La Cámara de Diputados tiene previsto convertir hoy en ley el traspaso a la Nación de la administración de los edificios donde funcionaron los centros clandestinos de detención de la dictadura en la ciudad de Buenos Aires y que estaban a cargo del gobierno porteño, entre ellos el predio de la ex Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA). El acuerdo entre los gobiernos de la Nación y Ciudad ya fue refrendado por la Legislatura porteña y tiene media sanción del Senado.

El tratamiento del acuerdo fue incorporado al temario de la sesión especial de hoy por el oficialismo. El convenio abarca al Casino de Oficiales, el Pabellón Central, la Imprenta, el Taller Mecánico y la Enfermería de la ex ESMA, por donde pasaron miles de detenidos-desaparecidos. Incluye además los edificios ex centros clandestinos de detención y tortura Automotores Orletti, Club Atlético, Olimpo y Virrey Ceballos.

Durante la sesión de hoy en Diputados se repetiría el mismo escenario que el día en que el Senado le dio media sanción al proyecto, en abril pasado. Sólo votarían a favor los diputados del Frente para la Victoria, sus aliados más cercanos y del PRO, que de esa manera avalará la decisión del gobierno porteño que conduce. El kirchnerismo insistirá con los fundamentos que expresa el texto de la iniciativa: “La administración por parte del Poder Ejecutivo nacional de estos espacios de memoria ayudará a la conservación, mantenimiento y puesta en valor de los mismos, de acuerdo con las políticas de memoria, verdad y justicia que se han implementado desde el año 2003”.

La UCR ya ratificó su voto en contra con los mismos argumentos que esgrimieron sus senadores: que el convenio es un “retroceso” porque “se le otorga al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de la gestión de una política” que debe ser “transversal” y no “un intento de apropiación por parte de ningún gobierno”. Igual camino seguirán las otras bancadas partidarias que conforman la alianza FA-Unen con la UCR, además del Frente Renovador, el Frente de Izquierda y otros bloques menores.

La ratificación del convenio en la Legislatura porteña dividió a los aliados del kirchnerismo y tuvo otra discusión adicional: la disolución del Instituto Espacio para la Memoria, que coordinaba los sitios de memoria y que deja de ser un ente perteneciente a la Ciudad, y la creación, en su reemplazo, de un Consejo Asesor en Políticas Públicas de la Memoria que “impulsará la transmisión de la memoria de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado”. La disuelta Comisión Directiva del IEM, donde participaban la APDH, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Hermanos de Desaparecidos y el Serpaj, se opuso. El nuevo Consejo Asesor estará integrado por tres representantes del Ejecutivo de la Ciudad, tres de la Legislatura y uno por cada una de las organizaciones sociales de derechos humanos, entre ellas, Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, CELS, Serpaj y Madres-Línea Fundadora.