Se huele en los entretelones gubernamentales. Es muy posible que ocurra. Se percibe, aparece en los chismes y ya es parte de un clima. Sería un paso lógico si la intención del Poder Ejecutivo es saldar deudas con la sociedad y cumplir con la letra del decreto que él mismo concibió, que prevé “diversidades de género” en la integración de la Corte Suprema. Un importante funcionario del Ministerio de Justicia lo confirmó a Página/12: “Se puede decir con una alta probabilidad que será una mujer la candidata para reemplazar a (Eduardo) Moliné O’Connor. No puedo precisar quién, pero será una mujer”. El Gobierno ya analiza algunos nombres.
Como ocurrió con Eugenio Raúl Zaffaroni, la elección de la posible jueza de la Corte será pura y exclusivamente manejada por Néstor Kirchner. Lo que saben los funcionarios que revolotean a su alrededor, así como los legisladores que mejores lazos tienen con él, es que en los últimos días el Presidente estuvo chequeando antecedentes y perfiles de varias mujeres de la Justicia y que prácticamente ya se decidió al menos por una. Igual intentan aplacar un poco las expectativas al recordar que al Presidente “le gusta desconcertar con el factor sorpresa” y que –algo que es cierto- el listado de postulantes varones ya lo tenía estudiado.
Para el Gobierno, dicen en Justicia, “sería deseable” encontrar una postulante que además de satisfacer la cláusula del Decreto 222 (de autolimitación del Ejecutivo en la designación de jueces de la Corte) que propicia diversidades de género, también complete el mapa supremo con pluralidad de “especialidades” entre los jueces y “procedencia regional”. A la vez reconocen que eso “no es tan fácil” y que intentan bajar las pretensiones abriendo el espectro a varias alternativas.
Cuando el ex supremo automático Julio Nazareno estaba al borde del abismo, la jueza experta en derecho civil Aída Kemelmajer de Carlucci, del Supremo Tribunal de Mendoza, lideraba encuestas para reemplazarlo y aparecía como una candidata natural para ir a la Corte. En el ínterin, las publicaciones y canales de televisión controlados por el ex banquero Raúl Moneta, el empresario Daniel Vila y el ex ministro del Interior de Carlos Menem José Luis Manzano, comenzaron una campaña basada en datos falsos contra la magistrada. El ataque no fue casual: Kemelmajer firmó fallos contrarios a sus intereses. Igualmente el análisis de su nombre en la Casa Rosada se realizó al margen de la campaña.
La camarista Civil Elena Highton de Nolasco, de 60 años, es otra de las nominadas. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, docente de Derecho y trabaja en mediación. Se la reconoce como una jurista de perfil conservador. La respaldan instituciones, como la asociación civil Fores, que figura entre las que más criticaron a Zaffaroni. En un reportaje publicado por el diario La Nación dijo que si le ofrecieran un lugar en la Corte “aceptaría”.
También integra el ranking Carmen Argibay, de 63 años, ex jueza del tribunal oral Criminal Nº 2 de Capital Federal y desde comienzos de 2002 miembro del Tribunal Penal Internacional para los Crímenes de Guerra en la ex Yugoslavia. Fue la primera argentina en ingresar a ese tribunal con 126 votos (30 más del mínimo requerido). Siempre se la identificó como defensora de los derechos humanos y referente entre las asociaciones de mujeres del Derecho. Había ingresado a la Justicia en 1974, fue echada por la dictadura y estuvo por entonces detenida durante nueve meses. Con la vuelta de la democracia llegó a ser jueza de Cámara. Una de las dudas que presenta para el Gobierno su postulación es que su especialidad, penalista, es la misma que la de Zaffaroni y que su incorporación al TPI es reciente.
La actual jueza del Superior Tribunal de la provincia de Buenos Aires,Hilda Kogan, también despierta interés en el círculo presidencial. Se trata de una especialista en derecho laboral, de origen radical, antes jueza de primera instancia de la Seguridad Social. También es docente en la UBA y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas. Kogan suele reivindicar “el contacto del juez con el ciudadano”, “la inmediatez” en ese vínculo, según dijo en una entrevista publicada en este diario.
Otra de las damas en vista es Berta Kaller de Orchansky, especialista en derecho internacional privado, ex decana de la Facultad de Derecho de Córdoba y miembro del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia. Es una jurista que goza de prestigio, y que ya el año pasado era impulsada como candidata por un grupo de senadores del PJ para ocupar el lugar que dejó vacante el ex ministro Gustavo Bossert, finalmente reemplazado por Juan Carlos Maqueda.
Aunque en un segundo plano, otras mujeres notables del ámbito de la Justicia se cuelan entre los rumores. Dos ejemplos: Alicia Ruiz, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y antes jueza del fuero laboral, y Lucila Larrandart, jueza de un tribunal oral bonaerense y vicedirectora del Departamento de Derecho Penal y Criminal de la UBA.
Todo hace pensar que hasta que el Senado no avance al menos con la suspensión de Moliné O’Connor, algo que seguramente ocurrirá en septiembre, la elegida definitiva no saldrá a la luz. Todavía, algunos hombres del bloque del PJ con diálogo con el Ejecutivo dicen que siguen dando vuelta candidatos masculinos como el penalista Esteban Righi, ex ministro del Interior de Héctor Cámpora, el constitucionalista Daniel Sabsay, el decano de Derecho (UBA), Atilio Alterini o Francisco Roncoroni, de la Corte bonaerense. En la cartera de Justicia insisten con que para la próxima vacante se propondrá una dama. En los próximos días el Gobierno acordará con diputados de la Comisión de Juicio Político cómo sigue la “limpieza” en la Corte, lo que hace pensar entonces que habrá lugares para cubrir con personajes de distintos colores.