Aún presa María Julia Alsogaray no puede mejorar su suerte en Tribunales. La Cámara Federal confirmó el procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública e incumpliento de los deberes de funcionario, y un embargo de 1 millón 500 mil pesos, contra la ex funcionaria menemista cuando era interventora de Entel. A Alsogaray, y a los demás funcionarios cuyos procesamientos también fueron confirmados, se les atribuye el “direccionamiento” de una contratación de abogados y contadores externos para la empresa estatal, que contaba con un plantel propio de profesionales en esas disciplinas. La polifuncionaria tiene otras 13 causas abiertas y suma cinco procesamientos.
La sala I de la Cámara consideró que a la unión transitoria de empresas (UTE) KPGM que obtuvo el convenio se le reprocha el inicio irregular y abusivo de demandas judiciales, generando la posibilidad de que el Estado tenga que pagar importantes sumas de dinero derivadas de las costas y honorarios. El tribunal reseñó que a mediados de 1993, debido al hallazgo por parte del Ejército Argentino de cables de Entel en un depósito privado, se comenzaron a analizar los antecedentes de la empresa estatal con sus contratistas. El resultado fue la recomendación para la contratación directa de un asesoramiento externo con el objeto de implementar una liquidación final.
Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani ratificaron la medida dictada en primera instancia por el juez Claudio Bonadío porque concluyeron que la prueba reunida “es por demás suficiente” para marcar la responsabilidad de los procesados. Además, reseñaron que el pacto final de honorarios fue del 30 por ciento del total de la actividad legal, además de un 18 por ciento de los recuperos efectivos para Entel. “Todo esto nos lleva a afirmar que violando los deberes a su cargo, las autoridades de Entel perjudicaron los intereses confiados u obligaron abusivamente al Estado, en beneficio de particulares contratantes”. Agregaron que “este obligar abusivo se evidencia a través de la adjudicación del contrato sin conocer exactamente la labor a realizar, la ampliación de los plazos de ejecución o duplicación de los precios por horas/hombre acordados sin justificación aparente y la aprobación de trabajos adicionales”. De acuerdo a constancias del sumario, algunas de las tareas encomendadas consistían en reclamar a contratistas de la ex ENTel que terminaran los trabajos pendientes y devolvieran a esa ex empresa estatal los materiales que tuvieran en su poder. Así se habrían iniciado alrededor de una treintena de pleitos que, en su inmensa mayoría, fueron declarados “prescriptos” por los jueces, lo que ocasionaría a la ex ENTel tener que afrontar las costas de esos litigios. “Nada de lo que hice está fuera de la ley”, sostuvo Alsogaray en junio de 2002 cuando fue indagada.
Esta resolución complica la situación de Alsogaray, quien suma el tercer procesamiento confirmado por la Cámara Federal. La sala II de ese tribunal tiene que resolver la apelación contra la prisión preventiva dictada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, pero esto no ocurrirá antes de un mes.