El Senado se constituyó ayer como tribunal para llevar adelante el juicio político contra el ministro de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O’Connor, por presunto mal desempeño de sus funciones. Los senadores cumplirán, así, la función de jueces en un proceso en el que escucharán el próximo miércoles a las 10 la acusación formulada por la Cámara de Diputados, cuyo papel se asemeja al de fiscales. La Cámara alta podría suspender al juez supremo el mes próximo.
Todos los senadores que estaban ayer en el recinto juraron “administrar justicia con imparcialidad y rectitud”, menos el radical Raúl Baglini, que se excusó por tener, como abogado, causas pendientes de resolución en el máximo tribunal. El miércoles que viene una comisión de Diputados, que en principio estará integrada por Ricardo Falú (PJ) y Nilda Garré (Frepaso), detallará los diez cargos contra el magistrado –basados en las causas Meller, Macri y Magariños– y le dará un plazo de quince días para que dé sus explicaciones. Después, los senadores podrían suspenderlo preventivamente.
Es muy probable que Moliné pida la apertura de pruebas, algo que ya hizo sin éxito ante la Comisión de Juicio Político de Diputados pero que todavía el Senado le podría conceder con el voto de los dos tercios de los presentes en el recinto. Si así ocurriera, la defensa del acusado podría solicitar las pruebas que considere necesarias y que declaren personas que hablen sobre su labor.
Una vez que finalice esa etapa, se fijará una fecha para oír los alegatos. Después los senadores deliberarán en secreto, y luego llevarán sus posturas a una sesión pública. Para la destitución harán falta, también, dos tercios de las voluntades de los presentes.
Moliné O’Connor sigue diciendo que resistirá el enjuiciamiento sin renunciar y que, en última instancia, recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.