Con más de sesenta firmas de un extenso abanico político –del oficialismo y la oposición—, volvió a ingresar ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo (IVE) que impulsa la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La presentación fue precedida por una conferencia de prensa en la que participaron referentes de la campaña y diputados y diputadas de los distintos bloques que lo apoyan, y en la que se reclamó que se habilite el debate en las comisiones y luego en el recinto para que se discuta la iniciativa. “A 30 años de democracia, no podemos permitir que este derecho no se debata. No podemos permitir que haya un tema vedado”, condensó la kichnerista Mara Brawer, el sentimiento que flotaba en la sala, colmada de pañuelos verdes, símbolo de la campaña. La propuesta despenaliza y legaliza la IVE en las primeras 12 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación o si se trata de un embarazo con malformaciones fetales graves. “Los diputados tienen que tener la seguridad de que se trata de un proyecto constitucional”, subrayó la abogada Nelly Minyersky y agregó: “Lo inconstitucional es obligar a todas las mujeres a recurrir a la clandestinidad para abortar”.

La presentación del proyecto reunió a más de un centenar de personas con pañuelos verdes al cuello, entre diputados y diputadas, y activistas de la campaña, un movimiento colectivo de más de trescientas entidades de sociales, de mujeres, de derechos humanos, académicas, de la diversidad, sindicales. La cita fue en una de las salas del Anexo de Diputados. “Nos sentimos muy reconfortadas por la pluralidad de firmas que acompañan nuestro proyecto”, destacó Julia Martino, de la campaña, al abrir la conferencia de prensa. Hasta ayer, habían suscripto la iniciativa 62 legisladores del FpV, la UCR, el PS, GEN, PRO, Libres del Sur, Unidad Popular, Nuevo Encuentro, Frente de Izquierda, Proyecto Sur, Unen y de la Coalición Cívica-Ari. Es la quinta vez que ingresa, tras perder estado parlamentario sin tratamiento, desde 2007, cuando se presentó como iniciativa de la sociedad civil. En todos estos años nunca llegó a debatirse formalmente en el recinto. El único bloque que no lo apoyó, hasta ahora, con la firma de alguno de sus miembros es el Frente Renovador, de Sergio Massa.

La emoción flotaba en el ambiente, por los apoyos que fue sumando la propuesta legislativa a lo largo de estos años y que quedó de manifiesto ayer con la diversidad de voces políticas que la avalaron. Cristina Zurutuza, otra integrante de la campaña, resumió el histórico camino de la lucha por el derecho al aborto en el país. Y destacó como corolario que “hoy el tema está en la agenda”. “Esperemos que en este período parlamentario se pueda aprobar”, subrayó. Una vez más, como en marchas y actos con pañuelos verdes, volvió a sonar el tradicional cántico del movimiento de mujeres: “Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.

Después, Minyersky hizo hincapié en los extensos fundamentos jurídicos que avalan la constitucionalidad de la iniciativa y en el hecho de que la criminalización del aborto significa una profunda inequidad, ya que las mujeres que pueden pagar acceden a un aborto seguro y quienes no, ponen en riesgo su vida. Con esa introducción, diputadas y diputados de distinto signo político fueron dando su apoyo a la iniciativa. La kichnerista Adela Segarra, primera firmante del texto, destacó que se trata de un “proyecto transversal”, por los apoyos que concita. Y consideró que “necesariamente” la despenalización y legalización del aborto “tiene que ser una política de salud pública”.

Le siguió Manuel Garrido, de la UCR, quien rescató la lucha que vienen dando por este tema militantes radicales y feministas como María Luisa Storani –presente en la sala y cuyo mandato como diputada finalizó en diciembre– y Mabel Bianco, directora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). “Está claro –agregó Garrido– que el Estado no puede imponer ideales de vida ni maternidad forzadas” y consideró que el proyecto “preserva la autonomía de las personas”, al permitirles a las mujeres decidir sobre su cuerpo. La diputada socialista Alicia Ciciliani se comprometió a seguir militando el tema. Nicolás Caño, de PTS-Frente de Izquierda, recordó el trabajo pionero de Dora Coledesky, una abogada, incansable luchadora por el derecho al aborto, que se reivindicaba como trotskista y falleció en 2009.

A su turno, la diputada Victoria Donda aludió a su embarazo y señaló que ahora que atraviesa ese momento vital está “más convencida que nunca de que lo que te convierte en madre es el deseo y no la imposición de una ley”. Y abogó por la sanción del proyecto “para que el Estado respete la libertad de las mujeres” de elegir o no llevar adelante una gestación. Donda confirmó a Página/12 que ya le planteó a Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Legislación Penal, que el tratamiento del proyecto esté en la agenda de la comisión. El proyecto, se supone, será girado a Legislación Penal y además a las comisiones de Familia y de Acción Social y Salud Pública.

Pablo López, del Frente de Izquierda, adelantó que harán “todo lo posible en la calle y en el Parlamento para que esta sea la última vez” que el proyecto tenga que presentarse. El diputado Juan Carlos Cuño, de Nuevo Encuentro, informó que los tres integrantes de ese bloque votarán la propuesta, pero consideró que se debe valorar a “todas las diputadas y diputados” que lo defienden por “convicciones personales” a pesar de que “las conducciones de sus bloques no los acompañen”.

Carla Carrizo, de Unen, celebró la presencia de varones que adhieren a la iniciativa porque “ayuda a desmitificar que se trata de una cuestión endogámica de género”. “Es una cuestión de derechos constitucionales básicos”, opinó. Ramona Pucheta, del monobloque Frente por la Inclusión Social, apuntó que la mayoría de las “compañeras” que la secundan pertenecen a sectores populares y vulnerables. “Por ellas y por todas –dijo– hay que seguir impulsando este tema.” Adriana Puiggrós, del bloque oficialista, invitó a sus colegas a “hablar uno por uno” con los diputados y diputadas que todavía no firmaron, para convencerlos de la necesidad de aprobar la despenalización y legalización del aborto, como hicieron cuando se debatió la ley de matrimonio igualitario. El cierre estuvo a cargo de Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA: “Tenemos la convicción de que es una causa justa para la vida de las mujeres”, concluyó.