El ex secretario de Seguridad durante el gobierno de la Alianza Enrique Mathov completó ayer su indagatoria en el marco del juicio por la represión del 20 de diciembre de 2001. El ex funcionario de la gestión de Fernando de la Rúa negó haber estado a cargo del operativo policial que actuó sobre las personas que se manifestaban en los alrededores de la Plaza de Mayo aquel día y provocó la muerte de cinco y las heridas de más de cien, aunque reconoció que tuvo conocimiento de la represión ese mismo día y que no hizo nada al respecto. Además, Mathov advirtió que hará uso nuevamente de su derecho a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 “más adelante”, cuando se dedicará a la teoría del complot que derribó al gobierno de la Alianza. “Insisten en que el gobierno no quería a los manifestantes en la calle, pero lo que menos le convenía al gobierno eran las muertes”, concluyó tras la corrección de un furcio que se le escapó, tal vez por nervios: “El más perjudicado de los muertos fue De la Rúa”.

Durante la jornada de ayer, la querella unificada detrás del Centro de Estudios Legales y Sociales y el abogado Rodolfo Yanzón culminó su cuestionario al único ex funcionario aliancista que comparte el banquillo de los acusados en el juicio por las muertes y los heridos de la represión de 2001 con el entonces jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi; el ex jefe de la Dirección General de Operaciones de la fuerza Norberto Gaudiero; y otros trece policías, algunos involucrados como autores directos de las muertes de Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón. El ministro del Interior de entonces, Ramón Mestre, falleció hace una década y el propio ex presidente espera la decisión de la Corte Suprema, que debe expedirse sobre su responsabilidad en lo ocurrido hace más de doce años.

En el marco de las preguntas de Rodrigo Borda, abogado del CELS, Mathov insistió en que no tuvo responsabilidad alguna sobre el operativo policial que se desplegó en las calles de la ciudad de Buenos Aires, incluso frente a las actas de la Policía Federal que el CELS solicitó se le mostrasen, que lo ubicarían como funcionario involucrado en los hechos del 20 de diciembre de 2011. Esos documentos son dos solicitudes formales en las que el entonces comisario Osvaldo Canizaro y el propio Santos le solicitan al “secretario de Seguridad”, Mathov, que pase a disponibilidad del Poder Ejecutivo Nacional a detenidos en las calles durante aquel día. “Nunca vi esas notas, y no supe por qué estaban en el expediente hasta tiempo después, cosa sobre la que me explayaré en la indagatoria en la que hable del complot”, se defendió el ex secretario.

“La declaración de Mathov mostró serias contradicciones, lo cual compromete su situación procesal. Además, es la primera vez que reconoce expresamente haber tenido conocimiento de la represión y no haber hecho nada por evitarla”, evaluaron desde el CELS, sopesando una de las últimas preguntas que el propio TOF le realizó al imputado sobre la inconsistencia entre sus dichos en las últimas semanas y lo referido por él en sus primeras indagatorias, cuando aseguró haberse enterado del accionar policial de aquel 20 en la misma tarde. “Sí, sí, sabíamos esa tarde lo que estaba pasando”, reconoció frente a los jueces.

Frente a las consultas que realizó la Fiscalía hacia el final de la indagatoria, Mathov limitó su accionar como secretario de Seguridad a las charlas telefónicas que tuvo con gobernadores e intendentes de algunas provincias para “sincronizar” las tareas de seguridad en esos lugares: “El ministro me dio esa tarea y eso fue lo que hice”, se defendió. Negó haber consultado o reflexionado sobre nada de lo que ocurría en la ciudad de Buenos Aires. A último momento, descansó en Mestre toda vinculación con órdenes y decisiones tomadas en torno de la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles. “El secretario de Seguridad no se encarga de operativos de seguridad en la ciudad, como dice el fallo del juez (Gabriel) Cavallo. Para poder fundamentar esta teoría se falsificó y mutiló la Ley de Seguridad Interior”, insistió.