El fiscal Ricardo Sáenz pedirá hoy a la Cámara de Apelaciones que revoque los sobreseimientos que beneficiaron a Mauricio Macri y otros funcionarios del gobierno porteño en la causa por la represión en el Hospital Borda. Se trata de una audiencia clave, ya que si la Cámara mantiene el criterio de la primera instancia, sólo quedará imputado por la represión un policía de la Metropolitana. El fiscal sostiene que el juez Jorge Adolfo López no investigó los hechos y desvinculó a Macri como si la represión hubiera sido un exceso policial al que los funcionarios fueron ajenos, cuando desde las siete de la mañana mandaron siete ambulancias al lugar de la demolición, previendo que podría haber heridos.

En el sobreseimiento que dictó en diciembre, el juez López desvinculó a todos los funcionarios originalmente imputados: Macri; la vicejefa Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín –que dio la orden de demolición–; el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y otros funcionarios y policías, dejando como único procesado al comisionado de la Metropolitana Martín Roth. Vale consignar, si bien esto no se tratará en la audiencia de hoy, que el juez procesó en cambio a seis de los trabajadores por “resistencia a la autoridad”.

La represión ocurrió el 26 de abril. Durante la madrugada, un centenar de policías de la Metropolitana y varias cuadrillas entraron al hospital para tirar abajo el edificio donde funcionaba el taller protegido 19, en el que el hospital daba cursos de herrería y carpintería. El proyecto del Gobierno de la Ciudad es construir en el terreno el nuevo Centro Cívico, pero los trabajadores habían logrado una medida cautelar que impedía que el edificio se demoliera. Cuando las cuadrillas entraron en acción, médicos y pacientes del neuropsiquiátrico protestaron, y la policía los reprimió. Lo mismo hizo con los legisladores de la oposición y dirigentes sindicales que empezaron a llegar al lugar en solidaridad, y con periodistas que cubrían la noticia. La represión, que duró cuatro horas, causó más de cuarenta heridos y ocho detenidos.

Uno de los aspectos en juego en el pedido de revocar los sobreseimientos es la investigación realizada por el juez López, que por ejemplo no citó a testigos que tienen filmaciones. Otro es el enfoque que el juez dio a los hechos: la pregunta es si lo sucedido puede entenderse como un exceso policial, como algo que se le fue de las manos a la Metropolitana sin que el jefe de Gobierno supiera nada ni tuviera posibilidad de intervención. Por el contrario, hay múltiples datos que indican que hubo una decisión política de demoler a cualquier costo: intervinieron tres ministros (de Seguridad, Guillermo Montenegro, de Desarrollo Urbano, Chaín, y de Salud, Graciela Reybaud), cortaron la calle desde temprano, mandaron siete ambulancias para demoler un edificio que, por otra parte, estaba prohibido demoler –al punto de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo impuso esa misma tarde una multa–. Finalmente, el plan de construir allí el nuevo Centro Cívico fue el proyecto de obra de mayor envergadura de la gestión macrista, por lo que el planteo de que el jefe de Gobierno no estuvo al tanto de la situación que se había desatado en el Borda –y que se extendió durante cuatro horas– es difícil de sostener.

En cuanto a sus funcionarios, caben preguntas similares. Según los querellantes, hay versiones de testigos que aseguraron haber visto, por la mañana temprano, a María Eugenia Vidal en el lugar de los hechos, algo que no fue investigado. También fue desvinculado de la represión el ministro de Seguridad Montenegro, a pesar de que hay constancias de que fue puesto al tanto de la situación (si existiera la posibilidad de que no lo haya estado) por un llamado que le hizo el jefe de la Metropolitana Horacio Giménez, a pedido de Aníbal Ibarra, uno de los muchos legisladores que ese día trataron de frenar la represión.

La audiencia de apelación se realizará a las diez de la mañana en los tribunales de Viamonte al 4400, ante los camaristas Alberto Seijas y Carlos González, integrantes de la Sala IV. Además del fiscal de Cámara Sáenz, también podrán hacer uso de la palabra los abogados de los querellantes, víctimas de la represión.