El discurso presidencial del lunes pasado dispuso una escenografía formal, sin auditorio que aplaudiera o vitoreara. El propósito era mostrar una escena calma. Cristina Fernández de Kirchner planteó entonces las líneas del accionar oficial frente a la pésima nueva. Anteayer, en Rosario, mantuvo el criterio y hasta lo afinó sin dejarse distraer por el contexto y el entusiasmo de los manifestantes. La Presidenta suprimió de su vocabulario la palabra “extorsión” y acudió como tópico a “negociación”. Cristina ironizó sobre su contención, frente a quienes esperaban que el entusiasmo la llevara a un desborde “malvinero”.

Detalló entonces un doble deber que tiene el Estado. Debe cumplir la sentencia del juez Thomas Griesa y también honrar los canjes de deuda concretados en 2005 y 2010. Ese objetivo es sencillo de comentar pero muy difícil de plasmar. Pongámoslo en palabras aunque parezcan una charada: si nuestro país depositara en Nueva York la cuota correspondiente a los bonistas en tiempo y forma no les estaría pagando. Al contrario, estaría provocando un embargo de los buitres que no solo resentiría la percepción de la cuota sino que podría generar el riesgo de un default que convulsionara el escenario posterior.

No le compete a Griesa, un juez parroquial y localista, asumir esa responsabilidad ante todos los acreedores por la que el gobierno argentino debe velar, aunque parezca misión imposible... o casi.

La continuidad del Estado existe, por eso no se puede desacatar una sentencia inicua. Pero en función de esa continuidad es prioritario sostener la dinámica de pagos de los dos canjes soberanos. En este punto coinciden el oficialismo y la enorme mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria, en especial aquellas que aspiran con factibilidad a llegar a la Casa Rosada el año que viene.

De esa tensión trata esta columna, que también sobrevuela la historia del desendeudamiento producido desde 2003. Su tesis, basada en la observación, es que se trató de una acción sin precedentes, en la que siempre se fue haciendo camino al andar. Con improvisación porque no había hoja de ruta previa. Con idas y venidas porque abundaron imprevistos, trabas generadas por el sistema financiero internacional, los acreedores y sus aliados locales. Con parates en momentos culminantes y con grandes presiones de Griesa en trances decisivos.

También se propone que la existencia de los holdouts es un costado arduo de la operatoria. Siempre se conoció, se quiso y pudo circunscribir sin cerrar del todo. No era fácil resolverlo o, incluso, no era resoluble al ciento por ciento.

Periodistas, opinadores y gurúes económicos que jamás llevaron adelante una negociación pasable para los intereses nacionales arguyen que desinteresar a todos los holdouts, buitres anche, estaba al alcance de la mano. Una paponia. No recuerdan los hechos, ni sus propios desempeños. No fundamentan sus juicios, no se molestan en detallar cómo, qué ni cuánto.

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Forum shopping en NY: La Corte Suprema norteamericana no se avocó a tratar el juicio de los fondos buitres (lo que era cantado) pero tampoco le concedió tiempo de descuento a la Argentina merced a una consulta al Departamento del Tesoro o a un rizo procesal, un repertorio que estaba a su alcance. Desdeñó las sugerencias no vinculantes del presidente de su país Barack Obama y de lo que, siendo ampulosos, se podría llamar “comunidad política internacional”. La presunta “independencia” es, bien mirada, alineamiento con el poder financiero. Y, en el “territorio”, con los republicanos que cuestionan al “socialista” Obama. Su Señoría no es un lirio del campo, es un protagonista con clara ideología y pertenencia.

El sesgo buitres-friendly (no ya del juez en particular sino del sistema) está concebido desde el vamos: se fijó la competencia de los tribunales de Nueva York para el caso de conflictos. “Prórroga de jurisdicción” en jerga jurídica, cesión de la soberanía hablando de política. La concesión confirma debilidad, es un correlato de relaciones de fuerzas, una cuestión de poder. Nadie puede, con franqueza, aducir que su objetivo fuera la “seguridad jurídica” o la búsqueda de un tribunal equitativo. Se pacta la jurisdicción foránea para beneficiar, de antemano, a los acreedores frente a los deudores en caso de conflicto. Eso no le resta legalidad, porque es un contrato pero connota un dato relevante: de poder hablamos y no de “jueces independientes” con despacho en Manhattan o en Washington. Son designados a través de un forum shopping escrito en los contratos.

Mezclemos los hechos y la opinión. La Argentina, un país pequeño y débil en comparación, concertó esa cláusula para endeudarse sin ton ni son antes de 2003. Y también lo hizo en 2005 y 2010, para recobrar autonomía y reputación. Desde una perspectiva “de izquierda” pueden equipararse las dos etapas. El cronista discrepa, ya que se inscribe entre quienes las diferencian, por ser la segunda celosa del interés colectivo. Ese objetivo y la creciente popularidad doméstica del Gobierno no bastaban, en aquel entonces, para imponer todas las condiciones. Ni mucho menos.

Se pulseó mucho, se consiguieron quitas y esperas sin antecedentes. Ahora son pocos los que recuerdan las resistencias que se levantaron y unos cuantos que jugaron para el adversario chiflan bajito mientras camuflan sus propios actos.

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El primer paso: Las cifras de aceptación del primer canje fueron anunciadas en el colmado Salón Blanco de la Casa de Gobierno por el presidente Néstor Kirchner y el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna. Sucedió en marzo de 2005, aunque el cronograma inicial suponía que se terminaría a fines de 2004. Pero hubo interferencias de todo tipo, escollos planteados por la SEC de Estados Unidos. A último momento, el Banco de Nueva York se bajó de la parte organizativa de la operatoria. El establishment argentino y el diario La Nación fustigaron la “mala praxis” del Gobierno. Y los popes de la city, aunados a dirigentes opositores, conjeturaban cifras irrisorias de aceptación.

Kirchner pronunció un discurso político, Lavagna se volcó a lo técnico. El presidente Raúl Alfonsín estaba entre el nutrido y granado público. “Empresarios nacionales” aplaudían a rabiar, Hugo Moyano enrojecía sus manos.

Kirchner decía en la previa que se conformaba con un 60 por ciento o dos tercios del total como mucho, pero el hombre era dado al regateo aun con los pronósticos. El Gobierno había cortado clavos hasta llegar al número final que superó el 76 por ciento. El país debía superar dos suspicacias: la de su poca confiabilidad y de la su solvencia futura.

El domingo 27 de febrero se avizoraban los guarismos, en términos gruesos. Ya entonces, el periodista Marcelo Zlotogwiazda informó en este diario que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba presionando al Gobierno por los holdouts y exigiendo aumento de las tarifas de servicios públicos. Un protagonista de la negociación le comentaba al periodista que “ellos (el FMI) consciente o inconscientemente están jugando a favor de los fondos buitre”.

Griesa ya se ocupaba del tema. En el aconsejable libro Los buitres de la deuda la periodista Mara Laudonia menciona por primera vez a Su Señoría interviniendo en la víspera de Halloween en 2003, el 31 de octubre. Ya entonces, cuando el kirchnerismo era apenas una hipótesis a corroborar, el magistrado se inmiscuía en el canje soberano.

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Reacciones, cerrojo, horizontes: Se sancionó una “ley cerrojo” cortando el paso a otros canjes. Lavagna se permitía ser irónico ante su equipo respecto de acreedores que no entraron al canje. Según una nota de este escriba, decía: “Emitimos prospectos en cinco idiomas, incluyendo el japonés, anunciando el destino de los que no entraran... Ahora, que se atengan a las consecuencias”. Un modo delicado de decir “alpiste”. Esos gestos buscaban consolidar el canje. Ganarse la confianza de los acreedores mediante el pago de las nuevas obligaciones y con el crecimiento de la economía.

En marzo de 2005 el ministro y Nielsen viajaron a Washington para reunirse con Rodrigo de Rato, presidente del FMI. Allí se negaron tajantemente a analizar la perspectiva de un nuevo canje.

La retórica y las normas apuntaban al tiempo presente. A fortalecer el poder de Argentina y la creciente legitimidad del Gobierno.

De eso no se hablaba en voz alta o extramuros... pero en un punto del horizonte fugitivo se imaginaba una reapertura sin plazo prefijado. El punto se discutía puertas adentro entre el presidente y el equipo económico. La diferencia no era absoluta, pero sí relevante. El presidente pensaba en tiempos políticos, en consolidarse internamente. Varios números lo obsesionaban, los chequeaba a diario: el crecimiento del PBI, las reservas del Banco Central, los porcentajes de aceptación ante la opinión pública. Aumentaban de modo que hubiera sido inconcebible en los años previos, nunca le alcanzaban...

¿Reapertura? El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, trazaba una propuesta, “domesticada” supuestamente para 2006 o 2007. “Nunca durante mi gobierno”, replicaba el presidente. No equivalía a “nunca jamás”. Ya para esa fecha Kirchner iba tabulando la perspectiva de Cristina 2007, fecha en que epilogaría “su” gobierno. Para después, largo plazo en muchos sentidos, habría que ver.

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Desendeudar y otras innovaciones: Según su filosofía, Kirchner pensaba que, para mantenerse sólido, debía estar “líquido”: contar con plata fresca y reservas generosas.

Su escenario deseado incluía liberarse de las intromisiones del FMI. Habría que desendeudarse, acordaron el presidente argentino y su par brasileño Lula da Silva. El relato de varios funcionarios argentinos es que Lula anticipó ese momento sin avisarle a Kirchner o haciéndolo in extremis. El presidente resolvió entonces pagar con reservas, seguramente un poco antes de lo que ambicionaba. De cualquier modo, hubo criterios concertados entre los socios estratégicos.

Ya en ese momento Kirchner pensaba que un paso ulterior a desendeudar (su verbo favorito en la coyuntura) sería “des-independizar” al Banco Central. El momentum llegaría años después.

En 2008, ya con Cristina presidenta, el Gobierno empezó a tramar el pago al Club de París. La crisis económica mundial, generada en el centro del mundo, arrasó con esa propuesta entre muchos otros proyectos.

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Latinazgos: Cuando se saldó la deuda con el FMI los fondos buitre reclamaron pari passu (igualdad de trato con el organismo o sea pago cash y completo). La moción no fue acogida por Griesa. Pero el magistrado se dejó seducir por otro latinazgo, alter ego y resolvió embargar fondos del Banco Central por considerarlo (exageramos apenitas) una suerte de testaferro del Estado nacional. Esa visión rústica, ajena a todos los criterios del Derecho Internacional, describe bien al magistrado ilustre. El poder imperial funciona así, no reconoce reglas ni se caracteriza por su apego a las leyes.

La Corte neoyorquina desautorizó el engendro de Griesa.

En esos mismos tiempos, el presidente del Banco Central, Martín Redrado, se rebeló contra el Gobierno, generó un conflicto mayúsculo que debilitó la posición argentina. Fue destituido, lo que merecía, pero causó un daño intenso.

En ese contexto se venía plasmando el segundo canje, cuya intención era convocar a más acreedores para regularizar su situación. Los años transcurridos, los pagos puntuales, el crecimiento continuo mejoraban la credibilidad argentina. El ministro de Economía Amado Boudou y el secretario de Finanzas Hernán Lorenzino aspiraban a completar un 95 por ciento de acreedores regularizados. Se consiguió algo menos, casi el 93 por ciento del que tanto se habla en estos días.

La segunda oferta se anunció en 2009, su cierre se postergó como en el anterior. Griesa y Redrado contribuyeron a empiojar la operatoria. Huelga apuntar que el Golden Boy es infinitamente más (ir)responsable. La gente de Lavagna, con la que compartió un tramo de gestión, lo describía como un Zelig que se mimetizaba con el interlocutor. Un chanta sin saber técnico, un acomodaticio. Ahora Lavagna y Redrado conviven en el ma-ssismo. La política tiene esas cuestiones, el peronismo las acentúa. Usted aducirá que Redrado no es justicialista pero ese detalle es nimio para Zelig.

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Límites: Una regla administrativa básica en los litigios contra el Estado es que los funcionarios y abogados que lo representan tienen el deber de apelar y recurrir hasta las últimas instancias en caso de sentencias desfavorables. Este criterio, de obvia motivación, puede ser dispensado por resolución escrita de autoridad superior. Llevar el pleito hasta la Corte norteamericana tenía un designio práctico, también fue una conducta pública responsable.

El Gobierno siempre trató de ganar tiempo y achicar el universo de holdouts: esa fue una táctica, pongámosle política. Pero a la vez estaba muy restringido para buscar acuerdos extrajudiciales.

Una valla es la regla RUFO, que faculta a todos los bonistas incluidos en el canje a exigir cualquier mejora otorgada a un tercero. RUFO mantenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, el Gobierno trataba de llegar a esa fecha que cerraría todo riesgo en esa amplia mayoría. Mandatarios de todo el mundo, el FMI lo acompañaban en el propósito, Griesa le metió un palo en la rueda.

Cerrar trato con los buitres sin mejorar los canjes pactados es una quimera. Pagarles todo sin seguir todas las instancias judiciales en Estados Unidos, una conducta muy vulnerable a reproches de otros acreedores.

Por último, aunque no se diga mucho, el fallo de Griesa no era el más esperable de acuerdo a la experiencia previa. Pleitos por default contra estados abundan, los que demandan a Argentina están cerca del millar. Varios de éstos tienen sentencia, ninguna es tan severa con el deudor como el de Griesa. El abogado Eugenio Bruno, especialista en negociaciones de deuda soberana, aseguró en un reportaje a la Radio Pública que es único en su tipo. La interpretación del pari passu le es exclusiva: los buitres tienen derecho a la par de los bonistas que entraron a los canjes. Pero la pretendida “igualdad” es muy despareja: los buitres cobran todo y sin esperas, mientras sus colegas reciben lo suyo parcialmente y en cuotas.

Las críticas a la sentencia, que los medios dominantes nacionales retacean, son propaladas aun por The New York Times. Economistas muy sistémicos como Mario Blejer explican que, si cundiera el criterio del juez de Manhattan, sería entre muy difícil e imposible armar reestructuraciones de deuda soberana. En el mundo real hay varias en funcionamiento y está poblada la lista de espera.

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Prepotencia y tratativas: La prepotencia imperialista de Griesa se filtra en la resolución que declara ilegal un potencial cambio del lugar de pago de los bonos canjeados. El juez no tiene competencia al respecto: “su” juicio versa sobre bonos expedidos antes. El magistrado podría decidir que esa movida, que sustrae fondos a posibles embargos es una suerte de desacato a su juzgado pero nada más. La tropelía es mirada en silencio por juristas “republicanos” tan dados a opinar. Cuestionarla sería un resquicio para que miembros del Poder Judicial argentino demostraran un cachito de interés en un problema colectivo.

La negociación que propone el Gobierno es, en verdad, un plan de pagos que contemple y prevenga estampidas de otros acreedores.

La duda es cuánto puede interesar eso a los ganadores del pleito. Especialistas en esos menesteres dicen que la certeza de las fechas de pago algo puede incidir. La mirada profana del cronista intuye que es poco aliciente.

A la larga, el Gobierno deberá cumplir con toda la deuda, como asumió la Presidenta. Su cometido es hacerlo del modo menos gravoso para el interés general. O sea, escalonando el cumplimiento todo lo que se pueda. Cualquiera puede decir que hubiera hecho una jugadita mejor, hace nueve años o la semana pasada. Lo cierto es que quienes lo antecedieron solo engordaron deuda y acrecentaron la dependencia.

El kirchnerismo ensayó un camino inédito, bajó sensiblemente la ratio deuda-PBI. Se hizo camino al andar, no había una cartografía previa. Imputar a sus desbordes oratorios la codicia de los buitres y la parcialidad de Griesa es, como ya se recorrió, una simpleza banal.

El saque de Griesa llega en un momento complicado para el oficialismo y para el país. La oposición trata de sacar su ventaja, también debería contribuir a la gobernabilidad. Los funcionarios deben coordinar templanza y destreza, para recorrer un desfiladero muy estrecho. Tener razón y derecho no vale tanto, en el mundo real.

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