El Banco Mundial calificó a la Argentina como el país que mejor orientó lo que define como gasto social y la calificadora de riesgo Standard and Poor’s dijo que era el peor país de América latina para invertir. Y todo eso sucedía al mismo tiempo que las CGT de Moyano y de Barrionuevo hacían un acto para eliminar el Impuesto a las Ganancias y que el Gobierno informaba que parte de ese impuesto va a la Asignación Universal por Hijo –que fue aumentada un 40 por ciento– y al Plan Progresar, para jóvenes en situación de riesgo. Resulta que esa asignación impacta en el corazón de la indigencia y la mantiene en un nivel que es uno de los más bajos de América latina y que el plan Progresar incide fuertemente en la disminución de los índices de desigualdad. La ronda sigue así: el Foro de Convergencia Empresaria pidió que el Gobierno baje al gasto social. “Gasta mucho y gasta mal”, dijeron representantes de ese agrupamiento opositor. En vez de bajar el gasto, el Gobierno destinó un equivalente a dos puntos del Producto Bruto para aumentar la Asignación Universal por Hijo. “Ellos quizá piensen que se gasta mal cuando se destinan 15 puntos del Producto Bruto a la seguridad social”, les respondió Jorge Capitanich. La disputa no tiene tregua. Los economistas ortodoxos y la izquierda opositora dicen que la economía es un descalabro y reclaman un ajuste o denuncian que ya se hizo. Pero el Gobierno habilita las paritarias, que aumentan los sueldos, y aumenta las AUH y las asignaciones familiares. “Con el dinero que se vuelca al mercado con estos aumentos, se abrirán 30 mil nuevos puestos de trabajo”, asegura el ministro Axel Kicillof.

Es el escenario de una cinchada, el aire saturado con algarabía de estática y argumentos contrapuestos, bombardeos de cifras que tratan de sensibilizar neuronas, de influir en los ánimos y crear respaldos u oposiciones. Cada quien recibe ese flujo según su lugar. Gran parte de la clase alta y media alta se enteró el miércoles de que una porción de la plata que siente que le confisca el Estado va a la Asignación Universal por Hijo. No lo van a creer, no les va a gustar creerlo, pero algo de los que más ganan va a los que menos tienen. Parece sacado de un manual de justicia social. La medida fue reclamada por la CTA desde antes de que asumieran los gobiernos kirchneristas y formó parte del arsenal de ideas que desembocó en un referéndum del Frente Nacional contra la Pobreza, en 2001, que reunió más de un millón de votos. La mayoría de los que participaron en esa iniciativa respaldó la AUH cuando el gobierno kirchnerista la concretó. Pero los que están en la oposición buscaron y buscan la forma de oponerse sin que se note tanto. “Este gobierno no hizo nada del otro mundo, les saca plata a los jubilados y se las da a los pobres”, fue una de las frases que se escucharon por izquierda. Por derecha, reemplazaban la palabra “pobres” por “vagos”. Unos están en contra de que les saquen a los jubilados y otros de que les den a los pobres. En suma: desde los dos lados dan a entender que la AUH es un engaño demagógico, clientelar y asistencialista. No es la medida del gobierno que más critican, pero están obligados a hacerlo porque es una de las más populares, una sobre las que se basa el respaldo al oficialismo.

Solamente el 60 por ciento de los fondos de la Anses proviene de los aportes jubilatorios. El 40 por ciento restante se conforma básicamente con parte del Impuesto a las Ganancias y del IVA. Por el contrario, el 90 por ciento de esos fondos se usa para pagar jubilaciones y pensiones. O sea: no se les saca un solo peso a los aportes jubilatorios y además se transfiere a los jubilados una gran masa de dinero que proviene de otros impuestos. La Asignación Universal por Hijo representa menos del 5 por ciento de los fondos disponibles de la Anses. En rigor, es falso decir que la AUH sale del bolsillo de los jubilados. Además, la adjudicación es directa, no tiene intermediarios, la tramita el interesado en persona por ventanilla y se cobra en cajero automático, no hay condicionamientos clientelares ni punteros de por medio.

Más que oficialismo versus oposición, el debate es sobre distribución de la riqueza. Los que se oponen tienen que desacreditar medidas como la AUH y demostrar que no modifican inequidades como la pobreza y la indigencia.

Se discute mucho si la pobreza aumentó o bajó, se manipulan cifras y datos que sirven para un lado o el otro. Esos mensajes tienen muchos receptores según la forma en que sean afectados por los hechos. Si se le pregunta a alguno de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, no va a mencionar una estadística, sino que va a responder que es menos pobre que antes de percibirla. Y lo mismo con los jubilados que antes no tenían posibilidad de jubilarse o con los trabajadores que antes estaban desocupados. Si dijeran lo contrario, mentirían sobre su propia condición. Son millones de personas que están menos pobres que antes. El camino para que no haya más pobres empieza por hacer menos pobres a los que ya lo eran y ése es el camino que parece cuestionar esta catarata de críticas, algunas de las cuales provienen incluso de sectores que dicen que no quieren que haya más pobres. Las expresiones de deseos, cuando no se encuadran en el proceso político que las puede encarnar, terminan haciéndose cómplices de los que quieren que siga habiendo pobres. Se unen, se consultan y se usan. No será la primera ni la última vez que suceda.

El debate en el plano de lo simbólico tiene correlatos en el mundo real. Los alineamientos no son teóricos. Los millones que se benefician con las medidas distributivas dirán que están menos pobres, que la pobreza baja. El que resulta afectado –desde el disconforme por la forma en que le descuentan Ganancias, hasta los voceros de las grandes corporaciones, que se sienten limitadas por las regulaciones del Estado– dirá que estas medidas distributivas desordenan la economía y no tienen ningún resultado, que la pobreza no disminuye.

Estarán los que exageren resultados de un lado y del otro. Y también los que dirán que los cambios son demasiado lentos y otros que los cuestionarán porque les parecerán demasiado bruscos y confrontativos. Pero los más patéticos son los que dicen que hay que luchar contra la pobreza y al mismo tiempo niegan que haya medidas en ese sentido y se oponen a los que las impulsan.

Mediciones privadas realizadas por las corporaciones económicas difundieron que el 37 por ciento de los argentinos estaba bajo la línea de pobreza. La oposición más izquierdista difundió cifras similares a través de los medios que responden a esas grandes corporaciones. Supuestamente opuestos, ambas expresiones ideológicas formaron parte de la misma campaña para desacreditar políticas distributivas como las asignaciones, las jubilaciones, las retenciones y los subsidios.

Parte de esta discusión se generó porque el Gobierno no difundió sus propias estadísticas sobre pobreza porque cambiaron las técnicas de estas mediciones. Seguramente las cifras serían mayores que las últimas que se conocieron del Indec, tanto porque cambiaron los procedimientos de la encuesta como por tratarse de un período en el que los precios dieron un salto antes de que se apliquen los aumentos de las paritarias.

El Gobierno evitó difundir esos datos si es que los tuvo. El prestigioso Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), que trabaja con la CTA que dirige Hugo Yasky, y está encabezado por el economista Eduardo Basualdo, informó que según sus mediciones, la pobreza abarcaba al 17,8 por ciento de los argentinos, una marca bastante más alta que la última del Indec. Está señalando que todavía es mucho lo que queda por hacer. Pero al mismo tiempo muestra que esa medición bajó desde 2003, cuando marcaba que el 49,7 por ciento estaba bajo la línea de pobreza. Según Cifra, la indigencia estaba en el 22,4 en 2003 y bajó al 4,5 en 2014. La canasta que usa Cifra para medir la pobreza está en 4300 pesos por mes para una familia de cuatro personas y en 1800 para la indigencia.

Más allá de las cantidades, el cuadro que muestran es una tendencia a la disminución de la pobreza que se mantiene desde 2003 con algunos altibajos. Es un fenómeno que no se verificaba desde hace más de cuarenta años. El volumen que tiene el debate sobre la pobreza confirma esa tendencia, porque es un síntoma de ella: cuando la pobreza aumenta, no tiene repercusión en los medios del sistema porque los pobres no tienen llegada a esos medios. Cuando la pobreza disminuye, esos mismos medios son los encargados de darle volumen para desacreditar las políticas distributivas que afectan los intereses que ellos representan. No se trata de oposición versus oficialismo en ese debate. Se trata de respaldar las políticas que hacen disminuir la pobreza o de coaligarse para oponerse a ellas.