“Los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos”, dijo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y formuló una vehemente defensa de los derechos humanos y de “la lucha social y política de quienes pugnaron por la aplicación de la justicia y el derecho”. Lo hizo acompañado por su vice Elena Highton de Nolasco, en el acto de inauguración del Salón de los Derechos Humanos, nombre que a partir de ayer llevará el recinto de la planta baja del Palacio de Justicia donde se celebró a juicio a las Juntas Militares.

Lorenzetti sostuvo que “la defensa de los derechos humanos nació en las calles” y centró su referencia en las Madres, Abuelas, Hijos y los organismos y asociaciones civiles comprometidas con la defensa de los valores democráticos. El titular del máximo tribunal no dudó en calificar como “tragedia de la que nunca nos vamos a olvidar” a la dictadura cívico-militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 y reconoció que “la lucha por los derechos humanos tuvo avances y retrocesos”. También ponderó la “decisión histórica de (el ex presidente) Raúl Alfonsín de crear la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), donde comenzaron a recibirse las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos”.

En ese contexto, Lorenzetti advirtió que los juicios contra los represores “no son una moda, no cambian con los gobiernos ni con los tiempos”, y los definió como “una política de Estado, forma parte fundamental del proceso democrático y del estado de Derecho”. Y destacó “la etapa de los últimos diez años” en la fijación de una “política de Estado en la que confluyen los tres poderes” para la defensa de los derechos humanos y los juicios a los acusados por delitos de lesa humanidad. “Es importante recalcar que el Congreso y el Ejecutivo avanzaron en la impugnación en las leyes de amnistía y luego los jueces, especialmente la Corte, declaró la inconstitucionalidad de la legislación de amnistía, la imprescriptibilidad de los juicios de lesa humanidad y la inconstitucionalidad de los indultos”, resaltó.

Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema convocó a “expandir los derechos humanos” no sólo a los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, sino “también a los derechos económicos, sociales y también los ambientales”. En ese sentido expresó: “Esperamos que se expandan los derechos de los ciudadanos argentinos y se sientan protegidos aquellos que no tienen protección”.

Tras el discurso, los ministros de la Corte descubrieron la placa con el nombre del nuevo salón y cortaron las cintas del acceso a la remozada sala donde, hace 29 años, se celebró el juicio que ayer se homenajeó.

En una ceremonia, realizada en el hall central del edificio de Tribunales, la primera fila de los invitados especiales la encabezaba el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, junto a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. También estaban los ex camaristas Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, Jorge Edwin Torlasco y Ricardo Gil Lavedra quienes, junto al ausente Carlos León Arslanian y al fallecido Andrés D’Alessio (cuya viuda acompañó la ceremonia), dictaron aquella histórica sentencia. El presidente del Centro de Estudios legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el auditor general de la Nación, Leandro Despouy; el diputado Ricardo Alfonsín, los ex fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo fueron otros asistentes. Los jueces federales Ariel Lijo, Sergio Torres, Rodolfo Canicoba Corral, Julián Ercolini, Luis Rodríguez y Daniel Rafecas y la ex integrante de la Conadep y ex legisladora Graciela Fernández Meijide también estuvieron.

En 1985, los integrantes de la Cámara Federal juzgaron a las tres primeras juntas militares del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en la sala que ahora se rebautizó por una acordada de la Corte Suprema de Justicia. Los ex jefes militares Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri, Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini, Jorge Isaac Anaya, Orlando Ramón Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo, rigurosamente uniformados, ocupaban en esa ocasión los sitiales de los imputados.