“Estamos acá para honrar la memoria de Darío (Santillán) y Maxi (Kosteki), que murieron en una represión ordenada por el poder político. Los responsables deberían estar presos, y los luchadores militantes como ellos, con vida”, dijo el padre de Darío Santillán al hablar en una manifestación que se llevó a cabo ayer en el Puente Pueyrredón para recordar a los dos jóvenes asesinados durante la masacre de Avellaneda.

Alberto Santillán reclamó al juez Ariel Lijo, que tiene a su cargo la causa que investiga las responsabilidades políticas en esa represión, que “avance sobre quienes dieron las órdenes”.

“Hubo una orden que bajó del poder político para que se reprimiera. El juez Lijo debe tener en este caso la misma celeridad que tuvo para activar otras causas”, aseguró. “No sólo estamos acá por nuestros dos muertos. Estamos por todos los militantes que cayeron y los que están presos por reclamar una sociedad más justa”, dijo también.

“Este es otro 26 de junio más, en el que estamos juntos personas que pensamos distinto y venimos de distintos lugares, pero reclamamos justicia. Debemos juntarnos también para otras cosas, y luchar para cambiar la sociedad”, enfatizó Alberto.

El homenaje a Santillán y Kosteki, que formaban parte del Movimiento de Trabajadores Desocupados, comenzó con una vigilia que se realizó desde el miércoles a la noche. Ayer por la mañana se concretó el acto en el Puente Pueyrredón y por la tarde se hizo una jornada cultural en la estación de Avellaneda.

El 26 de junio de 2002, varias organizaciones sociales se movilizaron al Puente Pueyrredón, pero se encontraron con una violenta represión. Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron perseguidos por efectivos policiales hasta la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca, donde los ejecutaron a tiros por la espalda.

Por esos asesinatos resultaron condenados, en 2005, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quienes efectuaron los disparos.

También se dictaron penas de cuatro años de prisión efectiva a otros tres efectivos de la Bonaerense, Félix Vega, Carlos Quevedo y Héctor de la Fuente, por el delito de encubrimiento agravado. El ex policía Gastón Sierra recibió tres años por el mismo delito, mientras que el también ex efectivo Lorenzo Colman fue condenado a dos años de prisión y el ex policía Celestino Robledo recibió una condena de diez meses al ser encontrado culpable de usurpación de títulos y honores.

Los familiares de las víctimas reclaman que se juzgue también a los responsables políticos y acusan al ex presidente Eduardo Duhalde. “Siento impotencia por la impunidad con la que se mueve, de tener que escucharlo presentarse como candidato, como garante de la democracia y la impotencia de escuchar que en su gobierno nunca hubo muertos”, sostuvo Alberto Santillán respecto del ex presidente. Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, también cuestionó a Lijo por “archivar la causa, porque dijo que no tenía pruebas suficientes y nunca llamó a declarar a ninguno”.

Además expresó su preocupación por la revisión de la sentencia que está pendiente: “Parece que todo lo que hicimos no sirviera de nada porque cualquier Tribunal de Casación puede avalar el pedido de nulidad de juicio y quedar en libertad en cualquier momento”.