Habiendo transcurrido una nueva jornada de reivindicación del movimiento obrero, me permito reflexionar sobre algunos dilemas que surcan su futuro. Lo hago en el marco de la nueva etapa económica que se abre en el derrotero del proyecto nacional instaurado en 2003. Esto es, la necesidad de alcanzar un mayor nivel de competitividad de la economía y de regularizar los temas pendientes de la agenda externa, a fin de revertir el resultado negativo de la cuenta capital, favoreciendo el ingreso de fondos desde el exterior al país.

Ambos objetivos procuran superar la restricción externa sin dañar el salario y preservando los niveles de empleo y actividad económica, como forma de recuperar un sendero de crecimiento sostenido. En este escenario surcan el seno del movimiento obrero dos grandes cosmovisiones.

Un sector de la dirigencia sindical reconoce que en un contexto de bajo desempleo y paritarias libres, la puja salarial se dirime en una tensión obrero-patronal, dado lo cual el éxito depende de la capacidad de organización y movilización de sus organizaciones, considerando las altas tasas de ganancia empresaria de los últimos tiempos.

Como ejemplo de esto, refieren la situación de los trabajadores rurales y gastronómicos quienes, pese al dinamismo del sector, padecen altas tasas de empleo informal y bajos salarios, depositando la responsabilidad en cierta complicidad existente entre Venegas y Barrionuevo con las cámaras patronales, más que en las políticas del Gobierno.

En cambio, otra porción del movimiento obrero, si bien acepta una mejora de las condiciones de empleo y salario, sostiene la necesidad de revertir “una política económica que impide la inclusión y la elevación del nivel de vida del pueblo en su conjunto”. Una postura nacionalista popular donde el reparto de la riqueza descansa solo en la capacidad redistribuidora del Estado. Curiosamente, esta visión surge de los sectores de izquierda.

Pero la tensión obrero-patronal por la tasa de ganancia y la capacidad de los sindicatos de influir en las políticas públicas son mecanismos redistributivos que debieran articularse y no contraponerse.

Las paritarias libres son decisivas para la elevación del salario y tres son las políticas macroeconómicas que le dan sustento: proteccionismo industrial para garantizar buenos niveles de empleo; regulación de mercados para impedir la repropiación del salario por suba de precios; y fomento a la inversión para aumentar el empleo formal.

Históricamente, el sindicalismo argentino –masivamente peronista– recurrió a medidas drásticas como el último paro general para impugnar las políticas económicas que afectaban los puestos de trabajo y limitaban el crecimiento salarial. Desechó la confrontación clasista para alterar la distribución del ingreso y propició medidas económicas alternativas –como los Programas de La Falda, Huerta Grande, 1O de Mayo, el Programa de los 26 puntos y los producidos por la CGT-Azopardo, el MTA y el CTA durante los ’90–. Pero el sector que impulsó el último paro general no se posiciona como continuador de esta tradición combativa. Sus reivindicaciones se confunden con la agenda de los medios concentrados, desestimando otras que sí apuntarían a su fortalecimiento, como demandas de mayor proteccionismo o incremento de la regulación y de los flujos de financiamiento para el desarrollo. Sólo ofrecen un brutal rechazo al Gobierno.

El sindicalismo argentino tiene por delante la tarea de defender el salario en la tensión con los empresarios y la de comenzar a evaluar aquellas políticas que garanticen mejores condiciones para llevar adelante esa discusión.

La profundización de la industrialización, la regulación de los mercados y la inversión son las claves del futuro. El Movimiento Obrero debe intervenir en ese debate con sus visiones y propuestas, decidiendo su propio destino. De otro modo estará colaborando con aquellos sectores que alientan una restauración conservadora, en contra del empleo y el salario.

* Diputado del FpV, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.