El fiscal federal Antonio Castaño requirió informes al Banco Central para determinar si desde el Arzobispado de Bahía Blanca se financió al ex capellán militar Aldo Vara mientras estuvo prófugo en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El juez federal Santiago Ulpiano Martínez delegó en Castaño la investigación sobre si el arzobispo Guillermo Garlatti financió a Vara, quien permaneció prófugo ocho meses hasta que fue detenido en Paraguay la semana pasada.

El Arzobispado de Bahía Blanca defendió a Garlatti mediante un comunicado que señala que Garlatti llegó a la arquidiócesis de Bahía Blanca en 2003 y Vara había abandonado la arquidiócesis en 2001. “En consecuencia no tuvo relación con él y cuando la Justicia formuló peticiones con respecto a su domicilio, se informó en forma inmediata y veraz, sin ocultar detalle alguno”, precisó el comunicado.

Castaño dispuso ayer las primeras medidas de prueba, que ya había sugerido al juez en su requerimiento de instrucción. El fiscal orientó la investigación a determinar si Garlatti financió a Vara mientras estuvo prófugo mediante el pago de un beneficio jubilatorio que se hacía efectivo en la sede de la curia a través del apoderado Leopoldo Bochile, también imputado. Con la misma hipótesis, dispuso recibir declaración testimonial al administrador de la curia, Bruno Cucchetti, y al sociólogo Fortunato Malimacci, quien denunció públicamente la irregular situación.