En medio de un duro debate y no pocos cruces en el recinto, la Cámara de Diputados convirtió en ley el traspaso a la Nación de la administración por 30 años de los edificios donde funcionaron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la dictadura en la ciudad de Buenos Aires que estaban a cargo del gobierno porteño: algunos edificios del predio de la ex Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) y los denominados Automotores Orletti, Club Atlético, Olimpo y Virrey Ceballos. El acuerdo firmado entre los gobiernos de la Nación y Ciudad –ya refrendado por la Legislatura porteña– recogió 142 votos a favor entre el oficialista Frente para la Victoria y sus aliados, más los representantes del PRO que avalaron la decisión de la administración de la Ciudad. En tanto, el grueso del abanico opositor reunió 81 en contra de la iniciativa.

“Desde la asunción de Néstor Kirchner, el gobierno nacional planteó una política de memoria, verdad y justicia poniendo al Estado a resolver lo que el Estado terrorista había infligido sobre el pueblo argentino”, sostuvo el diputado kirchnerista Remo Carlotto que compartió con su compañera de bancada, Anabel Fernández Sagasti, la defensa del proyecto. Para la mendocina, el traspaso “reafirma y profundiza la política de Estado en la promoción de los derechos humanos”.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar. “El PRO y el Frente para la Victoria votan la disolución de una de las banderas más importantes de derechos humanos que tenemos”, lanzó la diputada de FA-Unen e hija de desaparecidos Victoria Donda. Se refería al Instituto Espacio para la Memoria (IEM) que funcionaba en la Ciudad con la participación de organismos de derechos humanos. Acusó al oficialismo de “querer hacer desaparecer” ese organismo, porque “no puede comprar los votos de quienes están en el directorio”.

La acusación enfureció al oficialismo y, a su turno, el diputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla denunció que “parte de los organismos de derechos humanos que forman parte” de la administración de la ex ESMA “no respetan la pluralidad y la democracia”. Hubo gritos de desaprobación que llegaron desde la bandejas donde había un grupo de integrantes de esos organismos, como Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Pietragalla entonces se cruzó con el ex detenido desaparecido Carlos “El Sueco” Lordkipanidse, quien le expresaba exaltado su de-saprobación. Con la mirada puesta en el palco, Pietragalla le espetó que cada 24 de marzo, cuando “no les gusta lo que consensuamos” en el tradicional documento “se van a marchar con otros”.

Fue el momento más tenso de la sesión, aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, evitó que los encargados de seguridad desalojaran los palcos. “La única hija de desaparecidos está en la oposición y la puso Néstor Kirchner acá adentro”, lanzó entonces Pietragalla, que recogió los aplausos de su bloque.

“El gran pecado del IEM fue defender con todas sus fuerzas que la política de derechos humanos debía ser autónoma y autárquica, con una fuerte participación de la sociedad civil, con la búsqueda de consensos, y que no podía quedar en manos de un solo partido político”, dijo Alcira Argumedo de Proyecto Sur para sumarse a las críticas. Víctor De Gennaro, de UP, señaló que es “una irresponsabilidad terminar con una experiencia autárquica y autónoma en la Ciudad de Buenos Aires”.

El macrista Federico Pinedo defendió el acuerdo y pidió un “diálogo abierto para tener una historia común, más allá de los enfrentamientos partidistas”.

“Hubo una falencia presupuestaria y abandono de la gestión del Gobierno de la Ciudad, donde en seis años de la gestión macrista hubo un 55 por ciento de subejecución que generó problemas de este organismo. Eso redunda en que en los edificios de la ex ESMA, como en los otros ex centros clandestinos, no se realizaron las obras necesarias de los instrumentos museográficos para dar a conocer a la sociedad de lo que sucedió allí”, sostuvo en el cierre del debate el diputado kirchnerista e hijos de desaparecidos Juan Cabandié.

“Los ex centros no son patrimonio de los organismos de derechos humanos, ni de los que fuimos víctimas directas ni de los partidos políticos, son del Estado, de toda la sociedad”, agregó Cabandié, que también defendió el convenio hecho con el PRO: “No es un pacto, es un acuerdo de gobernabilidad, tampoco tenemos un pacto con el gobierno de Santa Fe cuando mandamos gendarmes para combatir el narcotráfico”.