El 25 de mayo será una fecha histórica también para Ucrania, pues están

programadas para ese día las elecciones presidenciales que podrían permitir el inicio del diálogo que necesita la nación ucraniana.

La trascendencia de estas elecciones se ve realzada por las dificultades institucionales y un contexto de confrontación que escaló hasta los hechos violentos de principios de febrero, que llevaron a la muerte a cerca de ochenta personas y la caída del presidente constitucional. En el corto período que siguió se adoptaron, entonces, una serie de decisiones, sin por ello cambiar el clima de altísima tensión que vive ese país.

Mucho se ha escrito sobre la legalidad de decisiones tomadas por un gobierno cuyo acceso al poder se debió a una ola de violencia. Mucho se escribió también sobre la legalidad de una consulta popular que había sido convocada en Crimea para decidir sobre el futuro de esa región. Las explicaciones giraron siempre alrededor de la interpretación de las normas ucranianas que estaban en juego.

Estas interpretaciones, efectuadas desde distintos países, no eran académicas. En su mayor parte tampoco eran independientes de los intereses de los países u organizaciones internacionales que las hacían. Es sabido que, en la génesis de esta crisis, un factor importante fue la división de opiniones dentro de Ucrania sobre el camino a seguir en negociaciones planteadas simultáneamente con la Unión Europea y la Federación Rusa; con claros alcances políticos, económicos y sociales, no sólo para Ucrania sino para toda esa región.

El pasado 15 de marzo, se planteó ante el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución en un momento de la crisis en la que parecía altamente probable que la situación fuera escalando hacia hechos de violencia. Era necesario que el Consejo diera el mensaje claro de que correspondía a Ucrania resolver sus asuntos internos y también que la comunidad internacional tenía una responsabilidad.

Esta responsabilidad era, y sigue siendo, velar porque los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se respetasen, en éste como en todo momento, en particular teniendo en cuenta los hechos de violencia que habían tenido lugar y el potencial peligro de que la situación se agravara e involucrara otras partes de Europa. También lo era adherir estrictamente al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el objetivo de promover la paz y la seguridad internacionales, absteniéndose de actos unilaterales que fueran en camino contrario. Esta era la filosofía general del mencionado proyecto y a ello se le dio prioridad para decidir votar a favor.

Es cierto que ese proyecto también contenía elementos que se juzgaron inconvenientes y contradictorios. Por ejemplo, al tiempo que se reafirmaba la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania, el texto se pronunciaba sobre la legalidad del referéndum en Crimea. Una clara injerencia política en un asunto interno de Ucrania. Al momento, sin embargo, para Argentina fue suficiente hacer una salvedad sobre este punto al explicar nuestro voto positivo.

Menos de dos semanas después se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un texto muy parecido al considerado por el Consejo de Seguridad. El texto era similar, el contexto político había cambiado.

Lejos de apegarse a las normas internacionales, promover el diálogo entre los diversos interesados y buscar apoyar a Ucrania a canalizar sus dificultades internas por medios pacíficos, varios actores internacionales siguieron insistiendo en obtener ventajas para sus propias aspiraciones. Se hicieron declaraciones, se realizaron amenazas, se firmaron acuerdos políticos y comerciales, se decretaron sanciones económicas unilaterales y fuerzas militares entraron en operaciones. En otras palabras: se intervino en los asuntos internos de Ucrania por medios políticos, económicos y militares a la vez que se escalaba en el clima de confrontación internacional.

El declarado respeto al derecho internacional fue adaptado por los países que mayor influencia podían tener sobre la crisis a sus necesidades geopolíticas, buscando avanzar sus propios intereses sin importar el efecto que ello podía tener en la búsqueda de un clima de compromiso, imprescindible para alcanzar una salida pacífica a la crisis ucraniana. Por ello, en diversas oportunidades el gobierno argentino advirtió sobre el claro doble estándar de los varios miembros de la comunidad internacional que así procedían. Una y otra vez nuestro país llamó a no interferir en los asuntos internos de otras naciones y a respetar la integridad territorial, pero a cumplirlos como principios universales y no como herramientas geopolíticas.

En este clima, el proyecto de resolución que se planteó a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de marzo ya no buscaba un mensaje que pusiera fin a una potencial escalada de violencia. Fue presentado y explicado como una demostración de apoyo, pero no sólo a las normas del derecho internacional, sino de alineamiento con una lectura parcial y sesgada del desarrollo del conflicto. En ese sentido, planteaba la revitalización de un concepto de división de la comunidad internacional en bloques de influencia. Una concepción de relaciones internacionales basadas en el poder de la que fuimos víctimas directas los pueblos de América latina, Africa y Asia, en un pasado no lejano que debemos dejar atrás. En nuestro análisis, el voto positivo o negativo contenía una indisimulada expresión de alineamiento propio de la Guerra Fría.

Durante el proceso de negociaciones, Argentina propuso que si el tema era el respeto a la integridad territorial se mencionen todos los territorios cuya soberanía se encuentra disputada de acuerdo a las Naciones Unidas. No fuimos escuchados pero sí presionados para imponernos el texto finalmente adoptado. Así las cosas, la Argentina se abstuvo y durante el debate reiteró su apego a los principios de no injerencia y respeto a la soberanía territorial en todos y cada uno de los casos. ¿Cómo hubiesen votado las potencias si la resolución incluía la lista solicitada por nuestro país? Argentina hubiera votado a favor.

Por eso no debe extrañar que, al igual que los demás miembros fundadores del Mercosur y la mayoría de los integrantes de la Celac, nos hayamos abstenido u opuesto a la resolución en cuestión.

La Cuestión Malvinas, punto de antagonismo con una potencia militar y miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha contribuido a hacer de nuestro país un reconocido y activo defensor del Derecho Internacional Público y de los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente del Principio de Integridad Territorial. Es desde este lugar que denunciamos el doble estándar que aplican los países más poderosos de dicho principio, invocado a veces, olvidado otras tantas. Haber apoyado una resolución que invocaba un principio pero acarreaba otros intereses hubiese sido una burla a nuestra honrosa tradición. Sería una mancha en la defensa de nuestra soberanía.

Es así que desde el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner seguiremos denunciando en todos los foros multilaterales que el uso de estos principios para promover objetivos coyunturales de unos u otros nos aleja de la construcción de un destino común, de un mundo en paz y de una comunidad internacional basada en el respeto.

* Canciller.