Lejos de bajar los brazos, los querellantes en la causa penal por delitos de lesa humanidad en la que está imputado el juez marplatense Pedro Federico Hooft piensan seguir dando batalla, y lo harán en dos frentes en forma simultánea. Por un lado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentará un recurso ante la Corte Suprema para que sea revisada la decisión del Jury de Enjuiciamiento, que resolvió su continuidad como magistrado. Y también redoblarán la presión en el expediente, donde está acusado porque habría sido cómplice y funcional al terrorismo de Estado, según la denuncia que originó la causa presentada por el fallecido secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, junto a organizaciones de derechos humanos y políticas. Para eso exigirían una serie de medidas de prueba para que pueda ser concretada la tantas veces postergada declaración indagatoria de Hooft.

El 28 de abril, el Jury resolvió que Hooft no había cometido los delitos de lesa humanidad que se le imputaron, lo restituyó en el cargo y le devolvió el porcentaje de los sueldos que no percibió desde que fue suspendido, el año pasado. “Ahí mismo radica el error, el Jury no está para condenar o absolver, sólo debía determinar si podía o no seguir siendo juez”, se queja una alta fuente oficial consultada por Página/12. Desde la secretaría que conduce Martín Fresneda intentarán recurrir la resolución del Jury, pero tienen muy claro que la causa penal corre por una vía separada, y en ningún caso puede ser un obstáculo para que la Justicia avance. La inmunidad de la que Hooft goza por su condición de magistrado se refiere sólo a que no puede ser arrestado, no hay ningún impedimento para acusarlo ni para que sea sometido a una indagatoria.

Sin embargo, también ahí radica el problema: Hooft faltó siete veces a las audiencias a las que lo citó el juez Martín Bava para que responda por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el marco del episodio conocido como La Noche de las Corbatas, cuando fueron secuestrados abogados marplatenses. Para el fiscal Pablo Larriera, esos delitos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft, quien archivó los hábeas corpus en forma prematura sin dar siquiera una respuesta burocrática a las Fuerzas Armadas. En el caso del abogado Jorge Candeloro, rechazó los recursos con constancias de la detención y luego con un informe que lo anunciaba muerto en un supuesto enfrentamiento. Marta, la viuda de Candeloro, declaró que Hooft visitaba la comisaría donde ella estuvo detenida y no respondió a sus pedidos de ayuda. En este expediente ya se habían excusado de intervenir cinco jueces, lo que prenunciaba el apoyo de la corporación judicial que viene recibiendo el cuestionado magistrado.

La última orden vigente del juez Bava es para que se presente el 4 de junio, y si una vez más decidiera no concurrir, tampoco podrían obligarlo con la fuerza pública por los fueros que lo protegen. En este sentido, la fuente consultada dijo que están consensuando con el resto de las querellas solicitar que Hooft sea sometido a exámenes médicos y psicológicos, para determinar si está en condiciones de acudir a la indagatoria que, por ahora, viene esquivando. Incluso también están evaluando una eventual iniciativa para llevar el caso a tribunales internacionales. Pero, mientras tanto, la próxima movida será articulada con todos los actores implicados, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos “para acompañar con todo lo que podamos tanto el juicio penal como la apelación al fallo del Jury, que tuvo aristas vergonzosas”, dijo a Página/12 el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén. “Además se muestra el pensamiento de Sergio Massa en materia de memoria, verdad y justicia, porque sus senadores votaron a favor de Hooft”, dijo en referencia a Patricio Hogan, quien también nombró como asesora personal a la hija del magistrado, y a Héctor Vitale, en quien los organismos de derechos humanos tenían puesta alguna expectativa finalmente defraudada.