Los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA agrupados en Memoria Activa pidieron que se tome declaración indagatoria al presidente de la Cámara de Casación bonaerense, Federico Domínguez. En un escrito presentado por el abogado Rodrigo Borda, Memoria Activa insiste en que Domínguez –que en ese momento era asesor de la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires– participó de maniobras para que algunos policías declararan contra otros, involucrándolos en el atentado y desviando la investigación. La agrupación le pidió al juez que lo llame a declarar como sospechoso, algo que fue ordenado por la Cámara Federal en 2007. Al mismo tiempo, los familiares también solicitaron se rechace una petición del comisario retirado Jorge “El Fino” Palacios, que planteó que las acciones en su contra, también por desviar la investigación, están prescriptas.

En forma lenta y traumática, esencialmente por impulso de los familiares, se avanza hacia un juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Se trata del juzgamiento de los que, supuestamente, desviaron la investigación para encontrarle culpables de ocasión al hecho. El proceso se reafirmó cuando el Tribunal Oral que llevó adelante el juicio terminado en 2003 concluyó que la investigación AMIA “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. En la mira quedaron el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los fiscales, los integrantes de la SIDE, el comisario Palacios (a cargo de la Unidad Antiterrorista) y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, además de quien fuera el principal imputado en su momento, Carlos Telleldín, su esposa y su abogado.

En el marco de ese encubrimiento, también la Cámara Federal ordenó al juez Ariel Lijo que llame a indagatoria a Domínguez, al ex comisario de la Bonaerense Luis Vicat y a la abogada Marta Parascándalo. Según los integrantes de Memoria Activa, Domínguez puso en marcha una causa en La Plata, en la que se dictó su sobreseimiento por prescripción. Ahora Memoria Activa le pide a Lijo que considere ese sobreseimiento como un fraude y que llame a declarar al titular de la Casación bonaerense.

La imputación contra Domínguez, Vicat y Parascándalo es que presionaron a policías bonaerenses –incluso a cambio de prebendas en la fuerza– para que declaren contra Juan José Ribelli y otros uniformados, acusados de haber provisto la camioneta con la que se llevó a cabo el atentado. Memoria Activa sostiene que como la investigación no había permitido dar con los cómplices locales del atentado, se armaron pistas falsas –entre ellas la que habría piloteado Domínguez– para darles culpables y alguna respuesta a las víctimas y a la sociedad.