La Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca allanó ayer durante más de once horas las oficinas comerciales y el archivo del diario La Nueva Provincia, investigado por su participación en el terrorismo de Estado. La medida la ordenó el juez federal Alvaro Coleffi, quien delegó la tarea en el equipo de trabajo que encabezan los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani. Los representantes del Ministerio Público secuestraron, entre otros materiales, los legajos personales de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados gremiales y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas secuestrados, torturados y asesinados luego de encabezar durante sus últimos años de vida la representación de sus compañeros ante el multimedio que conducía Diana Julio de Massot, quien murió impune en 2009.

“Estamos conformes con el resultado de la medida, secuestramos mucho material que ahora deberemos analizar”, declaró Nebbia a Página/12. El fiscal aclaró que “este material viene a engrosar un abundante cúmulo de pruebas que ya existía y que es suficiente para detener, procesar, llevar a juicio oral y condenar a Vicente Massot”. El actual director de La Nueva Provincia fue el interlocutor designado por su mamá en septiembre de 1975 para ocuparse del “trato con el personal”, al que representaban Heinrich y Loyola, a quienes un informe sobre “guerrilla sindical” en LNP, armado por inteligencia de Prefectura, decidió “ralear” poco antes de los crímenes. Massot, profesor de historia en la Universidad Católica Argentina, tiene prohibido salir del país y está citado a prestar declaración indagatoria el próximo jueves 24 de abril a las 8.15 de la mañana.

Los fiscales habían pedido el allanamiento en mayo del año pasado, cuando imputaron a los directivos del diario como coautores de los asesinatos de los delegados y como auxiliares de la inteligencia militar en las operaciones de acción psicológica desplegadas por el Ejército y la Armada. La imputación incluía a Diana Julio y a su hijo Federico Massot, ambos fallecidos, y al ex secretario de redacción Mario Gabrielli, que murió meses después. El juez federal subrogante Santiago Martínez sostuvo entonces que las pruebas no permitían siquiera hablar “de algún grado de complicidad” de los Massot con la dictadura, los desligó de cualquier delito, pero insólitamente autorizó al Ministerio Público a allanar el diario. Nebbia y Palazzani descartaron esa alternativa en base a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que establece que es inconstitucional “ir a la pesca” de pruebas, máxime en un medio de comunicación, ya que el acto hubiera sido nulo y habría puesto en riesgo toda la causa. Desde entonces y hasta ayer mismo, La Nueva Provincia y su satélite “La Brújula 24” machacaron sobre la “inexplicable” negativa del Ministerio Público, ocultando a sus lectores el verdadero motivo y rumiando bronca por el palito que los fiscales no pisaron.

La Cámara Federal de Bahía Blanca se tomó luego un semestre para reflexionar e ideó una original maniobra para no ordenar la indagatoria: sostuvo que Massot se había presentado cuando el Tribunal Oral Federal ordenó investigar a los directivos del diario y entonces tenía derecho a hacer una “declaración espontánea”, que en rigor Massot nunca había pedido. El 18 de marzo el juez Coleffi lo escuchó durante dos horas y de inmediato ordenó el secreto de sumario. Los fiscales, luego de escuchar al acusado sin poder hacer preguntas y ante las nuevas condiciones jurídicas y fácticas, reiteraron el pedido de allanamiento al diario, ubicado frente al plaza principal de Bahía Blanca, que finalmente se concretó ayer.

El operativo comenzó a las 8.45 y se prolongó durante más de once horas. Nebbia y Palazzani encabezaron un equipo de siete personas a quienes acompañaron uniformados de Gendarmería. Tal como ordenó el juez Coleffi y para respetar todas las garantías del empresario, a poco de ingresar se solicitó la presencia del abogado de Massot, su cuñado Rubén Diskin, quien defendió en los ’80 al general Adel Vilas y defiende al prófugo coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V. Diskin y el contador Mario Marra, gerente administrativo y mano derecha de los patrones, siguieron atentos todos los pasos de la delegación judicial.

Además de los legajos de los empleados asesinados, los fiscales secuestraron diversos materiales sobre el período 1974-1983, al que acotó la búsqueda el juez. El allanamiento incluyó no sólo el archivo administrativo y fotográfico sino también los talleres donde trabajaban Heinrich y Loyola y las oficinas de la dirección donde Diana Julio recibía en plena dictadura a los principales iconos del terrorismo de Estado. El material que los gendarmes trasladaron a la fiscalía y que ahora deberá estudiar la Procuración incluye actas de la empresa, liquidaciones de haberes, legajos de trabajadores, materiales sobre giros comerciales, archivos digitales, parte de la colección del diario y fotos de coberturas de actos militares que podrían permitir identificar a más represores. El material, tal como indicaron los fiscales al pedir el allanamiento, busca también poder “reconstruir la integración real del grupo de personas que conducía y participaba de la toma de decisiones del diario en esa época”.

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