EL PAíS › EL ACTO A 22 AñOS DEL ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA DE ISRAEL
El reclamo por el esclarecimiento del atentado de 1992 y la acusación de la comunidad judía contra Irán fueron los planteos centrales de la manifestación realizada en el lugar donde estuvo la embajada. La consigna fue “Aquí hubo vida”.
› Por Raúl Kollmann
El acto por el 22º aniversario del atentado contra la Embajada de Israel reiteró los dos aspectos centrales planteados desde casi el principio: el reclamo por el esclarecimiento y la acusación de Israel y la comunidad judía argentina contra Irán, al que le atribuyen la autoría material e intelectual del ataque. La concentración de ayer se llevó a cabo en el predio donde estuvo la embajada, Arroyo y Suipacha, y tuvo como oradores centrales al encargado para América latina de la cancillería israelí, Itzhak Shoam, y a la embajadora Dorit Shavit, así como a Carlos Susevich, el papá de Liliana, muerta en el atentado. La consigna del acto fue “Aquí hubo vida”.
Como es usual, a las 14.50, hora del atentado, sonó la atronadora sirena que llama a recordar a las víctimas. De inmediato se leyó el listado de los que murieron aquel 17 de marzo de 1992: la nómina es de 22, pese a que hay autoridades comunitarias y medios que siguen hablando de 29, una cifra que fue descartada por la única investigación seria que se hizo y que estuvo a cargo del secretario penal de la Corte Suprema, Esteban Canevari. Tanto Shoam como Shavit hicieron eje en la necesidad de la lucha contra el terrorismo y le pidieron a la comunidad internacional y a la Argentina que se unan contra Irán, señalado como responsable de financiar las operaciones terroristas. Se trató de un tiro por elevación contra el memorándum firmado por Argentina e Irán, pero además en tiempos en que también Estados Unidos y las principales potencias acordaron con Teherán un plan de limitación al desarrollo nuclear.
Estuvieron presentes en el acto el ministro de Justicia, Julio Alak; el vicecanciller Eduardo Zuaín, la titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio; los legisladores de la oposición Ernesto Sanz y Hermes Binner y el diputado del PRO rabino Sergio Bergman. En la plaza seca, construida en honor a las víctimas, se colocaron ofrendas florales del gobierno porteño y del gobierno nacional.
“Una vez más debo decir que a lo largo de estos 22 años sólo hemos sido escuchados por el actual gobierno –dijo Carlos Susevich, en nombre de las víctimas–. Nuestro compromiso es con la Justicia verdadera y real que castigue a los ejecutores y encubridores del ataque. Hoy no es un día de festejo sino de frustración, porque a 22 años no hay culpables ni detenidos ni procesados ni condenados, malditos emisarios de la intolerancia y la muerte, ni para los nefastos socios de la infamia: los encubridores.” En esta última lista incluyó a políticos, funcionarios y policías.
Susevich agradeció al oficialismo y a todos los bloques de oposición porque votaron por unanimidad la ley de resarcimiento a las víctimas. La aprobación se concretó en 2012, cuando se cumplieron 20 años del atentado, mientras que en el caso de la AMIA, el Senado lo aprobó también por unanimidad en 2011, pero la Cámara de Diputados ni siquiera trató el proyecto que tiene media sanción. El presidente Néstor Kirchner firmó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un acuerdo con las víctimas agrupadas en Memoria Activa por el cual la Argentina se responsabilizó por no prever el atentado ni investigarlo como corresponde.
“Hoy, a 22 años, podemos hablar de memoria, pero no de verdad y justicia –dijo el ministro Alak tras el acto–. Este atentado y el de la AMIA son dos cicatrices muy profundas que tiene la República Argentina en su corazón. En los primeros meses de la investigación hubo errores que generaron dificultades en el avance. Aun así, siempre pensamos que la justicia tarde o temprano llega.”
La realidad es que, en el caso de la embajada, la nebulosa es total. No se sabe casi nada del atentado. La Corte dictaminó que hubo un suicida y que el ataque se perpetró con una camioneta comprada con un documento brasileño falso a nombre de un tal Ribeiro Da Luz. El vehículo fue vendido por una agencia de autos usados de la avenida Juan B. Justo y perteneció a un fotógrafo policial. Se pagó con dólares en efectivo que, para la Corte, provenían del Líbano. De lo esencial, no hay datos. Ni quién pudo ser el suicida ni cómo entró al país, ni quién lo ayudó, ni de dónde salieron los explosivos.
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