El gobierno de Estados Unidos se presentará este lunes ante la Corte Suprema de Justicia para intervenir a favor de la posición argentina, en la audiencia convocada para abordar el fallo de la Justicia neoyorquina que avala el pedido de información de activos de un Estado extranjero por parte de un fondo buitre. El procurador general adjunto de EE.UU., Edwin Kneedler, representará a la administración de Barack Obama en la audiencia convocada por el máximo tribunal para las 10 hora local (las 11 en Argentina) para analizar el caso que enfrenta a Argentina y los fondos buitre. Jonathan Blackman, del estudio de abogados Cleary & Gottlieb, será el representante del gobierno argentino en esta causa, caratulada Argentina versus NML Capital.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del fiscal general, Donald Varrilli, presentó ya dos amicus curiae (amigos de la Corte) apoyando la posición de Argentina con respecto a que las decisiones del juez de Nueva York, Thomas Griesa, violan la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos. En diciembre de 2013, Varrilli indicó que el fallo de la Justicia neoyorquina, que avala el pedido de información de activos de un Estado extranjero por parte de un fondo buitre, es “erróneo” y previno que la resolución “plantea preocupaciones significativas de política exterior para los Estados Unidos”. En marzo de este año, el fiscal General reafirmó en un segundo texto el “interés sustancial” de Estados Unidos “en la correcta interpretación y aplicación” de la Ley de Inmunidad (FSIA, según sus siglas en inglés).

Argentina recibió asimismo el apoyo regional por parte de Brasil y México, que mostraron preocupación ante la posibilidad de que una decisión negativa al interés de Argentina de parte de la Corte Suprema convierta a las reestructuraciones de deuda soberana más complicadas y costosas. En la asamblea de primavera (boreal) del FMI y del Banco Mundial llevada adelante hace una semana en Washington, el G-24 (grupo integrado por países en desarrollo de Africa, América latina y el Caribe y Asia), alertó también que “cualquier resolución que incentive un comportamiento predatorio de los holdouts podría socavar la arquitectura básica para préstamos soberanos y resolución de deuda”.

Las órdenes dictaminadas por el juez Griesa y ratificadas por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de la Gran Manzana, pueden llegar a impedir que Argentina cumpla con el pago de sus compromisos a los tenedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. La Justicia neoyorquina dictaminó que Argentina le debe pagar alrededor de 1300 millones de dólares a los holdouts. Este escenario dejaría al país ante un default técnico bajo la incapacidad de hacer frente al pago comprometido con los bonistas.

En ese sentido, el consejero legal de Argentina en este caso contra los fondos buitre y ex procurador general de los Estados Unidos, Paul Clement, advirtió que si la interpretación de los tribunales inferiores sobre el pari passu “se mantiene, cambiará radicalmente el balance de poder en favor de los holdouts a tal grado que pondrá en peligro las reestructuraciones de deuda soberana voluntarias”. El máximo tribunal de Justicia anunciará en el verano (boreal) si acepta o no escuchar a las partes sobre este caso.