Con testimonios que lo acusaron de hacer oídos sordos a hábeas corpus que en los ’70 pedían por hombres y mujeres desaparecidos, y de reaccionar 30 años después (y mal) frente a los Juicios por la Verdad, la alternativa de memoria, verdad y justicia a la mordaza de las leyes de impunidad, comenzó ayer el jury al juez federal de Mar del Plata Pedro Federico Hooft, suspendido en sus funciones desde hace un año por estar acusado de participar en delitos de lesa humanidad. El Jurado de Enjuiciamiento organizado para analizar el desempeño de Hooft durante el terrorismo de Estado escuchó al juez del Tribunal Oral Federal de la ciudad balnearia Mario Portela y a otros tres testigos en la primera jornada del proceso, que se desarrollará los lunes, martes y miércoles en la Corte Suprema bonaerense.

Pasadas las 10 de ayer, y luego de rechazar por unanimidad las nulidades pedidas por la defensa del magistrado, no hacer lugar al pedido de paralización de la causa y al planteo de Hooft de ser oído en la audiencia, el jurado presidido por el ministro de la Corte Suprema de la provincia, Juan Carlos Hitters, e integrado por jueces, diputados y senadores provinciales, retomó el proceso que había comenzado en 2006, pero había entrado en suspenso debido a recusaciones y excepciones propuestas por el acusado. Las actuaciones habían llegado inclusive a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El desempeño del juez marplatense en su cargo durante los años de terrorismo de Estado fue puesto en duda por una denuncia del ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y organismos de derechos humanos, que lo vincularon con delitos de lesa humanidad. Ayer, Portela testimonió sobre su “inacción” frente al secuestro de Jorge Candeloro y su esposa Marta García, uno entre un número nutrido de abogados y juristas marplatenses desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar argentina.

“No los conocí, pero tuve noticias de su secuestro”, reconoció. “Supe que se había ido al sur y después me enteré, en el Juicio por la Verdad, todo su trayecto, que fueron detenidos en Neuquén y después los trasladan en avión a Mar del Plata, según expuso su padre, donde presenta un hábeas corpus”, explicó. “No se logró nada” con ese recurso, reconoció. “Pero después el juez Hooft dio un informe en donde decía que el doctor Candeloro había sido abatido al intentar huir de un auto en movimiento. Esto lo conocen los padres recién en el año ’80. Y su cuerpo no se pudo recuperar nunca, es un desaparecido”, apuntó. “Me llamó la atención que cuando se presenta un hábeas corpus de que hay un matrimonio detenido, y después uno diciendo que uno de los integrantes fue abatido, al ver tiempo después a la mujer de Candeloro, Hooft no tome una actuación al respecto”, dijo.

El juez federal también destacó la reacción de Hooft frente a los juicios por la Verdad, la antesala de los juicios por delitos de lesa humanidad que pudieron iniciarse tras la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. “Tuvimos una reacción muy fuerte desde el juzgado que presidía Hooft contra el Juicio por la Verdad en Mar del Plata”, sostuvo Portela. El magistrado dijo que desde la secretaría del juzgado a cargo del juez en jury y por parte del entonces procurador de la Corte provincial, Eduardo de la Cruz, “se inventaron supuestas vinculaciones mías y de otros jueces y fiscales con la prostitución en Mar del Plata”. “Siempre se acusó al tribunal y al fiscal de diversas cuestiones, como por ejemplo de llamar a prostitutas en Mar del Plata, y eso se difundía en el diario La Capital y repercutía en muchos lugares, se decía que mi teléfono y el de otros integrantes se usaban para ello”, denunció.

Carlos Bozzi, un sobreviviente de la represión, también aseguró que en el juzgado de Hooft no se trataban los hábeas corpus de víctimas de la represión. El abogado había sido secuestrado junto a una pareja de colegas en junio de 1977. “Un día me dicen que me van a liberar y me dijeron que si declaraba tuviera en cuenta lo que yo dijera. Y que no buscara a Tomás y a su esposa, y que si yo no cumplía con eso iban a matar a mi hija.” Contó también las actuaciones realizadas por su familia para dar con su paradero: “Mi esposa inició un hábeas corpus en el juzgado de Hooft, fueron a preguntar si había novedades, pero no tuvieron respuesta”.

María Eva Centeno testimonió sobre el secuestro y la muerte de su papá, Norberto Centeno, un abogado laboralista marplatense secuestrado el 6 de julio de 1977 y cuyo cuerpo apareció unos días después. Recordó que presentó un hábeas corpus en el juzgado de Hooft cuando su padre desapareció y que nunca pudo ver el expediente tras la muerte de su padre. “En la mesa de entrada del juzgado me dijeron que el hábeas corpus firmado por mi madre no servía y que debía tener el patrocinio de un abogado”, recordó. Consiguió que el escrito lo firmara una colega de su padre, Cristina López Paz, quien será una de las testigos de hoy en el jury.