La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la prisión preventiva dispuesta en contra de diez policías por los hechos del 3 y el 4 de diciembre pasado, durante el acuartelamiento y huelga que concretó la policía provincial. A los policías les imputan la supuesta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad e instigación de los hechos que devinieron en robos y saqueos. Si bien se trata de las primeras diez prisiones preventivas confirmadas por la Cámara de Acusación, como consecuencia de los recursos planteados por los defensores de los agentes, también hay en marcha causas que afectan a otros seis policías, también detenidos, así como a otras 50 personas.

El tribunal, formado por los vocales Carlos Salazar, Eduardo Valdés y Ricardo Iriarte, ratificó por mayoría la medida, privativa de la libertad, dispuesta por el fiscal Raúl Garzón, que ya había sido avalada por el juez Carlos Rodríguez. En varias ocasiones, Garzón manifestó que “como principales razones (de la prisión preventiva) tuve en cuenta que se trató de un obrar inusual y sumamente grave. Se trata de conductas no sólo reprochables desde lo técnico-penal, sino que se desplegaron ante los ojos de todos, en una noche en la que faltó la seguridad que debe brindar el Estado”. Según el fiscal, en el caso de los policías “desoyeron las órdenes de sus jefes de turno de que debían retomar sus funciones e instigaron a los demás a que se sumaran a la desobediencia”.

Las particulares circunstancias en que se produjeron estos hechos, según el funcionario judicial, hicieron que “se contribuyera a de-satar la sensación de una suerte de guerra de todos contra todos, algo que sale del obrar delictivo común”. Por su parte, los saqueos, según Garzón, se centraron en productos “de segunda y tercera necesidad” y, en ningún caso, se detectaron alimentos u otros de primera necesidad, por lo que “las penas podrían ser superiores a los tres años de prisión, y por ende de cumplimiento efectivo”.

Esta investigación puso en vilo al poder político en la provincia, al punto de que el gobernador José Manuel de la Sota pidió apoyo a la Nación, que envió efectivos de Gendarmería dada la inquietud que generaba en la fuerza policial las derivaciones del caso y la detención de los uniformados.