La indagatoria al vicepresidente en ejercicio Amado Boudou es un hecho sin precedentes, que demuestra muchos datos a menudo negados. Entre otros, que en la Argentina es enorme el poder de los jueces y que el Gobierno no es omnipotente ni, mucho menos, dictatorial. Las instituciones funcionan, con un siempre opinable grado de eficiencia, pero funcionan.

El impacto político del hecho es enorme, cualquiera fuera su desarrollo ulterior.

Es valioso que se pueda investigar a cualquier ciudadano, lo que abarca a aquellos que tienen representación popular. El servicio de justicia, en cambio, suele ser deplorable, larguero.

Dos juicios se sustancian, al mismo tiempo, en el expediente y en los medios. El que se dirime en Tribunales está regido por la presunción de inocencia, aunque esto se soslaye. Todo indica que la duración será prolongada en exceso, lo que desnaturaliza cualquier desenlace. A diferencia de los vinos, las sentencias empeoran con el largo añejamiento.

Los veredictos mediáticos tienen otras cadencias. Se dictan de inmediato, son inapelables. No esperan la acumulación de las pruebas ni la palabra de las defensas. Al adversario o enemigo, ni tiempo ni justicia.

Las sentencias periodísticas convalidan alineamientos previos. En esa esfera Boudou está condenado de antemano por los medios dominantes. La “sentencia” conlleva la exigencia de licencia o renuncia si se produce el procesamiento del vicepresidente. Es curioso porque el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, tiene procesamiento firme desde hace un tiempo largo y no se le aplica el mismo baremo ni desde la Vulgata mediática ni desde otras vertientes de la oposición política. El senador radical Ernesto Sanz explicó esa diferencia, de modo pintoresco. A su ver, Macri no tiene por qué dimitir ya que su caso fue armado por el juez Norberto Oyarbide. Además de saltarse la confirmación por la Cámara Federal, el líder mendocino innova con un criterio institucional: la vara para valorar una decisión judicial es la conveniencia electoral del radicalismo. Hay jueces y jueces, espiga el mendocino, sólo algunos merecen ser reverenciados por las boinas blancas. Desde luego, la doble vara está sobredeterminada por las conveniencias electorales y el amplio arco de alianzas potenciales del Frente Amplio-Unen (FA-Unen) que incluye al ahora progresista “Mauricio”.

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La espada de Damocles: El Foro, en general, es moroso en los trámites. El fuero Federal Penal agrava esa tendencia, dato del que pueden dar fe entre otros muchos los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa. El atentado a la AMIA ocurrido en 1994 sigue sin sentencias firmes, ni siquiera para los acusados por encubrimiento.

Los precedentes y la conducta predecible de las partes, los magistrados y los funcionarios indica que faltan años para llegar a sentencia firme en el expediente que lleva el juez Ariel Lijo. Que sucederá mucho, pero mucho después de que termine el mandato de Boudou.

Los magistrados federales ya no son solo, ni preponderantemente, los de la “servilleta” de Carlos Corach. Algunos quedan, en formidable ejercicio de supervivencia. Otros son de nuevas camadas, con otras historias. De cualquier modo, hay un sustrato común que se mantiene: es el grado de poder que detentan. No son un colectivo homogéneo: los hay mejores o peores. Pero todos se rigen por un conjunto de reglas fácticas y jurídicas que los convierten en protagonistas de primer nivel.

Tienen a mano un rebusque único, del que muy pocos se privan. Es el de mantener los expedientes sin avanzar o avanzando poco o avanzando para retroceder. La espada de Damocles, en versión jurídica, digamos. Las causas abiertas, sin desenlace, permiten un juego amplio, fortifican al magistrado y precaven de reacciones. Las sentencias o decisiones importantes son susceptibles de recursos, pueden ser revocadas o descalificadas. Con esos papeles en la mano se pueden activar jurys de enjuiciamiento. El limbo de las causas abiertas es más tranquilo para los magistrados y más inquietante para los acusados o implicados.

Lijo no hizo excepción a esa regla de oro: venía durmiendo el partido. La perspectiva posible de una nulidad que le aparejara la pérdida de competencia lo motivó a acelerar el trámite.

Determinó una lejana fecha de indagatoria. Fundó largamente la convocatoria a Boudou, algo que no es habitual ni está prohibido.

Su intención es acusarlo de haberse quedado o haberse querido quedar con la empresa Ciccone. Es un ángulo novedoso, muy sofisticado y arduo para probar, que coincide como un calco con el relato de los dueños de la empresa y sus allegados. Ciccone, señalemos, es una contratista estatal de oscura trayectoria. Al comenzar este tramo de la historia estaba quebrada, esto es, privada del manejo de su patrimonio.

Lijo hizo zapping con los miembros de la familia Ciccone. Los citó como testigos, se prendó de sus relato y ahora los procesa. La inconsecuencia le es funcional para gambetear cuestionamientos procesales: el testigo declara bajo juramento, si miente comete delito. En cambio, el indagado no está obligado a declarar ni a incriminarse y está relevado de jurar. Una debilidad de la táctica del juez es que el testimonio de un cosospechoso no es la mejor prueba posible, por decirlo con un eufemismo. Quienes son acusados por un mismo delito pueden querer zafar involucrando a un tercero, su interés propio es preponderante.

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La tele y el adelanto: Boudou pidió la televisación de la audiencia, lo que desató una de las tantas polémicas súper técnicas que florecen en estas pampas y gozan de sus cinco días de fama.

La tradición y el secretismo son proverbiales en el procedimiento, Lijo se basó en ellos para denegar el planteo. Está dentro de sus facultades. Es interesante señalar que hubo jueces y fiscales que consideraron viable el pedido, argumentando que el resguardo de la indagatoria es en favor del sospechoso, que puede renunciar a él. En todo caso, no hubo desmesura sino un reclamo que también buscaba intervenir en la esfera mediática y sincerar el contenido político del pleito. La judicialización de la política es, en espejo, la táctica de los medios o de la oposición.

Más llamativa fue la corrección de la fecha de las citaciones. Lijo las había diferido para mediados de julio, una vez terminado el Mundial. Olía a maniobra para tener sobre ascuas a la opinión pública. En el oficialismo aseguran que Su señoría, además, tiene previsto ir a Brasil, un derecho innegable aunque llamativo en el contexto.

Como sea, ante el reclamo de Boudou, el magistrado anticipó la fecha de todas las indagatorias, que avanzaron hasta antes del debut de la Selección Argentina. Los patos de esa boda podrían ser los abogados de los demás citados. De sopetón, fueron privados del lapso largo que tenían para preparar sus defensas. No dijeron ni pío, en parte porque el poder del juez en esta etapa es omnímodo. Acaso también reparen en que son partiquinos en la causa, que parece centrarse solo en un protagonista.

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Tener códigos: Hay un aspecto central que precede a este asunto y lo trasciende. Es el Código Procesal Federal, vetusto y disfuncional. Hay proyectos para cambiarlo, hubo uno muy razonable confeccionado durante la presidencia de Néstor Kirchner. No avanzó y ya es hora de hacerlo.

Entre otras rarezas, el régimen permite que el juez de primera instancia elija si cumple sus funciones estrictas o si asume las de fiscal. En juicios de envergadura, ceder el control puede ser leído políticamente como una debilidad. Pero el magistrado con doble comando (fiscal y juez a la vez) distorsiona las funciones. Es medio clavado que, llegado el momento, se incline por el procesamiento que fue construyendo, de lo contrario borraría con el codo lo que escribió con la mano. En el caso que nos ocupa, Lijo relegó al fiscal Jorge Di Lello a un rol segundón, cual si fuera un lineman o, mejor, un cuarto árbitro.

La reforma está prevista, en base al procedimiento acusatorio en el que (dicho en sencillo) los jueces hacen de jueces y los fiscales de fiscales. De ese modo éstos dejarían de estar “pintados” en demasiadas ocasiones y los magistrados tendrían potestades menos exorbitantes. Es un buen proyecto, no el mundo real-existente.

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Doble standard: El multimedios Clarín es, ya se dijo, fiscal, querellante y tribunal de última instancia en la causa mediática. Embestir contra Boudou es de manual para el Grupo, zaherido pero no acabado. La batalla contra el Gobierno no tiene pausas, ni acepta neutralidades. Apartándose de una tendencia histórica, Clarín propala malas ondas contra la selección de fútbol y va por la cabeza del DT Alejandro Sabella. Si llega a esos extremos, qué no hará contra el vicepresidente.

Las posturas forman parte de la libertad de expresión, que admite tolerancia incluso ante ciertos abusos. Lo que atravesó cualquier raya fue la operación del periodista Jorge Lanata contra los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal: Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros. Detonó cuando se difundió, de modo prematuro y deliberado, que éstos debatían apartar a Lijo del expediente como consecuencia de irregularidades procesales. Lanata convocó a hacer bullying contra los hijos de los magistrados en edad escolar. Recordó sus apellidos, interpeló a sus compañeritos. Un acto de barbarie que Freiler, damnificado, comparó con los de una dictadura.

Los camaristas fueron descriptos como “jueces K” aunque semanas atrás habían declarado la inconstitucionalidad del memorándum con Irán. Una resolución discutible, muy severa y opuesta a la política oficial. La ponderación de los jueces o las Cámaras fluctúa en cada fallo. Su apelativo también: cuando se expiden contra las posiciones o políticas oficiales se los llama “La Justicia”.

La oposición política, que se rasga las vestiduras por la intangibilidad de los jueces, silbó bajito ante el llamado a linchar. Los clubes o grupos políticos republicanos, los opineitors opositores que se hacen cruces por el sistema democrático, no se interesaron en esa barbarie.

La Asociación de Magistrados tampoco se pronunció por escrito. Su presidente, Luis Cabral, masculló críticas por alguna radio y hasta allí llegó el amor. En cambio, frente a las movidas de Boudou de la semana, los Magistrados difundieron un comunicado con su marca de fábrica: altisonante, furibundo, pomposo.

El gremio de los jueces se pone intratable con el Ejecutivo, pero es manso con Clarín. Acaso sea en función de coincidencias políticas. Quizá también incidan elementos materiales: el Grupo o sus filiales patrocinan con munificencia actividades de la Asociación, hasta bancan viajes de placer de togados de renombre. Donde se come, no se cuestiona o se hace con reticencia.

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Compromisos: Lijo es, según los apologistas que ha sabido ganarse en los medios, un gran jugador de truco. Ha de ser, es su deber, un hombre atento a la coyuntura política: la causa que maneja lo obliga a conocerla. Con ese bagaje, fue una torpeza o una provocación haber fijado la indagatoria para el remoto mes de julio, justo cuando Boudou estaría en ejercicio de la presidencia.

Reculó y mañana tendrá un día resonante. Habrá que ver si el indagado le propone filmar por su cuenta la audiencia, una perspectiva considerada válida por varios juristas.

Luego deberá definir el futuro de la causa. Sobreseer a Boudou está fuera del radar, hacerlo con los Ciccone tal vez lo exponga a nulidades.

La perspectiva más factible es que decrete el procesamiento, según el cálculo compartido del Gobierno, de los baqueanos de Comodoro Py y de los periodistas que cubren el caso.

El jurista Lucas Arrimada recuerda que hay otra posibilidad, en un artículo publicado en el portal Infobae. Es dictar “falta de mérito”, o sea establecer que no hay elementos ni para absolver ni para procesar. La condición procesal quedaría en latencia, algo bastante congruente con los manejos (espada de Damocles) que se mencionan líneas arriba. Da la impresión de que el clima político no favorece ese juego intermedio: Lijo quizá perdería el favor de los medios hegemónicos sin granjearse la simpatía del oficialismo.

Como sea, son sus facultades. Sin conocer todos los elementos que acopió, es prematuro sopesar cuán fundado es su caso, que requeriría pruebas muy variadas y sólidas. Por ahora, no se conocen.

El expediente seguirá su lento trayecto. La política tiene otra velocidad y otros imperativos. Es cantado que Boudou no contará con la transigencia que arropa a Macri. El resto está por verse.

La oposición política usa el juicio como eje de sus campañas. Es válido reconocer que, en medio de la contienda, ha tenido un gesto sistémico en defensa de la gobernabilidad y sustentabilidad económica. Hablamos de la comitiva que viaja a Nueva York junto al presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez. La integran diputados del PRO, del Frente Renovador y de Compromiso Federal (peronismo federal). Martín Lousteau se diferenció del FA-Unen que integra y resolvió sumarse. Sus correligionarios optaron por un documento acompañando al Estado argentino, algo es algo.

Siempre cabe esperar responsabilidad de la “clase política”, lo que no obsta a saludarla cuando se concreta.

De los poderes fácticos no se puede esperar ni ese compromiso.

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