El sacerdote Aldo Vara, imputado por delitos de lesa humanidad como capellán militar en Bahía Blanca durante la última dictadura, murió el martes a los 80 años en Ciudad del Este, Paraguay, donde cumplía arresto parroquial a la espera de su extradición. “Vara murió impune”, lamentó la agrupación HIJOS de Bahía Blanca, y recordó que “fue apañado por la Iglesia Católica hasta el momento de su muerte”. El ex capellán, que prestó servicios al terrorismo de Estado con jerarquía de capitán, estuvo prófugo durante ocho meses, hasta que Interpol lo encontró el 28 de abril en una parroquia de Ciudad del Este. Por su encubrimiento está imputado el arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, quien le siguió pagando mes a mes una especie de retiro pese a que era público que Vara tenía pedido de captura y el Estado ofrecía una recompensa para ubicarlo. El fiscal general Alejandro Cantaro pidió la indagatoria de Garlatti, escrito que descansa desde hace semanas en manos del juez federal subrogante Santiago Ullpiano Martínez, el mismo que no había encontrado “elementos suficientes” para imputar al capellán. Garlatti “debe declarar y defenderse y decir lo que tenga que decir”, destacó el fiscal Cantaro la semana pasada.

Medios paraguayos informaron que “poco después de las 19.30, Vara fue encontrado muerto en su habitación en la Parroquia Virgen del Rosario, del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este”, la misma donde vivió escondido de la Justicia. “Fue socorrido hasta la Clínica Santa Lucía”, aunque “llegó sin signos de vida”, agregaron. Luego de que trascendiera la noticia, el fiscal Miguel Palazzani informó por una red social que “el juez federal Alvaro Coleffi y el Ministerio Público promovemos trámites de identificación y averiguación de las causas del fallecimiento”. Hasta anoche, sin embargo, no habían recibido una notificación oficial de la muerte del acusado. Fuentes de Interpol informaron que se interrumpió el velorio para realizar la autopsia pedida por la Justicia argentina. La diócesis de Ciudad del Este, que en su momento intentó justificar el cobijo al prófugo en que no tenía “sanción canónica”, difundió ayer a la tarde un comunicado en el que sugirió que “a los fines de constatar fehacientemente las razones naturales (sic) del fallecimiento se ha solicitado al Ministerio Público la realización de la correspondiente autopsia”. Minutos después borraron la explicación sobre “las razones naturales” y para evitar suspicacias la reemplazaron por la frase “como es habitual en estos casos”.

“El cura Vara murió impune y era el único religioso que aún vivía de los que tuvieron participación junto a los represores en Bahía Blanca”, recordó HIJOS, y mencionó los casos del “ex arzobispo Jorge Mayer, que llegó a bendecir medallas de torturadores hoy condenados; su segundo, Emilio Ogñenovich, quien justificó que “los profetas de una moral sin Dios están recogiendo las consecuencias lógicas”, y Dante Vega, el capellán del Cuerpo V. Vara “fue apañado por la Iglesia Católica hasta el momento de su muerte y tuvo ayuda de su apoderado, el empresario bahiense Leopoldo Bochile, quien le cobraba un subsidio en el tiempo que estuvo prófugo”, destacó. “La mayoría de nuestros abuelos murieron sin poder ver este proceso de justicia. No queremos que haya más genocidas muertos sin juicio ni castigo, por eso reiteramos nuestro pedido a la Justicia de que realice su trabajo con celeridad atendiendo al significado y magnitud que tienen los juicios de lesa humanidad en el marco del genocidio”, agregó.

Página/12 informó hace un mes sobre el encubrimiento del arzobispado bahiense, que aseguraba desconocer el paradero del prófugo mientras le pagaba por medio de un apoderado. A partir de la denuncia de los fiscales Palazzani y José Nebbia, se inició una causa que derivó en el allanamiento de la Curia y de la casa del apoderado, y en el pedido de indagatorias de Garlatti y Bochile. “Objetivamente hemos entendido que deben ser indagados”, explicó el fiscal Cantaro. “Si alguien cobra una jubilación o un aporte por otro y se lo gira, alguien sabe dónde está el tipo”, agregó. Teniendo en cuenta los antecedentes del juez Martínez, que se negó a citar a indagatoria a Vara y al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, el fiscal aclaró que “si la resolución fuera adversa y no tuviese fundamento intentaríamos recurrir a la Cámara de Apelaciones para revertirla”.