Los genocidas juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de exterminio que funcionó en la ESMA guardaban esperanzas en la revisión de la sentencia del juicio oral que culminó en octubre de 2011; los condenados aspiraban a ser absueltos y los absueltos, a mantener esa situación procesal. Sin embargo, ayer la Cámara de Casación confirmó la prisión perpetua que el Tribunal Oral Federal 5 había dictado a Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros siete represores. Pero la parte del extenso fallo que más festejaron dos de las querellas fue la anulación de las absoluciones con las que habían sido beneficiados Juan Carlos Rolón, Pablo García Velasco y Jacinto García Tallada, por “arbitrariedad en la valoración de la prueba”, casos que serán remitidos al tribunal de origen para que dicte la pena correspondiente. La Sala II de Casación validó así los planteos de los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) –en representación de Patricia Walsh por el caso de su padre, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, asesinado– que habían apelado las absoluciones, sin contar con el acompañamiento de la fiscalía ni de otros querellantes. Para el CELS, la resolución es “histórica”, mientras que el Ceprodh afirmó que actuará “como un importante precedente para el conjunto de las causas”.

Además de las de Astiz y Acosta, también fueron ratificadas las condenas a prisión perpetua de Antonio Pernías, Raúl Scheller, Ricardo Cavallo, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Ernesto Weber y Jorge Radice, por hechos que tuvieron como víctimas, entre otros, a Azucena Villaflor, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y a Walsh. La Sala II de Casación confirmó la consumación de su muerte en manos de agentes de la Unidad de Tareas 3.3.2 que funcionaba en la ESMA.

El que iba a ser el primer juicio por los delitos aberrantes cometidos en la ESMA fue suspendido por la muerte del único imputado, Héctor Febres, en 2007, mientras estaba detenido a disposición de la Prefectura. (Febres apareció muerto en su celda por envenenamiento con cianuro, sin dejar carta de suicidio, y aunque los prefectos acusados de presunto homicidio fueron beneficiados por la Cámara de San Martín, la jueza Sandra Arroyo Salgado nunca abandonó la hipótesis de que fue silenciado.)

La sentencia en el siguiente juicio por crímenes en la ESMA fue dictada el 27 de octubre de 2011, luego de casi dos años de debate oral, y 16 represores fueron condenados a penas de entre 18 años y prisión perpetua, por 86 crímenes contra la humanidad: privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio y apropiación de bienes. El almirante Oscar Montes y el oficial del Ejército Julio César Coronel también fueron condenados, pero fallecieron durante el trámite del recurso de Casación, por lo cual deberá dictarse la extinción de la pena respecto de ambos.

Las camaristas de la Sala II consideraron acreditados los hechos ocurridos el 8 y 10 de diciembre de 1977 en la Iglesia de la Santa Cruz, de los que fueron víctimas familiares de detenidos desaparecidos secuestrados ese año, y del que formaban parte las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo María Ponce de Bianco, Esther de Careaga y Villaflor, además de las monjas francesas. La investigación de esos hechos “es un mandato de justicia elemental”, ya que “la impunidad de las violaciones de los derechos humanos es una causa importante para su constante repetición”, dijeron Angela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar.

La audiencia en Casación había estado concurrida, porque además de los querellantes y representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, asistieron cuatro de los genocidas, muy preocupados por lo que allí se estaba definiendo. La abogada Myriam Bregman y Luis Bonomi, del Ceprodh, pidieron la condena de Rolón y García Velasco por el asesinato de Rodolfo Walsh. En tanto, Santiago Felgueras y Daiana Fuscas, del CELS, pidieron que fuera revocada la absolución de García Tallada, imputado por el caso de Guillermo Olivieri y Josefa Prada de Olivieri. Ambas querellas tuvieron éxito.

“Esta pelea fue muy dura, pero siempre supimos el compromiso que significaba tener que representar un caso como el de Walsh, tomamos su ejemplo, fuimos rigurosos con la investigación y la reconstrucción de los hechos para alcanzar la verdad”, dijo Bregman. En tanto, Luz Palmás Zaldua, coordinadora de Memoria y Lucha contra la Impunidad, del CELS, manifestó que “no es exagerado decir que es histórico este fallo porque ratifica las condenas al grupo de tareas que comandaba Acosta, el más emblemático por lo sangriento, si es que cabe alguna escala para estos delitos imprescriptibles”.

García Velasco y Rolón están presos, mientras que García Tallada goza del beneficio del arresto domiciliario, y cuando el TOF 5 dicte la nueva sentencia deberá resolver si también lo envía tras las rejas.