Los diputados Julio Cobos y Miguel Bazze (cercano a Ricardo Alfonsín) salieron ayer a rechazar el anteproyecto del nuevo Código Penal, redactado por una comisión multipartidaria de la que formó parte la UCR, a través del entonces titular de bloque en Diputados, Ricardo Gil Lavedra. Así, dos dirigentes importantes de la UCR en la Cámara baja se plegaron a la posición del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien fustigó la iniciativa, actualmente en manos del Poder Ejecutivo para su revisión y su posterior envío al Congreso. En este contexto, el presidente del partido, Ernesto Sanz, aseguró que los radicales no adelantarán su posición institucional hasta que el anteproyecto no llegue finalmente al Parlamento. “La discusión sobre el Código Penal es un entretenimiento que sólo favorece a quienes no quieren discutir lo verdaderamente importante en materia de seguridad”, señaló Sanz, tratando de moderar el conflicto.

La reforma del Código Penal amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para los radicales. A pesar de haber integrado formalmente la comisión redactora del anteproyecto, surgieron ayer varios dirigentes que criticaron el texto enviado al Ejecutivo. Mientras Gil Lavedra seguía defendiendo la posición de la comisión y criticando a Massa por hacer “oportunismo demagógico” con el tema, le salieron varias astillas del mismo palo.

“El anteproyecto disminuye la intensidad de las actuales penas de prisión en los principales delitos que hoy mantienen en vilo a la sociedad”, afirmó Cobos, quien dijo que el texto está “hecho a medida de los delincuentes”. En un comunicado firmado por los diputados nacionales de la UCR de Mendoza Luis Petri, Patricia Giménez y Enrique Vaquie, el ex vicepresidente consideró que “las penas no sólo tienen por finalidad la resocialización del condenado, sino que también deben garantizar la seguridad de la población, algo que el anteproyecto pareciera haber olvidado”. Pero las críticas no llegaron sólo por los cuatro diputados liderados por Cobos sino también por el alfonsinismo. Aunque reconoció que es necesario “ordenar y sistematizar el conjunto de leyes penales”, Bazze aseguró que el radicalismo “no va a acompañar” una norma que “favorezca la delincuencia y consagre la impunidad”.

En ese contexto, desde el Comité Nacional trataron de patear la pelota hacia adelante y calificaron el tema como un debate “estéril”, que no resuelve el tema de la inseguridad. Sanz consideró positivo que los dirigentes expresen su posición, pero aseguró que la posición partidaria se definirá cuando el proyecto ingrese al Parlamento.