El plan Progresar, destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que presentó la presidenta Cristina Kirchner, es un acto de reconocimiento a un sector de los ciudadanos que es predilecto chivo expiatorio de culpas sociales. El plan Progresar, por el contrario, los considera sujetos de derecho y no solamente de obligaciones, y reconoce en nombre del Estado que la mayor parte de esos jóvenes integra la serie de franjas sociales más vulnerables. El plan Progresar se suma a la Asignación Universal por Hijo, y para mujeres embarazadas, y a la inclusión en la jubilación de miles de mayores.

En la mayor parte de los países, y en nuestra historia, es tradición estigmatizar a los jóvenes que superaron la edad escolar y deben insertarse en el mundo laboral. Los sistemas escolares y la educación superior se adjudican mutuamente la responsabilidad del déficit de instrucción que esos jóvenes presentan; no se les abren lugares en el mundo del trabajo, la recreación, el deporte, ni se los dota de los instrumentos necesarios para afrontar la independencia de su familia. No es de extrañar que se trate de una franja etaria altamente vulnerable, que concentra la más alta proporción de desocupación y de personas que pasaron la edad de escolaridad obligatoria sin completarla, en la mayor parte de los países.

Las políticas que se dirigen a la juventud, generalmente, se restringen a programas focalizados en grupos de riesgo o propuestas que despiertan escaso interés. En la Argentina, la prensa opositora se hace eco (definición: sonido que viene de lejos y que se repite penetrando insensiblemente), alterando estadísticas, confundiendo juventud con delincuencia y drogadicción, transformando un delito en mil delitos gracias a las magias de la imagen y a la fuerza del discurso conservador. Insiste en construir una identidad antisocial y delictiva a ciudadanos en los cuales la legislación ha depositado responsabilidades políticas, legales y sociales, y la sociedad excluye y castiga. En realidad, la categoría “jóvenes” ha sido forzada a extenderse mucho más allá de los 24 años, pero si no deja de asombrar la facilidad con la cual se la usa despectivamente en la arena política, al referirla a los ciudadanos que rondan los 20 años, profundiza el efecto buscado: excluirlos de ese terreno y cosificarlos como clientes del salvaje mundo del consumo.

El plan Progresar tiene sustentos ideológicos muy distintos. Ofrece a los jóvenes posibilidades que despiertan esperanzas. Porque solamente ofreciendo alternativas concretas de estudio, de cuidado de la salud, puentes para ingresar al mundo del trabajo y participación política, es dable que aquellos jóvenes sientan que ésta es su sociedad, la cuiden y la amen. Algunas características del Progresar alimentan la confianza de los destinatarios, elemento indispensable para su éxito: el joven cobra en el cajero automático con su tarjeta personal sin intermediarios, no hay lugar para infundios sobre el uso de los fondos; el Estado les ayuda a financiar el transporte mediante una tarifa especial de la tarjeta SUBE; el cumplimiento de los requisitos de educación y cuidado de la salud es indispensable para cobrar el aporte. Hay razones para que se hayan inscripto en el plan cerca de 600 mil jóvenes durante la primera quincena. No es poco para ellos que el Estado se interese por su salud, que en lugar de ponerles la etiqueta de “desertores”, abra nuevas entradas para su inclusión educativa, y que el propio plan prevea su capacitación para una inserción laboral resultante de la capacitación que adquieran.

El plan Progresar demanda ingentes esfuerzos por parte de los organismos públicos involucrados. La Anses, los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Educación tienen por delante retos importantes de gestión y de coordinación para cumplir los nuevos objetivos. El vínculo de trabajo que la gestión actual ha sabido establecer con las provincias en el Consejo Federal de Educación es el vehículo para que los brazos de toda la Nación reciban a quienes harán su futuro.

* Diputada nacional Frente Grande (FpV).