El asesinato de David Moreira y los posteriores casos de agresión contra presuntos delincuentes reabrieron el debate sobre el rol de los medios de comunicación en la cobertura de estos episodios. Página/12 dialogó con académicos y especialistas para analizar cómo se abordaron esos acontecimientos en las últimas semanas y pensar las implicancias sociales que podría tener ese tipo de tratamiento. “Lo que desaparece con este discurso legitimador es la sanción social. Se levanta el freno inhibitorio para dejar actuar a la violencia más primaria”, asegura Graciana Peñafort, abogada y ex integrante de la Afsca. Si bien no está claro que los hechos de violencia posteriores al asesinato en Rosario se generen por lo que se denomina un “proceso imitativo” producto de la visibilización mediática de esta práctica, tanto Santiago Marino como Lila Luchessi, profesores de Comunicación en las universidades de Quilmes, Buenos Aires y Río Negro, coinciden con Peñafort en que la falta de una condena contundente por parte de los grandes medios tiene consecuencias negativas.

Los denominados “linchamientos” se mantienen al tope de la agenda mediática desde hace varias semanas, primero a partir de la muerte a golpes de Moreira y luego al conocerse otros episodios similares en distintas provincias del país, con la consecuente reacción de la clase política, entre otros formadores de opinión. En diarios como Clarín se los ha tratado como “palizas”, y en la pagina web de La Nación podían leerse estas noticias bajo el rótulo “golpizas a delincuentes”.

“Los discursos de odio no están protegidos o amparados por la libertad de expresión. Se trata de una construcción en la que se estigmatiza y promueve la violencia contra determinados grupos o minorías por motivos religiosos, raciales, étnicos, económicos, políticos o socioculturales”, explica Peñafort. La ex directora de Asuntos Legales de la Afsca y actual funcionaria del Ministerio de Defensa detalla que este discurso se advierte primero en la utilización de esos eufemismos como “golpiza”, “paliza” o “justicia por mano propia” a un hecho que en definitiva se trata de un homicidio agravado. En segundo término, en el tratamiento de la figura de la víctima, “a quien nunca se le da la naturaleza de persona”. “Son ladrones o delincuentes, como si esa condición de la víctima hiciera menos grave el delito cometido contra ellos”, agrega Peñafort y completa: “El otro punto que nunca se analiza es la proporción entre el daño y la sanción”. Es decir, que el “castigo” por haber supuestamente arrebatado una cartera o un bolso puede ser la muerte del que comete el delito.

Para la abogada que defendió la posición del Estado en la audiencia pública de la Corte Suprema sobre la ley de medios, “hay que llamar en forma urgente a la reflexión, de los medios y de los emisores, porque se erosiona el contenido social del orden”. En ese punto, también les atribuye responsabilidad a los dirigentes políticos que no condenan categóricamente estos hechos de violencia.

“En última instancia el medio puede hacer lo que quiere con su agenda, ahora la dirigencia política tiene otra responsabilidad. Forman parte del Estado y hablan de ausencia del Estado como su fueran ajenos a ella”, coincide Santiago Marino, que además advierte que el Estado no está ausente en la actividad delictiva, sino que a través de la policía, muchas veces está presente como cómplice del delito. Retomando el foco sobre la responsabilidad de los medios, el director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes explica que “los medios tienen tres capacidades indiscutibles: por un lado dar o quitar visibilidad, por el otro definir el sentido de esos hechos a los que le dan visibilidad y en tercer lugar, a partir de eso, legitimar o deslegitimar esos hechos”. En ese contexto, si bien no se conoce actualmente si hubo un aumento en la cantidad de ataques violentos a presuntos ladrones o simplemente una mayor visibilización de los casos, Marino advierte que “por lo menos no se los deslegitima y esa no deslegitimación, a largo plazo, puede provocar que la sociedad finalmente incorpore ese tipo de comportamientos”.

Más allá de las cuestiones ideológicas o los posicionamientos editoriales de los medios, tanto Marino como Luchessi consideran que el tratamiento benévolo de las agresiones responde también a una percepción de las empresas periodísticas sobre sus audiencias o lectores. “Los medios nunca actúan en el vacío. Miden la temperatura social, interpretan que hay algo en la discusión pública que aloja estos planteos y que tiene consenso”, sostiene Marino. “Los medios lo pueden publicar porque existe un sector de la sociedad que lo avala”, coincide Luchessi. Para la investigadora de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad de Río Negro, hay un intento de achicar lo que en términos de Eugenia Mitchelstein y Pablo Boczkowski se llama el news gap, la brecha entre los intereses de los medios y los de sus audiencias.

Luchessi señala que actualmente, con las nuevas tecnologías, “es mucho más rápido medir temperaturas de opinión” y así adecuarse a los intereses del público. Así es como, si bien el “proceso imitativo” de los linchamientos en términos sociales no es comprobable todavía, sí puede advertirse que existe un proceso imitativo en los medios, que reproducen la cobertura de este tema. “Hay como una apología o justificación desde algunos medios en eso que denominan ‘justicia por mano propia’. Es muy peligroso el discurso de los medios”, concluye Luchessi, que además de docente e investigadora, es doctora en Ciencia Política.

Por último, Marino también señala que, más allá de la relación con la audiencia, la posición ideológica o editorial del medio, al tratar temas de alto impacto social, “entran en juego intereses económicos y políticos” de las empresas mediáticas. Tomando esa idea, cabe entonces agregar al debate que, además de todos los componentes del complejo universo de la comunicación audiovisual, debe sumarse la disputa política y económica entre los grandes medios y el gobierno nacional.