Cuatro sobres oficio de papel madera contenían el resultado del allanamiento que realizaron efectivos de la Policía Federal en la sede del Arzobispado de Bahía Blanca, con documentación relacionada con la percepción del beneficio jubilatorio que se abonaba todos los meses a Leopoldo Bochile, apoderado del ex capellán militar Aldo Vara, incluso durante los meses en los que estuvo prófugo de la Justicia, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. Entre los documentos que ahora serán analizados en la causa está el poder que Vara había extendido para obtener recursos mientras estuvo al margen de la ley y también los recibos de pagos de, al menos, los últimos diez años.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes a la tarde, por orden del juez federal Santiago Martínez y tras dos pedidos del fiscal Antonio Castaño, quien instruye la causa que se sigue al arzobispo Guillermo Garlatti por abonar ese beneficio a Vara, quien estaba prófugo de la Justicia en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. Según informó el portal de Ministerio Público Fiscal, el primer pedido de allanamiento fue cursado por el fiscal en el requerimiento de instrucción, pero Martínez lo rechazó y le remitió la causa a Castaño para que la instruyera. Como primera medida, el fiscal convocó a declarar al administrador de la curia bahiense, Bruno Cucchetti. Tras recibir ese testimonio, Castaño solicitó el jueves nuevamente el procedimiento en base a sus manifestaciones y requirió que se dispusiera “el allanamiento del Arzobispado, con el objeto de que se proceda al secuestro de documentación, legajos, antecedentes y toda otra actuación que se relacione con el cobro del beneficio jubilatorio del imputado Aldo Vara”. El fiscal también solicitó “documentación que tenga referencia con comunicaciones efectuadas por Guillermo Garlatti a otras jerarquías de la Iglesia Católica, que hagan expresa referencia a Aldo Vara”. El delito que se les imputa al arzobispo bahiense y al apoderado de Vara está previsto en el artículo 277 del Código Penal, que estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien “ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”.

Vara fue detenido por Interpol en Paraguay y aguarda su extradición a la Argentina. Está imputado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de los que resultaron víctimas un centenar de personas que pasaron durante la última dictadura por los centros clandestinos que funcionaron en la sede del V Cuerpo del Ejército.

Como publicó Página/12, el ex capellán militar también recibió apoyo y resguardo en una parroquia de Ciudad del Este, diócesis que conduce el obispo Rogelio Livieres Plano. Hasta que no se concrete su extradición está bajo “arresto parroquial”, con custodia policial. Su detención había sido concretada hace dos semanas en esa ciudad de Paraguay. Interpol lo arrinconó y acordó con el imputado una “entrega voluntaria”. Lo habían encontrado en la parroquia Virgen del Rosario, y por ser “una persona mayor” le permitieron tal privilegio.

En abril de 2013 los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani usaron las pruebas contra el cura obtenidas en el primer juicio a un grupo de represores de Bahía Blanca y concluyeron que Vara fue un agente de inteligencia que implementó una técnica diferente de la que usaban los militares. El juez Martínez no encontró elementos para indagarlo, como pidieron los fiscales, pero la Cámara Federal falló contra esa decisión y en agosto ordenó la captura de Vara.

Su rol durante la dictadura ya había sido mencionado en el Juicio a las Juntas y en el Juicio por la Verdad de 1999. Desde entonces, el ex fiscal Hugo Cañón insistió en que debía ser imputado, pero no fue posible hasta que no fueron anuladas las leyes de impunidad.