El ex capellán Aldo Vara, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, vivió los últimos ocho meses como prófugo de la Justicia gracias a la cobertura que le brindó la Iglesia Católica desde al menos dos países. Mientras el arzobispo bahiense Guillermo Garlatti le libraba cheques mes a mes por medio de un apoderado, Vara se mantuvo a resguardo en una parroquia de Ciudad del Este, diócesis que conduce el obispo Rogelio Livieres Plano, quien hace ya un lustro desató un escándalo entre los laicos por acoger a un cura acusado de abusos sexuales. “Vara se refugia porque no encuentra justicia en su país. Salió porque no era un proceso justo”, declaró a un diario local el párroco Ecar Rolón para justificar el encubrimiento en Paraguay. “Esto era posible al no existir sanción canónica”, lo respaldó el propio Livieres Plano, ex profesor de la Universidad Austral y ex vicario de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei en Buenos Aires. Mientras en Bahía Blanca la Justicia investiga a Garlatti por financiar al prófugo, al mismo tiempo que el Estado ofrecía una recompensa para capturarlo, el comunicado de la diócesis de Ciudad del Este aporta un dato clave: el ex capellán “fue recibido a pedido de su Obispo”. El texto omite precisar nombre o jurisdicción, pero ese obispo con mayúscula no es otro que Garlatti, confirmó a Página/12 el sociólogo Fortunato Mallimaci. A la espera de la extradición, Vara seguirá dando misa y dormirá en la misma cama que cuando era un prófugo, ahora bajo arresto parroquial.

El rol de Vara durante el terrorismo de Estado es público desde el Juicio a las Juntas por el testimonio de sobrevivientes del centro clandestino La Escuelita. En 1999, durante el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca, el propio ex capellán admitió que supo de las torturas en el Cuerpo V de Ejército y que vio las secuelas de la picana sobre el cuerpo de jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181. El entonces fiscal Hugo Cañón pidió su imputación, pero la Cámara Federal se la negó cuando todavía regían las leyes de impunidad. Trece años después, el tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses tomó nota de los testimonios sobre Vara, consideró probada su “culpabilidad” en secuestros y torturas, y ordenó que se lo investigara en primera instancia. En abril de 2013, los fiscales federales José Nebbia y Miguel Pala zzani desmenuzaron las pruebas contra el cura, a quien caracterizaron como un agente de inteligencia que sólo por su técnica se diferenciaba de los militares, y pidieron su detención e indagatoria. El juez subrogante Santiago Martínez dijo no encontrar “elementos suficientes” (tampoco los encontró en el caso de los directivos del diario La Nueva Provincia) pero la Cámara Federal opinó lo contrario y en agosto ordenó la captura, que se concretó el lunes pasado en Ciudad del Este.

“Interpol lo arrinconó y acordaron su presentación ‘voluntaria’ a la regional de la organización transnacional”, precisó el periódico E’a bajo el título “Iglesia paraguaya protegió a cura argentino acusado de torturas”. Una alta fuente de Interpol confió al diario que lo encontraron en la parroquia Virgen del Rosario y que, “como es una persona mayor”, le concedieron ese inusual beneficio. El imputado fue trasladado luego a Asunción, donde el juez de garantías Hugo Sosa Pasmor le concedió el arresto en la misma parroquia que lo cobijó como prófugo, a la que volvió con custodia policial. El párroco Rolón, que acompañó a Vara durante el simulacro de entrega, declaró al diario La Vanguardia que su compañero “salió (de la Argentina) porque no era un proceso justo”. En la misma línea que el ex juez Otilio Romano cuando pidió refugio en Chile o que el ex piloto naval Julio Poch cuando fue detenido en España, Rolón sugirió que Vara es víctima de una persecución y agregó que “se siente martirizado y golpeado por algo externo”, aunque aseguró que “la Justicia paraguaya estará resolviendo como corresponda”. Mientras cumpla el arresto en la parroquia, el cura de ochenta años seguirá oficiando misa, aclaró Rolón, que es capellán de la penitenciaría de Ciudad del Este.

El obispo Livieres Plano, más precavido, se dirigió “a los fieles y medios de prensa” mediante un comunicado oficial de la diócesis de Ciudad del Este. “Habiendo conocido que pesaba sobre él (Vara) una orden judicial, emanada de autoridades argentinas, se presentó” ante Interpol, apuntó en un claro intento de desmentir a las publicaciones que habían informado sobre la falsa entrega voluntaria. El obispo, que es también abogado y escribano, apuntó que el ex capellán ayudó “en la liturgia y otras actividades” de la parroquia y aclaró, por si el dato contrariaba a algún feligrés, que “esto era posible al no existir sanción canónica” (vale aclarar que la Iglesia Católica tampoco aplicó una “sanción canónica” al ex capellán Christian von Wernich, condenado a prisión perpetua en 2007 como “torturador y asesino”, según el Tribunal Oral Federal de La Plata). “El citado sacerdote goza de la estima de la comunidad parroquial por sus servicios y calidez humana”, aseguró, y le agradeció “la entrega y sacrificio demostrados durante este poco tiempo en que estuvo desarrollando actividades pastorales”.

Livieres Plano numeró del uno al cinco los puntos relevantes para el frente interno y mencionó como al pasar, en la introducción, un dato clave para la investigación del encubrimiento por parte del Arzobispado de Bahía Blanca, que denunció el martes el Ministerio Público. Vara “fue recibido en la Diócesis de Ciudad del Este a pedido de su Obispo”, escribió, sin precisar el nombre ni la jurisdicción eclesiástica de origen. Consultado por Página/12, Mallimaci explicó que “Vara es un sacerdote incardinado, es decir, con anclaje territorial permanente, por lo que depende siempre de un solo obispo, en su caso el de Bahía Blanca”. “Para que pudiera ejercer en otra diócesis, Garlatti debió haberlo recomendado o cuanto menos haber certificado que es un sacerdote en plenitud”, agregó.

El arzobispo que pidió a su par paraguayo recibir a Vara y que todos los meses libraba un cheque para el prófugo por medio de su apoderado Leopoldo Bochile es el mismo hombre que en noviembre, ante un pedido de ayuda de organismos de derechos humanos, dijo desconocer el paradero de Vara. El fiscal Castaño ya promovió la acción penal por encubrimiento, en principio contra Garlatti y Bochile, dueño de Bochile Inmobiliaria en Bahía Blanca. La causa está en manos del juez subrogante Martínez, quien debería excusarse porque ya se pronunció a favor de la inocencia del ex capellán.

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