEO Héctor Magnetto debería mantenerse invicto y Clarín debería estar exento de deudas que lo incitaran a ir en pos de capitales frescos.

Con la, insuficiente, data actual sólo puede insinuarse que no es para nada imposible que Cablevisión sea transferida a terceros. Y que la armonía interna de socios y grandes directivos del Grupo no atraviesa su mejor momento, como suele pasar en toda estructura colectiva que afronta un enfrentamiento a todo o nada... y mayormente pierde. De nuevo, cuando se devele quiénes son los adquirentes propuestos el escenario será más claro.

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Clarín retiene poder, canales de tevé, radios y diarios. Emitirá mensajes críticos al Gobierno, derrapando con asiduidad a la falacia y hasta el ridículo. Eso sólo puede asombrar a quienes pregonaban que el Gobierno quería clausurar todos los medios opositores y amordazar hasta las menciones del síndrome de Hubris. O los que parangonaban a Martín Sabbatella con Stalin o con Goebbels. Pero hete aquí que Sabbatella es un funcionario con sobrado currículum democrático. Y lo que más relevante: que aun si algún funcionario o militante kirchnerista pensó alguna vez trasgredir los márgenes de la ley, ésta constriñe al Gobierno. Ni Clarín ni el oficialismo pueden hacer lo que quieren: la LdSCA demarcó reglas institucionales que todos deben acatar.

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En las semanas por venir, el directorio de la Afsca analizará las propuestas de Telefe, Telecentro y del Grupo Prisa. Los dueños de Telefe argumentan que Telefónica no es controlante de Telefe. Si así fuera, no debería desprenderse de esa empresa. Las áreas técnicas de la Afsca, según se va sabiendo, piensan distinto: es controlante por lo que ese conglomerado no respeta las restricciones legales. Por lo que parece, ese sensato criterio incidirá en la resolución del directorio.

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Volvamos al principio con otra ilustración amable. ¿Por qué es gran nueva y por ende noticia que Clarín “esté en caja” y se respete la autoridad del Estado? Porque, como propone el consabido ejemplo periodístico, si un perro muerde a un hombre no es noticia, pero sí lo es que un hombre muerda a un perro. Lo que viene pasando (que sumará zigzags y peripecias) podría parangonarse a que Francisco de Asís, el santo que amaba a los animales, mordiera al pobre perro. La diferencia es que el sujeto de la noticia no tiene nada de santo, precisamente.

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