Jue 08.05.2014

EL PAíS  › EL JUEZ SEBASTIáN CASANELLO ACUSó A LEONARDO FARIñA Y FEDERICO ELASKAR Y EMBARGó SUS BIENES

Dos procesados por lavado de dinero

Según las estimaciones del juez, a través de operaciones como la compra de propiedades y autos de alta gama, movimientos bancarios y financieros, Fariña habría lavado unos 35 millones de pesos y Elaskar unos 27 millones.

› Por Irina Hauser

“¿Y la van a desalojar a Karina Jelinek del suntuoso departamento?”, era la pregunta recurrente por la tarde en las radios. Es que la vivienda de Libertador 2434, que costó un millón y medio de dólares más otro medio millón en decoración, es uno de los tantos bienes que le inmovilizó ayer el juez Sebastián Casanello al ex marido de la modelo, Leonardo Fariña, cuando lo procesó por lavado de dinero al igual que a Federico Elaskar. A Fariña le trabó un embargo por 35 millones de pesos y al financista, por 27 millones. Son los montos de dinero sucio que, según las estimaciones del juzgado, habrían lavado ambos personajes a través de operaciones dudosas de todo tipo, desde la compra de propiedades, campos y autos de alta gama hasta una fiesta de casamiento y abultados movimientos bancarios y financieros.

Esta es la famosa causa que se inició cuando Fariña y Elaskar aparecieron en televisión, en el programa Periodismo Para Todos, “autoinculpándose” de haber participado “de una ingeniería puesta en práctica para lavar activos”, como recuerda en las primeras páginas la resolución de Casanello. Hablaban de maniobras por las que se habrían sacado del país cerca de 60 millones de dólares que vinculaban con el empresario Lázaro Báez. Cuando fueron indagados desmintieron lo que habían contado ante las cámaras, pero ayer terminaron procesados sin prisión preventiva por el delito de lavado, que en el caso prevé de cinco a diez años de cárcel. Fariña, en rigor, ya está preso acusado de evasión agravada por un juez de La Plata. Elaskar sigue libre por no haber riesgo de que se fugue u obstruya la causa.

Báez forma parte de la misma investigación, aunque su situación está en veremos, al igual que la de su hijo Martín, la de Fabián Rossi y la del contador Daniel Pérez Gadín.

Casanello explica en su resolución que hay dos formas de establecer la posible existencia de lavado: como derivación de otra causa penal donde se haya demostrado el origen ilícito del dinero (como casos de trata, narcotráfico o corrupción) o por la detección de operaciones o adquisición de bienes incongruentes con la capacidad económica de quien las realiza. Por este segundo camino quedaron procesados Fariña y Elaskar, ya que el expediente comenzó por lo que dijeron en la tele y no por un delito previo, que igual se investiga. Casanello basa la sospecha de lavado en: “incrementos patrimoniales injustificados; la inexistencia de actividades económicas o comerciales legales; y vinculación, relación o conexión con actividades delictivas o con personas o grupos relacionadas con ellos”.

El juez traza un perfil de ambos imputados para procesarlos. A Fariña lo liga con Juan Ignacio Suris, el novio de la vedette Mónica Farro, preso por narcotráfico. En escuchas de la causa contra Suris, Fariña propone la transferencia de “90 físicos”, que son 90 millones de dólares, de Portugal a Centroamérica. También la resolución menciona una denuncia que lo señala como titular de una cuenta bancaria que se habría utilizado para que Hinchadas Unidas Argentinas (barrabravas) juntaran plata para ir al Mundial de 2010. Se suman otras causas penales por ingresar y sacar plata a Chile y Uruguay. Casanello describe a Fariña como alguien que tuvo una “irrupción glamorosa en el jet set vernáculo”, pero se fue trasladando a las secciones de noticias judiciales y policiales ligado a actividades delictivas. Respecto de Elaskar, sostuvo que por ser dueño de una “cueva”, SGI (La Rosadita), contaba con la ingeniería para reciclar fondos, cambiar cheques y lavar dinero. La relación con Fariña, dice, está probada y relatada por empleados de la financiera que contaban que lo veían entrar y salir sin anunciarse. Fariña, además, tenía una tarjeta de crédito platino que pagaba SGI.

A Fariña le atribuye estas operaciones de posible lavado. La compra de la estancia El Carrizalejo, en Mendoza, de 3600 hectáreas, por 5 millones de dólares. Fariña compra “en comisión”, para un anónimo, y a los dos años él mismo inscribe el campo como propio y lo vende por un 64 por ciento menos (1,8 millón). Al declarar dijo que compró por cuenta y orden de Lázaro Báez, quien se lo dio en concepto de honorarios por un estudio económico para Austral Construcciones. Su fiesta de casamiento con Jelinek en el Tattersall, el 28 de abril de 2011, costó 2 millones de pesos. Aparece pagando Rei Fiduciaria, del inversor inmobiliario Carlos Molinari (ya citado a indagatoria), aunque la hipótesis es que se usó el nombre. También están bajo sospecha la compra en 2011 de una camioneta BMW de 444 mil pesos y una Ferrari California. El departamento donde vive Jelinek fue comprado a Cecilia Bolocco a través de la empresa Diego SA, que se atribuye a Fariña. Costó 1,5 millón de dólares. En el mismo edificio vivieron Zulema Yoma y el genocida Emilio Massera.

Elaskar está procesado por operaciones sospechosas bancarias. El Banco Río remitió reportes por movimientos sin justificar por 332 mil pesos de diciembre de 2009 y entre mayo y junio de 2010 por 327 mil pesos. También hay del Banco Supervielle por 460 mil pesos en 2009 y se detectaron operaciones de la compañía financiera Metrópolis por 18 millones de pesos. Un pago de 90 mil dólares a Mario Lisandro Acevedo Fernández (citado a indagatoria) también lo compromete. Por último, el juzgado le cuestiona la compra de un Porsche por 800 mil pesos y una Ferrari por 1,2 millón en 2011.

La resolución de Casanello se refiere a las críticas que recibió su investigación en los inicios, desde los medios y la oposición política, en que se le pedía que hiciera allanamientos –por ejemplo a la financiera SGI– cuando aún no había requerimiento de instrucción del fiscal. Si lo hacía fuera de la ley, dijo, “sería declarado nulo” y su resultado no podría ser utilizado. El juez ordenó nuevas medidas que apuntan a reconstruir “la ruta del dinero de procedencia ilícita”.

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