Dos personas reclaman por seguridad. Una de ellas ha sido asaltada. La otra es un político en campaña que reproduce calcado el mismo discurso. Una de las dos está mintiendo y obviamente no se trata de la que ha sido víctima de la inseguridad. El enojo y el dolor, el sentimiento de impotencia y vulnerabilidad ante la violencia que ha sufrido, explica la reacción exaltada, la necesidad y la exigencia de una respuesta inmediata. No solamente la explica, sino que además despierta un sentimiento de identificación y solidaridad en el resto de la sociedad. El político, en cambio, utiliza ese discurso para usurpar el lugar de la víctima, está tratando de capitalizar esa reacción, aunque sabe que lo que sucedió no puede ser reparado, que lo que se haga tendrá efecto mayormente como prevención hacia el futuro, y sabe que aún así será necesariamente en forma parcial y progresiva, porque no puede haber resultados inmediatos.

Los políticos son los primeros en identificarlo cuando uno de ellos está usando la inseguridad como tema de campaña. Cuando una persona ha sido víctima de un delito violento resulta ilógico y hasta cruel tratar de discutir con ella, lo único que se puede hacer es solidarizarse con su dolor y tratar de contenerla. Cuando un político imita el discurso de la víctima está buscando la misma reacción, o sea que cualquier intento de discutir con él sea identificado como un acto desnaturalizado en detrimento de la víctima y a favor de los victimarios.

Esa metodología transmite la apariencia de abordar la problemática de la inseguridad, pero en realidad la está blindando ante cualquier intento de hacerlo y discutirla desde enfoques ciudadanos que puedan traspasar la ilusión de respuestas inmediatas y milagrosas. Y se trata justamente de un problema que requiere la convergencia de miradas diferentes y de una reflexión que pueda superar incluso, en el caso de las víctimas, la ira y el dolor que enturbian más de lo que aclaran.

Es una metodología también que pone en juego las peores herramientas de la política, porque no se motoriza sobre el afán de justicia, sino sobre el temor y el dolor de las personas. Convierte el temor y el dolor en mercancías para la demagogia. Son mecanismos emotivos que han usado los peores tiranos para justificar sus excesos.

Ha sido una práctica habitual de las dictaduras. Lo cual no implica que todos los que las usan sean tiranos, pero se ubican en los niveles más bajos de calidad cívica donde la carga demagógica y emotiva es tan fuerte que obstaculiza y ensucia la posibilidad del debate democrático. El debate es instalado en un terreno pantanoso, en una situación similar a la de alguien que tratara de imponer racionalidad en una turba futbolística.

La oposición reculó en bloque cuando detectó que Sergio Massa usaba estos mecanismos para embestir contra la reforma del Código Penal, en la que varios de sus miembros habían participado como parte de la comisión multisectorial que trabajó durante dos años. No le importaron los argumentos ni si era necesaria la reforma ni desautorizar a dos de sus figuras más prestigiosas, el radical Ricardo Gil Lavedra y Jorge Pinedo, del PRO, con tal de zafar rápidamente y dejar solo al oficialismo. La Coalición Cívica se había negado a integrar la comisión multisectorial porque no concibe que pueda existir la necesidad de consensos que incluyan al oficialismo.

La reforma del Código no se ha plasmado todavía como proyecto. No se ha llegado a discutir ni a presentar. Más allá del ámbito del derecho y la Justicia no se entiende la importancia del tema, por qué es necesario y por qué requiere consenso más que aprobación por mayoría y minoría y mucho menos entienden los aspectos técnicos. Se trata de un debate no nato y toda la campaña de Massa ha sido justamente para impedirlo.

La consigna principal de esa campaña ha sido que la reforma del Código está pensada para favorecer a los delincuentes y no para proteger a los ciudadanos. El rechazo del debate, la forma extremista como está planteada y el momento en que se lanzó muestran más la urgencia de Massa de recuperar espacio para sostener su candidatura presidencial para el 2015 que preocupación por la inseguridad.

Hay periodistas que vienen repitiendo que Massa ocupa el primer lugar en encuestas que nadie ha visto. Ha sido siempre la forma de Massa para instalarse como candidato. Pero las primeras encuestas que aparecieron mostraron a Daniel Scioli por delante de Massa, que a su vez tiene problemas para retener al voto conservador no peronista que tiende a migrar tras la candidatura de Mauricio Macri. Además, la estrategia del ex intendente de Tigre apuesta a mostrar una imagen ganadora para traccionar dirigentes del peronismo. Es más difícil hacerlo si aparece segundo, tercero o cuarto a nivel nacional en las encuestas.

La embestida furiosa contra la reforma del Código está más relacionada con esa necesidad electoral del massismo que con una preocupación real sobre el tema. Básicamente porque la esencia de la reforma en realidad es la unificación de legislación que ya existe y que se fue superponiendo a lo largo de décadas. Lo nuevo que se agregue seguramente tendrá un tratamiento diferente. Como gran parte de esa base electoral conservadora no peronista en disputa es radical o macrista, con esta maniobra Massa trató de dejar emblocados a la UCR y al PRO con el oficialismo.

La reforma del Código fue asumida por una multisectorial porque se trata de normas que encuadran la convivencia de la sociedad en su conjunto y que por consiguiente exceden al pensamiento de una sola fuerza política, sea del oficialismo o de la oposición. La CC despreció la participación en esa tarea y el Frente Renovador no existía cuando se formó la comisión. Las fuerzas de oposición que se incorporaron junto con juristas y expertos asumieron esa responsabilidad cívica porque entendieron la importancia del tema y no para secundar al oficialismo. Fue una actitud elogiable que se desmereció ahora con el apresuramiento a desdecirse ante la ofensiva demagógica del Frente Renovador.

Massa adelantó los tiempos electorales porque necesita retener su base electoral y está obligado a mantener autoinflada una imagen ganadora para atraer a otros dirigentes del peronismo. Los partidos de oposición plantearon entonces que no es el momento para discutir la reforma del Código, con lo que un tema de fondo fue finalmente postergado por un juego político que adelanta la competencia electoral.

De todos modos, el uso de soluciones mágicas, absolutas e inmediatas para problemas complejos durante una campaña electoral es un recurso de baja calidad. Esta campaña ubica al Frente Renovador como un heredero del viejo peronismo menemista, con las mismas artimañas que se le han cuestionado a la vieja estructura del PJ bonaerense. No hay ninguna renovación en ese sentido, sino por el contrario, la repetición de viejas mañas.

El problema de la inseguridad no se resuelve con la reforma del Código Penal y menos con su rechazo, pero su debate forma parte de un proceso para buscar soluciones e incluso para agilizar el ejercicio de la Justicia al facilitar el trabajo de los jueces. Usurpar el discurso de las víctimas con fines electorales es un recurso puramente demagógico y como tal siempre tendrá un efecto contrario al que dice perseguir. Las consecuencias de llevar al extremo ese discurso han sido, entre otras frustraciones, Aldo Rico como jefe de la Bonaerense y Juan Carlos Blumberg como legislador ad hoc. En todo caso, el problema de la Justicia y la inseguridad tendría que ser más importante que la circunstancia de una disputa electoral.