La Policía Metropolitana, y con ella el gobierno de Mauricio Macri que les pone abogados a sus agentes, fracasaron en un intento de complicar el esclarecimiento de los asesinatos durante el desalojo del Parque Indoamericano, ocurrido hace ya casi tres años y medio. En la recta final de la causa recusaron por supuesta “enemistad manifiesta” con la policía porteña al fiscal Sandro Abraldes, quien actúa desde el inicio del caso en diciembre de 2010. Pero la jueza Mónica Berdión de Crudo avaló y confirmó la actuación de la fiscalía en una resolución que le impone las costas del trámite a la fuerza porteña y, además, incluye una defensa contundente de la difusión pública a través de los medios de comunicación de las novedades que se producen en “la marcha de un proceso en el que se ventilan cuestiones de gravedad”, como éste.

La chicana de los abogados de la Metropolitana se produjo en momentos decisivos para el expediente y, de hecho, su sólo planteo consiguió posponer la indagatoria del jefe policial Eugenio Burzaco, que debió hacerse hace dos semanas y será finalmente el próximo jueves, 3 de abril. También llevó a prorrogar la definición sobre los pedidos de procesamiento de los policías presentados por el fiscal y por las querellas que representan a las familias de Rosemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro, los jóvenes asesinados el 7 de diciembre de 2010, en extremos opuestos del Indoamericano, pero con proyectiles casi idénticos provenientes de escopetas policiales.

Si bien están imputados agentes que pertenecen tanto a la Metropolitana como a la Policía Federal, Abraldes atribuyó los asesinatos específicamente a los porteños, a quienes sumó como responsables a tres jefes de la Policía Federal (Hugo Lompizano, Juan Quintero y Emilio Miragaya). El delito en juego es homicidio en agresión (con penas de uno a seis años), que se aplica cuando varios agresores intervienen pero no se puede establecer cuál de ellos disparó. Ahora, en una nueva estrategia, los abogados de la fuerza porteña agregaron una presentación donde piden una extensa lista de medidas de prueba que apuntan, en esencia, a trasladar la culpa por las muertes a la Federal.

La fiscalía sostiene que hubo un operativo conjunto entre ambas fuerzas y una mesa de operaciones, desde donde Burzaco daba instrucciones a los policías. Pero los disparos mortales propiamente dichos, sostienen los investigadores en base a filmaciones y testimonios, salieron de la Metropolitana, en particular de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM). Su funcionamiento como grupo de choque ya fue visto en otros conflictos sociales, donde incluso se repiten los personajes policiales y jamás se buscaron salidas dialogadas ni a los problemas de fondo. Pasó con la represión en el Hospital Borda, en la autopista Illia, en la Sala Alberdi del Teatro San Martín, en el Parque Centenario.

La recusación de Abraldes y de la fiscal ad hoc Nuria de Ansó llegó después de que el juzgado de Berdión de Crudo terminara con las indagatorias a 57 hombres de la Metropolitana y 11 de la Federal y cuando ya el fiscal y los familiares de los muertos habían pedido procesar a la mayoría de ellos. Los metropolitanos siguen todos en funciones. De los federales, siguen en sus cargos los imputados por abuso de armas mientras los jefes fueron desplazados. Abraldes es el fiscal del caso desde el comienzo del expediente, pero recién ahora los abogados perecieron advertir que guarda un “encono” hacia la policía de Macri.

El pedido para apartarlo está basado en esa supuesta “enemistad”, pero también acusa a la fiscalía de ser arbitraria al intentar dejar detenido al ex titular de compras del gobierno porteño Lisandro Greco por falso testimonio, cuestiona el allanamiento en esa dependencia donde se rastreaban compras presuntamente ocultas de balas de plomo, le achaca la difusión en los medios de lo que sucede en la causa, no respetar el principio de inocencia y haber tenido una actitud persecutoria y violatoria de la intimidad durante la indagatoria de uno de los policías imputados, Ricardo Picart, a quien Abraldes le pidió que le mostrara su tatuaje y le preguntó si entendía lo que dice: “One shot, one kill”. La traducción literal podría ser “un disparo, una muerte”, lo que connota es un disparo a matar.

La audiencia por la recusación, que se hizo la semana pasada, estuvo plagada de contrapuntos entre Abraldes y los abogados de la Policía Metropolitana que asistieron, Julián Curi, Santiago de Jesús y Federico Sottile. Para mostrar que no tiene ni enemistad ni amistad con ninguno de los policías imputados, el fiscal llevó ejemplos no sólo de policías cuyo sobreseimiento pidió en esta causa, sino en otras. Como ejemplo de respeto al principio de inocencia, recordó que avaló la libertad del policía Enzo Fabián Alvarez, acusado de matar con un disparo a menos de 50 centímetros a Bruno Pappa cuando intentó asaltarlo.

Mientras los defensores le reprochaban la “constante publicación de actos procesales en los medios masivos”, Abraldes dijo que era indudable el “interés público” que habían generado los sucesos y que los abogados parecen ignorar “la dimensión de los medios”. Eso, señaló, al margen de que la ley de ministerio público impone el deber de informar a la máxima autoridad, lo hicieron con Esteban Righi y con Alejandra Gils Carbó, y que él es ajeno a lo que se publica en la página sobre causas de la Procuración. También defendió el allanamiento y el pedido para que Picart mostrara el tatuaje que, aseguró, no pretendió “mortificarlo” sino que considera un “elemento relevante” para evaluar la culpabilidad en este caso.

La jueza, finalmente, resolvió la última semana rechazar la recusación, partiendo de que “la enemistad” tiene que ser “personalizada”, derivada de una relación personal, pero no dirigida a una persona jurídica como la policía en general. Avaló todas las explicaciones de Abraldes. Dijo, también, que los fiscales deben ser “objetivos y leales” en su actuación, pero no tienen un deber de “imparcialidad” como los jueces. Y, como broche, recordó que la Constitución consagra “el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno” para que puedan “ser controlados”. “Los medios de comunicación y de difusión resultan ser canales válidos para permitir tal ejercicio cívico, al transmitir a la ciudadanía la marcha de un proceso en el que se ventilan cuestiones de la gravedad que revistan aquellas materia de investigación” en la causa del Indoamericano. En definitiva, concluye la jueza, a los fiscales los recusan porque pidieron procesamientos.

Nadie descarta que los metropolitanos contraataquen y apelen ahora el rechazo a la recusación. Antes, de todos modos, hicieron una extensa presentación que intentan cargar los disparos mortales a la Federal, aferrándose a testimonios de personas que vieron a los uniformados de esa fuerza en la zona desde donde mataron a Chura Puña y Salgueiro, aunque en horarios que no coinciden con las muertes, momento en que sí estaba presente la Metropolitana en esos puntos clave. El escrito muestra cierta inquina con el fiscal Abraldes a quien le atribuyen la “construcción de un relato” e irónicamente lo comparan con el lingüista Ferdinand de Saussure. Es la táctica para seguir pateando las definiciones hacia adelante y evitar que se establezca la verdad sobre los muertos y heridos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (de la querella de Chura Puña) ha señalado varios obstáculos del gobierno porteño a la investigación, como la falta de respuesta o la imprecisión en datos sobre el personal y el armamento utilizado, sin contar que el ministro Guillermo Montenegro insiste con que no se usaron balas de plomo.

En el fondo, es una política similar a la que han aplicado las autoridades de la Ciudad sobre el problema de vivienda que hay de fondo: para desactivar la toma aquel verano de 2010 terminaron ofreciendo un acuerdo que prometía resolver el problema habitacional, pero hoy está todo igual que en aquel entonces, lo que explica el descreimiento que tienen hoy los vecinos que protagonizan la ocupación en la Villa 20, frente al Indoamericano.

Mientras tanto, esta semana, en teoría, declara como sospechoso Burzaco, el hombre PRO de más alto rango involucrado en las muertes producto del accionar policial.