EL PAíS › LA METROPOLITANA TENIA TODO LISTO PARA SACAR A LOS OCUPANTES DEL PREDIO DE LUGANO, PERO DIO MARCHA ATRAS A ULTIMO MOMENTO
El juez ordenó el desalojo, pero los ocupantes rechazaron la intimación. La policía porteña estuvo a punto de cumplir el mandato judicial con un enorme despliegue de efectivos, pero al final desistió. Argumentó que no recibió apoyo de la Federal ni de Gendarmería.
› Por Carlos Rodríguez
El escenario estaba montado para repetir la tragedia del Indoamericano: la Policía Metropolitana había desembarcado para hacer cumplir la orden del juez Gabriel Vega de “desalojo inmediato” de las 300 familias que se instalaron, desde el lunes, en el predio contaminado de Villa Lugano para reclamar una porción de tierra donde construir sus viviendas. Marcelo, uno de los vecinos, solicitó una tregua a través de los medios: “No queremos enfrentamientos, acá hay muchas mujeres y niños, queremos que se extienda la negociación hasta el miércoles y que se busque una solución pacífica”. Cuando las tropas de la Metropolitana se alistaron para avanzar sobre la gente, un grupo de legisladores porteños de la oposición, junto con militantes políticos y de organismos de derechos humanos, cortó la avenida Cruz para frenar el inminente avance policial. Cuando la represión parecía inevitable, un vocero de la Metropolitana le dijo a Página/12: “No lo podemos hacer porque no tenemos el apoyo de la Federal ni de Gendarmería”. Esa negativa había sido anticipada por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien adelantó que las fuerzas nacionales no iban a participar del eventual desalojo y reiteró críticas al fiscal del caso (ver aparte). La situación sigue igual, sin desalojo, aunque tampoco se vislumbra una salida. Legisladores de la oposición le pidieron al gobierno porteño la apertura de una “mesa de negociación”.
El clima en los terrenos, frente al hipermercado Jumbo, se puso tenso no bien el juez Vega les ordenó a los fiscales el “allanamiento y liberación” de los pastizales contaminados donde los vecinos levantaron sus carpas. La medida debía cumplirse antes de las 19 de ayer. El jefe de la Metropolitana, Fernando Cullado, pasadas las 17 se entrevistó con los delegados de la toma y les pidió que se retiraran “en paz para evitar una escalada de violencia”. Los vecinos dijeron que no se irían. El ultimátum de que “en media hora” se hacía el operativo, tal como anunció Cullado, se fue demorando porque un grupo de legisladores, acompañados por más de un centenar de personas de diversos ámbitos, cortaron Cruz y formaron un vallado entre las fuerzas de seguridad y los ocupantes de las tierras.
Entre otros diputados, se encontraban presentes María Rachid, Alejandro Bodart, Marcelo Ramal y Gustavo Vera, quien tuvo un entredicho con un jefe de la Metropolitana. El diputado recriminó el hecho de que los policías que estaban a la cabeza de la tropa y que iban a ingresar al predio no tenían sobre el pecho “su identificación personal”. El jefe policial ofreció una justificación endeble: “Los chalecos que llevan puestos les impide abrochar un prendedor con el apellido”. El oficial, vestido con una campera, sin el chaleco, tampoco estaba identificado ni se identificó.
La situación se tornaba complicada porque algunos vecinos, con los que este diario tuvo contacto telefónico porque la prensa tuvo que permanecer fuera del predio, tenían temor porque “aunque la mayoría de nosotros no quiere una resistencia violenta, hay grupos que no están dispuestos a retirarse en forma pacífica si no hay un compromiso de las autoridades de abrir un canal de diálogo para que nosotros podamos tener acceso a una vivienda digna”, comentaron en forma coincidente dos mujeres y un hombre con los que Página/12 hizo contacto constante en estos días.
Cerca de las seis de la tarde, una avanzada de la Metropolitana se acercó al predio que ocupa la Policía Federal, lindero con los terrenos ocupados por las 300 familias. El portón de acceso al ex depósito de autos de la Federal, que siempre está abierto, ayer permaneció cerrado. Cuando el jefe de la Metropolitana pidió autorización para ingresar allí, para luego tomar por asalto el lugar que debían desalojar, los guardias de la Federal le dijeron lo mismo que luego le repitieron a este diario: “Tenemos orden de no dejar pasar a nadie, ni a la Metropolitana, ni a nadie”. Minutos después, cuando la policía de Mauricio Macri se iba sin poder cumplir la orden judicial, los mismos federales –de franco en materia de represión–, dijeron aliviados: “Bueno, mejor así”.
Antes del retiro de los policías movilizados para el desalojo, un vocero de prensa de la Metropolitana había confirmado que “sin apoyo de la Federal y la Gendarmería” no iban a hacer nada. En ese preciso momento, mientras los legisladores pedían reforzar el cordón ante un eventual avance de la tropa, un colaborador de la misma fuerza, joven y sonriente, se burló de los diputados opositores: “¡Y éstos qué quieren hacer! ¡Los van a tirar culo para arriba!”.
Aunque en los hechos el desalojo se suspendió, la situación vivida fue traumática. Una mujer, con su pequeño hijo en brazos, juró que no se iba a ir si avanzaba la policía porque “hay que hacer la urbanización de la Villa 20, ya no podemos seguir viviendo así; si ellos (por los uniformados) quieren avanzar, hoy (por ayer) o cuando sea, nosotros vamos a resistir porque no tenemos otra alternativa”.
Otra mujer le señaló a este diario desde atrás del alambrado, cuando el desalojo ya había sido suspendido: “Si el gobierno no hace nada para limpiar este terreno contaminado, nosotros mismos podemos hacerlo, estamos capacitados para eso. Podemos limpiarlo, desratizarlo, descontaminarlo si nos dan un poco de ayuda. ¿Acaso no es mejor tener un lugar limpio, con casas modestas pero dignas, en lugar de un terreno baldío donde se pueden cometer crímenes y violaciones?”.
La jornada terminó con aplausos y vivas a los legisladores presentes, que anoche mismo iniciaron una gestión ante el gobierno porteño para buscar “una salida negociada, sin represión, para que esta gente pueda mejorar sus condiciones de vida”. Todos los diputados, al hablar ante los vecinos, les pidieron “calma, cautela, para evitar hechos de violencia que pueden afectar a todos y sobre todo a sus hijos”. Además de la gestión, el defensor oficial de los ocupantes solicitó a la Cámara Penal Contravencional que se frene en forma definitiva el desalojo hasta que haya una solución negociada. El gobierno porteño, aunque pidió colaboración a los diputados opositores para lograr “un desalojo en paz”, igual ratificó que “no negociará nada si sigue la usurpación”. Anoche, trece diputados opositores le pidieron a Macri “una mesa de diálogo”.
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