Tras reunirse con el canciller Héctor Timerman, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, anunció que la Legislatura de la provincia aprobará este jueves una resolución solicitando al gobierno nacional que vuelva a recurrir a la Corte Internacional de La Haya por la pastera UPM-Botnia. Se trata de un paso previo a que el Estado avance con la denuncia contra el gobierno uruguayo por los nuevos incumplimientos del Tratado del Río Uruguay. La demanda irá contra la autorización que el Uruguay otorgó unilateralmente a la pastera para que aumente su producción, e incluirá el resultado de los monitoreos que demuestran, a criterio argentino, que la planta contamina.

“La decisión está tomada”, señaló Urribarri. “Empezamos a trabajar junto a los técnicos de la Cancillería y nuestros equipos jurídicos para avanzar cuanto antes.” Sobre la medida uruguaya que permitió a la pastera aumentar su producción a 1.365.000 toneladas anuales, indicó se trata de “hechos consumados” y advirtió: “El aumento de la producción ya está contaminando más el río”.

La resolución de la Legislatura entrerriana se aprobará sin trabas el mismo jueves cuando sean convocadas a sesión especial las dos cámaras en las que el oficialismo es mayoría. El Senado está formado íntegramente por representantes del FpV, mientras que en Diputados es la principal fuerza.

El encuentro de ayer en la Cancillería se extendió durante poco más de una hora. Urribarri llevó al intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo; a los presidentes de los bloques oficialistas de las dos cámaras del Congreso entrerriano, a un grupo de legisladores nacionales y al fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes. Participó también el presidente argentino de la Comisión Administradora del Río Uruguay, Hernán Orduna.

Fuentes de la gobernación detallaron que Urribarri le recomendó al intendente Bahillo que mantenga la comunicación abierta con los vecinos de Gualeguaychú sobre los pasos que se van dando institucionalmente. El domingo, la asamblea ambiental votó precisamente realizar esta semana una marcha a la intendencia para reclamar información sobre la instalación en la zona de equipos medidores de la contaminación del aire.

En la audiencia con el jefe comunal, los asambleístas insistirán en su reclamo de que el Estado nacional exija ante La Haya el desmantelamiento de la pastera. Una fuente de la delegación entrerriana que estuvo en la Cancillería aclaró sobre el punto que “al desmantelamiento lo deberá definir o no la Corte de La Haya; la presentación estará centrada en las violaciones del Estatuto del Río Uruguay”.

Esa norma establece que, siendo el río compartido por la Argentina y el Uruguay, cualquier decisión que lo afecte debe pasar por mecanismos de consulta y consenso entre las partes. En desconocimiento de esta regla, y violando además el fallo de La Haya que fue dictado para una producción de un millón de toneladas anuales, el gobierno del Frente Amplio aprobó unilateralmente aumentos en la producción de UPM que terminaron llevando ese tope al millón 356 mil toneladas. Por otra parte, el monitoreo conjunto de los efectos de la pastera no pudo ser sostenido. El año pasado, la Argentina denunció que el Uruguay ponía continuos obstáculos al control ambiental y dio a conocer un informe sobre las mediciones realizadas. En él, la Cancillería aseguró que la pastera está contaminando el río con fósforo y fenoles, y causando además daño ambiental por la alta temperatura de su efluente.