Una novedad lamentable

Por Jorge Rivas *

El Código Penal que nos proponemos reformar fue sancionado hace casi un siglo, en 1921, y ya fue sometido a más de 900 modificaciones parciales, por medio de leyes especiales. Pero en las últimas décadas resultó brutalmente adulterado, como consecuencia de que un criterio visceral y reaccionario se instaló en el sentido común de buena parte de nuestro pueblo y de la mayoría de los legisladores: se supuso erróneamente que aumentando la escala de penas de los delitos de manera absolutamente arbitraria se iba a mitigar la creciente inseguridad. El resultado está a la vista. Se destrozó el Código Penal, y por supuesto no se consiguió por ese medio nada parecido a la disminución del delito. Hoy por hoy, sus disposiciones se han vuelto tan contradictorias que su razonable aplicación descansa únicamente sobre la prudencia y la buena fe de los jueces.

Así que cuando la Presidenta, en la Asamblea Legislativa, anunció que durante este año iba a enviar al Congreso el proyecto de reforma integral del Código, a muchos legisladores nos entusiasmó la idea. Es la oportunidad, no sólo de reparar tanto desatino legislativo, sino también de sancionar un Código Penal moderno. Eramos conscientes de que la iniciativa iba a generar controversias, pero también suponíamos que ya nadie iba a volver a confundir con políticas de seguridad la decisión de darle coherencia al Código.

Habría sido una ingenuidad, por otra parte, creer que la sociedad se iba a mostrar indiferente ante una reforma que no sólo atañe a los juristas, sino a todos. Precisamente por eso es el Congreso de la Nación el que debe sancionarla. En cualquier sociedad democrática del mundo se habría producido un debate amplio. Hubo aquí, no obstante, al darse a conocer el Anteproyecto, un comportamiento novedoso. Lo constituyó la reacción de los dirigentes del novel Frente Renovador, y el lamentable contagio que produjo en algunos exponentes del resto de las fuerzas opositoras.

Y lo novedoso no radica en la crítica al texto en sí, ni a quienes integraron la comisión redactora, ni en el lugar reaccionario en el que los impugnadores han elegido pararse, ni en su miserable actitud de utilizar una cuestión de Estado para hacer política berreta. Tampoco resulta original que ellos mientan con descaro, ni que se recuesten sobre un equivocado sentir popular para ganar posiciones con el apoyo de las grandes empresas de medios y de algunos comunicadores estrellas. De hecho, estas cosas forman parte de nuestro paisaje político cotidiano.

La lamentable novedad se encuentra en el hecho de que los diputados del Frente Renovador, adictos al demagógico desborde punitivo, y deseosos por lo tanto de cerrar el paso a una reforma que “defiende a los delincuentes”, aspiran a juntar firmas con el objeto de “evitar que la iniciativa se trate en el Congreso”. Es decir que por primera vez en más de treinta años de democracia plena, los legisladores de una fuerza política les piden a sus votantes que los releven de su obligación de debatir en el Congreso, función para la que fueron electos. Esas minorías que se llenan la boca defendiendo las instituciones y luego desconocen sin pudor las más elementales reglas de la vida democrática ofrecen un espectáculo por lo menos desolador. Nada que pueda ser resuelto mediante las normas penales.

* Diputado socialista del bloque del FpV.

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Una convocatoria histórica

Por Alejandro Poquet *

Borges estaba convencido de que cualquier cosa del universo puede ser un estímulo para el pensamiento. Se equivocó. Existen cosas que no han sido puestas en el mundo para pensar, por el contrario, fomentan convencionalismos atrapados en slogans que, con la rapidez y efectividad de la propaganda comercial, invaden el consciente colectivo afectando el buen gusto y el sentido común. El anteproyecto de Código Penal recientemente dado a publicidad es una de esas cosas hostiles al pensamiento, al ejercicio crítico de la razón, al estímulo que convoca a la verdad colectiva con legitimidad y futuro democráticos.

Casi nadie lo ha leído, pero todos ya opinaron con autoridad de sentencia y ánimo inapelable, algunos antes de que se publicara el texto completo, con la sola filtración mediática de títulos, la escandalosa omisión de fantasmas penales como la reincidencia y la peligrosidad, y las desvergonzadas disminución de penas y derogación de delitos, en contra del vigor represivo que le demanda la realidad violenta a una política penal intolerante, con cero delito en su programa de gobierno. Lo finalmente fatal para el pensamiento colectivo y el anteproyecto es que unos pocos salieron a defenderlo in totum con la misma fe (sin lectura previa) que la de los escandalizados y avergonzados.

La Comisión trabajó más de un año y medio en el proyecto de reforma al Código Penal, con la presidencia de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y representantes de distintas fuerzas políticas nacionales, recopilando la opinión de decenas (sí, leyó bien, decenas) de especialistas, incluso del director de un prestigioso instituto extranjero, academias, asociaciones de profesionales y magistrados, universidades nacionales y provinciales, organismos internacionales y nacionales oficiales y no gubernamentales, procesando, además, aportes espontáneos y más de cuatrocientos e-mails con las más diferentes propuestas y sugerencias, las cuales fueron individualizadas y sistematizadas por temas y en cuadros gráficos.

Esta información meramente introductoria (de, también, decenas de páginas) es de inestimable utilidad política, social y técnica para conocer lo que se oculta detrás del rechazo escandalizado y de la adhesión devota, como el porcentaje de las prioridades, inquietudes o preocupaciones de distintos sectores de la comunidad sobre aumento o disminución de penas de varios delitos, edad de imputabilidad de los menores, tipificación de nuevos delitos y derogación de leyes, aborto, estupefacientes, trabajo carcelario, entre otros temas.

¿Se sabe que al margen del Código Penal argentino se sancionaron 292 leyes especiales, 34 decretos-ley y 11 decretos de contenido penal? La Comisión brinda la oportunidad de recordarlo y, con ello, de no olvidar que un código es un cuerpo sistemático u ordenado de normas donde cada una adquiere sentido y utilidad en un contexto global de valores y principios. ¿Con qué criterio se puede seguir llamando Código a un cuerpo tan desmembrado, cuyos miembros injertados o diseminados por los vaivenes de la larga historia del país se pelean en cantidad con los codificados? ¿Cómo queda el ánimo al conocer que el Código Penal es decimonónico y nos separan dos siglos, sancionado por primera vez por el Congreso de la Nación en 1886 pero, para peor, habiendo nacido viejo como el personaje literario y fílmico Benjamin Button, inspirado en un Código Penal europeo de 1813?

Tal vez la imagen pueda más que las “mil palabras” del Anteproyecto, al impacto del bebé decrépito de la película basada en la pluma de Scott Fitzgerald se puede sumar la célebre y atroz creación de Mary Shelley. ¿No es digno de Frankenstein un Código Penal que no sólo nació cargado de años y remendado, sino que a lo largo de toda su vida ha sufrido alrededor de novecientas reformas parciales?

Cada injerto penal ha sido concebido como botín de guerra, huella de las victorias de las más dispares coyunturas políticas, incluso dictatoriales. Repasar el origen del Código Penal y leyes especiales es recordar la historia de los antagonismos y contradicciones de nuestro país, que continúa vigente en esa mezcolanza de normas e instituciones. A la manera de un buen manual de historia argentina, la enseñanza política de ese repaso es una de las lecciones del trabajo introductorio de la Comisión, que propone como un paso hacia la unión nacional un anteproyecto orgánico y moderno con la participación de actores científicos, políticos y sociales.

Además de la unión nacional, el Preámbulo de la Constitución argentina pregona afianzar la justicia. ¿Qué seguridad jurídica puede haber con la multiplicación y diseminación de leyes penales, anacrónicas, imprecisas, contradictorias, y con jueces y abogados convertidos en arqueólogos desorientados en la búsqueda de restos fósiles legislativos? El Anteproyecto hizo la ciclópea tarea de terminar con el caos legislativo y reunir en un solo cuerpo los 289 artículos que tratarán la materia penal del país, conservando ciertas instituciones de la tradición punitiva, con explicación de las razones tanto de la supervivencia como de la novedad con un lenguaje sencillo, para posibilitar el entendimiento y la discusión colectiva que es, precisamente, la etapa que el país debe atravesar ahora sin escándalo ni aplausos ensordecedores.

Si los distintos sectores de la vida política y social se interesan por este trabajo preliminar advertirán, de inmediato, que es sólo (y nada menos que) el esfuerzo previo que el país necesitaba para que la materia penal comience a rendir cuentas de los fines constitucionales encomendados, y dilucidar si a la par de la paz interior no ha contribuido a generar violencia, si junto al bienestar general no ha provocado frustraciones, desencuentros y enfrentamientos que profundizaron la conflictividad social.

Esa rendición de cuentas es una convocatoria histórica que el ciudadano preocupado por su calidad de vida no debe dejar pasar, porque es la oportunidad de interpelar al poder en su triple manifestación por lo que hizo con su fuerza represiva y lo que piensa hacer de acá en adelante. Si la participación es masiva e inteligente, el Anteproyecto (primer interpelado) saldrá enriquecido y se conocerán las razones por las cuales la reincidencia y la peligrosidad han sido condenadas al destierro, regulando la agresividad del hecho, que es algo bien diferente y cuantificable.

Hay otra esperanza si se acepta entrar en esa etapa de lucha democrática por un orden codificado. El fanatismo aritmético por el número de delitos y penas en juego podría superar la confusión de aplaudidores y escandalizados ante la paradoja ideológica proyectada en el aumento de penas de 178 delitos y la disminución en sólo 129, en la creación de 85 nuevas figuras penales y la escasa desaparición de 14.

* Profesor de Derecho Penal.