La Corte Suprema de Justicia revivió la causa Thales Spectrum, uno de los casos de corrupción que caracterizaron el final del gobierno menemista, y lo puso nuevamente sobre la mesa de la Justicia al revocar los sobreseimientos con los que la Cámara de Casación Penal había liberado de sospecha, en 2011, a varios ex funcionarios de la segunda administración de Carlos Menem. En un breve fallo, los jueces hicieron suyos los fundamentos del dictamen de la Procuración General de la Nación, en los que se critica la intervención de la Sala IV de Casación en el expediente, que significó la anulación de más de una década de investigaciones tanto ejecutivas como judiciales, y se la considera errónea, al dictar los sobreseimientos a través de “una valoración arbitraria y parcial de las pruebas”. Si bien Menem no figura entre los ex funcionarios, lobbistas y empresarios que vuelven a ser ubicados en la trama de un delito contra el Estado, nada lo salva de que sea el próximo.

Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda firmaron la breve resolución que echó por tierra los sobreseimientos con los que Casación benefició a quienes se desempeñaron como secretario y subsecretario de Comunicaciones durante la segunda mitad de los ’90, Germán Kammerath y Alejandro Cima; a Roberto Catalán, quien entonces era presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones; a sus vices, Roberto Uanini y Hugo Zothner; al ex interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Alberto Gabrielli y a Matías Bordieu, Patricio Feune de Colombi, Pablo Arancedo y Luis Romero, integrantes en esa época de esa comisión. También revirtió la situación del empresario Jorge Neuss y del abogado Juan Carlos Cassagne, representantes de Thales Spectrum en Argentina. Para los jueces Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni, los recursos extraordinarios que presentaron el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción, por los cuales el caso llegó a la Corte, eran “inadmisibles”.

El fallo de la Corte se basó totalmente en el dictamen del procurador Eduardo Casal, elaborado y presentado en 2012. “Esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del Señor Procurador”, explicaron los jueces. En su dictamen, Casal encontró injustificada la intervención de Casación Penal, a la que calificó de “arbitraria”. “Los camaristas partieron de la errónea evaluación que hicieron de las pruebas incorporadas durante la instrucción”, como informes de la Auditoría y de la Sindicatura General de la Nación, destacados en su momento por las partes recurrentes.

Los ex funcionarios de la administración menemista habían sido imputados por el juez Sergio Torres, en febrero de 2008, por “defraudación a la administración pública” en la causa que, a principios del nuevo siglo, comenzó a desenredar la trama fraudulenta de la concesión del espacio radioeléctrico que, diez años antes, Menem había otorgado por decreto a la empresa francesa Thales Spectrum. El puntapié inicial lo dio una denuncia anónima sobre irregularidades derivadas del proceso de licitación para la concesión de los servicios de administración, gestión, control y comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico. La denuncia, específicamente, revelaba la falta de control por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones y el pago de sobornos a funcionarios del gobierno. En 2001, el fiscal Guillermo Marijuán reimpulsó la investigación, con la participación de la Oficina Anticorrupción (OA).

Cuando Torres consideró probada la transacción corrupta, que incluía el pago de 25 millones de pesos de coima e implicó ganancias millonarias para la compañía, habían pasado cuatro años desde que el ex presidente Néstor Kirchner había anulado aquel contrato. La decisión de Torres había sido confirmada por la Cámara de Apelaciones y, sorpresivamente, llegado a Casación Penal. Allí, dos de los tres jueces de la Sala IV, Augusto Díaz Ojeda y Mariano González Palazzo –el tercero, Gustavo Hornos, se expresó en disidencia–, firmaron un sobreseimiento general firmado en junio de 2011. “No está acreditada la configuración de la maniobra defraudatoria”, dijeron entonces. Poco tiempo después, la relación familiar –habían sido concuñados– entre Díaz Ojeda y Neuss, el lobbista que habría diagramado la coima, era vox pópuli. Si bien el fallo de la Corte no alude a Menem, sus alcances se proyectan sobre el ex presidente.