El Senado aprobó ayer el traspaso de la ex Escuela de Mecánica de la Armada del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires al nacional. Se trata de la ratificación de un convenio entre ambos Estados, por el cual se transfiere el usufructo, durante 30 años, del predio ubicado en el barrio de Núñez y de otros cuatro edificios porteños donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. “De los sitios de la memoria no es dueño ningún gobierno, ningún Estado ni ningún organismo, somos dueños todos y cada uno de los que vivimos en esta Argentina. Pero alguien debe hacerse cargo del lugar y esta ley dice perfectamente que el Estado nacional debe ser garante de la preservación de estos sitios”, señaló Liliana Fellner, informante del proyecto por el oficialismo.

El convenio de traspaso fue aprobado por 37 votos a favor (del Frente para la Victoria y el PRO) y 14 en contra, de la UCR, el FAP y algunos senadores del peronismo disidente. En una sesión en la que se volvió a debatir sobre el rol que deben tener los lugares de secuestro y tortura de los detenidos desaparecidos, el FpV defendió el traspaso de los inmuebles con el objetivo de “ayudar a la conservación, mantenimiento y puesta en valor de los mismos, de acuerdo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se han implementado desde el año 2003”.

En el texto del convenio, el Poder Ejecutivo nacional se compromete además a realizar en el Pabellón Central de la ex ESMA, conocido como “cuatro columnas”, el Museo del Terrorismo de Estado y a “implementar una propuesta museográfica para el Sitio de Memoria”, con el objetivo de reconstruir la memoria histórica en el edificio del ex Casino de Oficiales. Puntualmente, a través del convenio de 17 cláusulas, el gobierno porteño le otorga al Ejecutivo nacional el derecho de usufructo –no la titularidad– de los siguientes edificios ubicados en la ex ESMA: 1. El ex Casino de Oficiales. 2. El pabellón central. 3. Enfermería. 4. Imprenta. 5. Taller Mecánico y 6. Pabellón Coy. Además, otros cuatro ex CCD: Automotores Orletti, Club Atlético, Olimpo y Virrey Cevallos. “Este traspaso del usufructo es, de alguna manera, poner esto en manos de quienes en realidad están sobre el tema, gestionando desde hace muchos años para ver si así se puede destrabar”, argumentó la senadora del PRO, Gabriela Michetti, quien sostuvo que producto del “enfrentamiento” entre los distintos organismos de derechos humanos, “no hay una sola gestión que pueda avanzar”. La ex vicejefa de Gobierno quiso dejar en claro también que el macrismo no piensa “desentenderse” del tema de los derechos humanos.

Uno de los principales argumentos de la oposición para rechazar el acuerdo estuvo vinculado con la situación del Instituto Espacio para la Memoria (IEM). “En el esquema que se intenta aprobar el IEM pasa a tener un rol secundario. Es un franco retroceso, reivindicamos la ley vigente y el IEM”, señaló el jefe del bloque radical, Gerardo Morales. La senadora del FAP, Norma Morandini, vinculó el tema en debate con cuestiones como el acceso a la información pública y hasta leyó un artículo escrito por ella misma, “horrorizada” al enterarse de la realización de una actividad en la ex ESMA, en la que se preparó un asado. Entre otras cosas, Morandini preguntó si “el pasado va a ser un aprendizaje o una venganza”.

La senadora Fellner le respondió que no era materia del debate la concepción sobre museografía del terrorismo de Estado sino el convenio firmado entre ambos gobiernos. La jujeña detalló que todos los empleados que se encuentran actualmente trabajando en los distintos edificios mantendrán sus beneficios laborales luego del traspaso del usufructo, y además remarcó que el porteño Instituto Espacio para la Memoria está integrado por los mismos organismos de derechos humanos que ya integran otro ente público, creado por un convenio entre Nación y Ciudad en 2007. Es el Espacio para la Memoria, la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos, un órgano interjurisdiccional con autarquía financiera que gestiona las actividades en la ex ESMA desde su desalojo definitivo, en septiembre de 2007 y luego de que Néstor Kirchner anunciara su recuperación el 24 de marzo de 2004.