Como respuesta al impulso de sectores del oficialismo a propuestas para poner límites a piquetes callejeros, un amplio abanico de legisladores de la oposición parlamentaria presentará hoy un proyecto redactado por organismos de derechos humanos nucleados en Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para despenalizar los cortes de calle que se realicen por reclamos sociales. Diputados del GEN, el FIT, UP, Proyecto Sur, Libres del Sur, el radical Ricardo Alfonsín y Facundo Moyano, el hijo del líder camionero, avalaron el texto del proyecto que se dará a conocer este mediodía en una audiencia pública en la Cámara baja, y que será respaldado con una movilización frente al Congreso. La propuesta surgió ante el proyecto de las diputadas Diana Conti (FpV) y Alicia Comelli (MPN), que propone la mediación de la Justicia y el Ministerio Público ante cortes de calle que “afecten derechos de terceros” y que plantea una “amnistía” para todos los procesados por este tipo de protestas desde diciembre de 2001 hasta el presente.

La iniciativa que presentarán hoy los diputados opositores en el Congreso propone directamente la extinción de la pena y la causa penal en todos los expedientes judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en cortes de calle o ruta con motivo de reclamos sociales. Una situación que afecta –según los legisladores que impulsan la iniciativa– a unas cinco mil personas procesadas por distintos reclamos sociales con estas características en todo el país.

Los legisladores hicieron propio el texto que los organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia redactaron unos años atrás y decidieron darle estado parlamentario. Una iniciativa a la que rápidamente se plegaron los diputados Virginia Linares, Margarita Stolbizer y Fabián Peralta (GEN), Nicolás del Caño, Néstor Pitrola y Pablo López (FIT); Víctor De Gennaro y Claudio Lozano (UP); el fueguino Oscar Martínez (MSP); Moyano como el único peronista disidente; además del escaso aporte de los socios del GEN en el FA-Unen, como Alcira Argumedo (PS), Victoria Donda (LdS) y Alfonsín. El proyecto “contra la criminalización de la protesta social” será presentado hoy al mediodía con una audiencia pública en el anexo de la Cámara de Diputados, donde dirigentes sociales y políticos expondrán “en primera persona” las situaciones que motivaron las protestas por las que fueron procesados penalmente y hasta condenados.

Entre ellos, los petroleros de la Las Heras acusados del asesinato del policía Jorge Sayago en medio de una revuelta gremial y condenados a cadena perpetua; el cacique qom Félix Díaz; los trabajadores de las compañías Kraft y Donnelley imputados por los cortes en la Panamericana, y el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, además de ambientalistas y estudiantes. Afuera, una marcha cortará las calles frente al Congreso en rechazo a las propuestas que facilitaron la coincidencia opositora.

Varios legisladores kirchneristas habían rubricado con su firma el proyecto que el chaqueño Juan Manuel Pedrini presentó el 16 de abril para regular las protestas en el espacio público. La iniciativa dividía las protestas en “legítimas e ilegítimas” (de acuerdo con su aviso con 48 horas de antelación), proponía una mediación por fuera del sistema judicial para arribar a una solución en dos horas y detallaba un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad (sin armas letales), si la mediación fracasara.

El proyecto generó resistencia dentro del kirchnerismo y hasta el propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, desligó al gobierno nacional de la iniciativa. De todas maneras, Conti y Comelli retomaron un viejo proyecto del ex diputado neuquino del Frente para la Victoria Oscar Massei, que amplía la mediación –que propone Pedrini– a la Justicia y el Ministerio Público, además de impulsar una amnistía a los procesados por cortes de ruta desde diciembre de 2001 hasta ahora. Sin embargo, el oficialismo parece estar en soledad con sus proyectos, ya que el PRO y el massismo –que también proponen ponerles límites a los piquetes– tampoco lo acompañan.