El diario La Nación rectificó ayer la nota que había publicado sobre la atribución del asesinato de Carlos Mugica a Montoneros y reconoció que no era real lo que me imputó. El diario publicó el fragmento del diálogo que sostuve con Gustavo Sylvestre y admitió que “a partir de esa conversación, LA NACION extendió de manera errónea el entrecomillado a Montoneros, cuando la frase textual no lo abarcaba”. Me alegro por ese diario que todavía le quede algún reflejo periodístico, y por sus confundidos lectores, que se lanzaron a insultarme en los foros por algo que Montoneros no hizo y que yo no dije. Sin embargo, el título de la rectificación es engañoso. No soy yo quien desliga a Montoneros de la muerte de Mugica, sino el expediente judicial, en el que fue procesado por ello el custodio de José López Rega y creador de la Triple A, Rodolfo Almirón. Y no sólo lo decreta la causa tribunalicia, sino también el testimonio del único sobreviviente del atentado, Ricardo Capelli, el amigo y colaborador de Mugica que fue herido junto con él y que sobrevivió para contarlo. Capelli identificó como autor de los disparos al policía Almirón, a quien había conocido cuando acompañaba a Mugica al Ministerio de Bienestar Social, donde el cura era asesor. Su renuncia, porque López Rega quiso entregar a constructoras privadas la urbanización de la villa 31, mientras sus habitantes apoyados por Mugica querían hacerlo por autoconstrucción cooperativa, fue su sentencia de muerte. En otra página de La Nación de ayer, el historiador italiano Loris Zanatta avala con otra falacia la hipótesis del crimen montonero. Dice que el diario Noticias publicó una amenaza implícita a Mugica al colocarlo en una “Cárcel del Pueblo”, por oligarca, oportunista y traidor. Eso tampoco es cierto. La cárcel del pueblo era una sección fija de la revista Militancia, que dirigían Eduardo Duhalde y Rodolfo Ortega Peña y que, a diferencia de Noticias, no tenía relación alguna con Montoneros.

Cuarenta años después es lícito preguntarse, como tal vez hagan muchos jóvenes, a qué vienen estas precisiones. La respuesta es breve: para no permitir que prevalezca el engaño sobre un momento clave de la tragedia argentina y a partir de él se cuestionen políticas de fondo para el futuro. La operación comenzó hace años, con la pretensión de que en el gobierno de los Kirchner resucitaba la guerrilla montonera, que es sólo un momento de la historia, sin proyección actual alguna. Y a partir de esa asociación ilícita se intenta deslegitimar toda la política de memoria, verdad y justicia llevada adelante desde siempre por los organismos defensores de los Derechos Humanos, a la que el kirchnerismo adhirió en 2003.