La Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua a los genocidas Luciano Benjamín Menéndez, responsable del Tercer Cuerpo de Ejército, y Luis Fernando Estrella, subjefe de la base que la Fuerza Aérea manejaba en el pueblo de Chamical, por el asesinato de monseñor Enrique Angelelli y la tentativa de homicidio del sacerdote Arturo Pinto. El pedido del Ministerio Público Fiscal coincidió con el de las tres querellas, representantes de Pinto, el Obispado de La Rioja y las secretarías de Derechos Humanos de la provincia y de la Nación, que acusaron a Menéndez y a Estrella en el marco del juicio oral y público por esos delitos cometidos en agosto de 1976. El Tribunal Oral Federal riojano dará a conocer su sentencia el viernes próximo.

El Ministerio Público, representado en este debate oral y público por Horacio Salman –denunciado por el CELS en la causa que investiga al actual jefe del Ejército César Milani–, Darío Illanes y Fernando Gimena, solicitaron para los acusados “la pena de prisión e inhabilitación perpetua y que ambos cumplan la prisión de forma efectiva y en cárcel común, y que se revoque de inmediato su prisión domiciliaria de la cual gozan actualmente”. Para la Fiscalía, Menéndez fue el “autor por mando” del asesinato de Angelelli y de la tentativa de homicidio de Pinto: “El dio la orden” y organizó un plan de impunidad, sostuvieron los fiscales. A Estrella lo señalaron como “autor mediato” e integrante de la organización que asesinó a Angelelli “embistiéndolo en momentos en que se transportaba en su automóvil” desde Chamical a la ciudad de La Rioja. En ese “accidente intencional”, Pinto resultó gravemente herido, pero sobrevivió. Renunció a su cargo eclesiástico y, 37 años después, se convirtió en querellante del juicio por aquellos hechos.

En sus alegatos, la Fiscalía reconstruyó aquel “accidente intencional” en el que fue asesinado Angelelli la tarde del 4 de agosto de 1976 en la zona de Punta de los Llanos, sobre la Ruta Nacional 38. El entonces obispo de La Rioja viajaba junto al sacerdote Pinto a bordo de su camioneta. Volvían de Chamical, adonde habían asistido a una misa de homenaje a los curas de esa ciudad Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias y el catequista Wenceslao Pedernera, asesinados días atrás. El vehículo fue cruzado por otro automóvil y volcó. Angelelli sobrevivió al vuelco y su cuerpo quedó tendido en el pavimento, donde un rato después murió. Algunas versiones, respaldadas por pericias forenses, sostienen que fue rematado a golpes en la cabeza. Una primera investigación, realizada en la última dictadura por un juez que tomó cargo días antes del accidente y semanas después fue suspendido para nunca más volver a desempeñarse en la Justicia, calificó el hecho de accidente. La causa fue reabierta en 1984 en la Justicia provincial y 37 años después llegó a instancia de juicio oral y público.

Los fiscales, además, mencionaron el contexto en que sucedieron los hechos. “Angelelli murió en un atentado provocado intencionalmente por parte del terrorismo de Estado que gobernaba el país en ese entonces” que ideó “ese tan temido Plan Sistemático de Exterminio” del que el obispo “fue uno de los blancos”, apuntó Illanes. “Lo cierto, concreto y probado es que hubo una decisión de los altos mandos de que había que matarlo y no era lo mismo matar a un obispo que a un ciudadano común”, aseveraron los fiscales en su consideración final en la que también evaluaron que “había que disfrazarlo, disimularlo, y qué mejor opción que este accidente”.

Para la Fiscalía, la Junta Militar sabía del “plan urdido para matar a Angelelli y garantizar la impunidad” de los responsables de ese hecho y la Iglesia fue cómplice: “Entre los años ’76 y ’83, las Fuerzas Armadas tenían el control total del país y fueron quienes pergeñaron ese plan para eliminar a aquellos a quienes consideraban subversivos y ese terrorismo de Estado actuó bajo el amparo de algunos miembros jerárquicos de la Iglesia” Católica, aseveró Illanes. En ese marco, la Fiscalía mencionó en su alegato las cartas escritas por el obispo a autoridades locales y del Vaticano respecto de la persecución que vivía la diócesis de La Rioja que fueron aportados a la causa en el marco del debate oral y en las que se basaron al momento de alegar para argumentar sobre la culpabilidad de Menéndez y Estrella.

“La doctrina de la seguridad nacional tenía uno de sus pivotes en lo religioso: primero se celebraba misa y luego se torturaba”, sostuvo Illanes. El fiscal calificó a Menéndez y Estrella de “fundamentalistas”. Del primero recordó que “decía defender a la Iglesia del marxismo”. Sobre el segundo mencionó que en 1975 tomó el aeropuerto de la Fuerza Aérea en la localidad bonaerense de Morón y en 1988 tomó el aeroparque metropolitano Jorge Newbery con un brazalete que decía “voy a seguir matando por la religión”. También detalló que durante los años de la dictadura, la base aérea que dirigía Estrella “era un centro clandestino de detención y formaba parte de esa cadena que se dedicaba a reprimir en la provincia de La Rioja”. Las condenas solicitadas por la Fiscalía coincidieron con las de las tres querellas que intervinieron en el juicio. El viernes próximo, los acusados tendrán la posibilidad de hablar por última vez antes de la sentencia, que se escuchará ese mismo día.